El mandatario recapituló el tema de los bienes que los veracruzanos han recuperado por medio de la PGR, pero dijo que deben ser subastados para que sean útiles.

“En su momento se subastarán, en subasta pública, vigilada, con participación de todos los órganos de vigilancia ciudadana: Transparencia Mexicana… todos, absolutamente, de tal manera que los recursos puedan servir para obras de beneficio colectivo”.

Entre los bienes confiscados señaló el rancho El Faunito, en Fortín de las Flores; Las Mesas, en Valle de Bravo; dos aeronaves, obras de arte, y también fueron recuperadas otras propiedades en el Estado de México.

También lograron recuperar predios en el sur de Veracruz, que son parte del proyecto Parque Industrial Puerto México, entregado a Antonio Macías Yazegey, suegro de Javier Duarte, en la época de Fidel Herrera, y que sin tener figura jurídica alguna comercializó en fracciones

Entre sus clientes están el Poder Judicial y la Secretaría de Marina, así como empresas y desarrolladoras de vivienda. Suman 120 hectáreas adjudicadas en el mandato de Herrera a Macías, cuando Duarte era secretario de Finanzas.

El proyecto era crear el Parque Industrial, pero con una maniobra para no pagarle a los dueños originales del predio, que fueron despojados por Macías quien de apoderado pasó a ser dueño.

DENUNCIAS

La Fiscalía General de Veracruz, ya sin Luis Ángel Bravo Contreras, descongelarálas investigaciones sobre denuncias interpuestas por Yunes que involucran a empresarios de Veracruz-Boca del Río.

En abril pasado, el entonces candidato denunció la red de corrupción de Duarte y colaboradores, bajo la investigación 1135/2016, que fue archivada. Ahora, con la llegada de Jorge Winckler como fiscal visitador, será reabierta.

Las maniobras financieras incluyen simulaciones y transacciones con recursos públicos que involucran, entre otros, a Luis Barquín, Lorenzo Acierno Milchorena, Anselmo Estandía Colom, Antonio Sierra, Roberto Pérez, Alfonso Díaz de Vega, José Ruiz Carmona y Leopoldo Muñiz Descalzo.

TIENEN 90 DÍAS DE PLAZO

• La PGR tiene un plazo de 90 días, luego de la confiscación de propiedades y dinero al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, para reasignarlos a obras públicas o de asistencia en el país o en el estado, debido a los delitos de los que es acusado.
• El exmandatario cuenta con tres meses para reclamar sus bienes o, de lo contrario, la PGR los puede utilizar en diferentes rubros.
• Un ejemplo de ello es el decomiso que de más de 205 millones de dólares efectuó la PGR en 2007 al empresario Zhenli Ye Gon. Al no ser reclamado, el dinero fue asignado al combate contra el narcotráfico, a programas de prevención de adicciones y a áreas de inteligencia federal.
• El gobierno de Veracruz puede solicitar a las autoridades federales la reintegración del dinero para utilizarlo en rubros económicos o de infraestructura.
• Sin embargo, la distribución del dinero y propiedades confiscadas a Duarte y a las personas que son investigadas dependerá de la PGR y de la Secretaría de Hacienda.
• En el caso de los 250 millones de pesos que esta semana regresó la PGR al gobierno de Veracruz, la dependencia explicó que fue parte de un acuerdo reparador entre los empresarios que se vieron beneficiados por Duarte y el Ministerio Público.

SE ACELERÓ LA REPARACIÓN

La devolución al gobierno de Veracruz de los bienes incautados al exgobernador Javier Duarte —y a una red de empresarios, funcionarios, exfuncionarios y diputados— logró ser más rápida gracias a las nuevas herramientas legales del Sistema Acusatorio que recién fueron puestos en marcha en todo el país.

Según lo señalado por autoridades de la PGR, la imputabilidad autónoma de personas jurídicas y la posibilidad de generar acuerdos reparatorios en la resolución de conflictos, ha logrado una vía más rápida de resarcimiento.

En las denuncias por saqueo del erario de Veracruz, el Ministerio Público realizó un acuerdo reparatorio, en conjunto con la Secretaría de Hacienda, con dos personas morales que recibieron de los imputados recursos financieros en dos vías, una para adquirir parte de su capital y otra como fuente de financiamiento.

Así, la autoridad no sólo logra esclarecer los hechos, sino una vía rápida de justicia en la que el culpable no queda impune, se reparan los daños y se protege al inocente. En el caso del robo al erario, considerado dentro de la ley como delito patrimonial cometido sin violencia, da la posibilidad de llegar a acuerdos reparatorios sin un largo juicio.

Con información de: Excélsior