Oaxaca de Juárez, 9 de abril. Como si no fuera suficiente evidencia de que la política requiere de sensibilidad social, Andrés Manuel López Obrador ha establecido una estrategia para oaxaqueñizar y guerrerizar la República:
1.- Hizo candidato a diputado por Morena a Azael Santiago Chepi, líder de la Sección 22 de maestros en el periodo 2008-2010, los años en que los niños oaxaqueños perdieron más clases por paros magisteriales sin base legal.
2.- En Guerrero, López Obrador se comprometió a entregarle a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, la CETEG, el manejo de la Secretaría de Educación Pública del Estado. En los hechos, el gobernador Heladio Ramírez López le entregó en 1992 el manejo del Instituto Estatal de Educación (la SEP local) a la Sección 22, lo que ha originado que los maestros tengan el control de la política educativa. Los maestros disidentes quieren abrogar la reforma educativa e imponer la educación ideológica.
3.- Asimismo, AMLO apoyó a los maestros oaxaqueños en su lucha por aprobar el Programa de Transformación Educativa del Estado de Oaxaca (PTEO), que ya fue rechazado por especialistas por ser más ideológico que educativo.
4.- Y en el mismo escenario, López Obrador ofreció entregarle la fiscalía del estado de Guerrero (anterior procuraduría estatal) y la Secretaría estatal de Seguridad Pública a los familiares de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, sin que ninguno de ellos haya mostrado alguna formación profesional jurídica y sí todos ellos hayan exigido un gobierno comunal, además de haber acusado sin pruebas a militares, policías y funcionarios del gobierno federal priista de la desaparición de sus hijos que fue ordenada por el alcalde perredista de Iguala para defender a su esposa como precandidata perredista a la alcaldía y cumplida por el jefe de la policía municipal perredista, todos ellos ya con nexos probados con el grupo criminal Guerreros Unidos.
Además de una acción electoral desesperada ante la poca tendencia de votos hacia su nuevo partido, la estrategia de López Obrador se localiza en la propuesta de construir en México un gobierno populista, operado por organizaciones sociales radicales y excluyentes, con funcionamiento comunal y de participación social a mano alzada.
Lo que ha inquietado a otras organizaciones sociales es la forma de López Obrador de ofrecer la entrega del gobierno a organizaciones sociales que se han negado sistemáticamente a funcionar con base en reglas e instituciones. La 22 de Oaxaca, por ejemplo, no quiere discutir su PTEO sino que moviliza a sus huestes en paros ilegales de actividades magisteriales que han dejado por decenios a niños oaxaqueños sin clases para aprobar sus propuestas.
Y los padres de los 43 normalistas secuestrados por funcionarios del PRD han sido igualmente intolerantes al exigirle al gobierno federal priista razones de autoritarismo que aplicaron funcionarios de gobiernos municipales perredistas. Y los padres de los 43 han llegado al grado de exigir la no celebración de elecciones legislativas hasta que sus hijos -declarados ya muertos por la PGR- aparezcan vivos.
En este contexto, López Obrador se está convirtiendo en el abanderado institucional de sectores no institucionales que buscan la democracia popular, plebiscitaria, a mano alzada y comunal, con dominio de las masas activistas minoritarias por encima de los intereses de la sociedad mayoritaria. Así, podría resultar que la vía democrática sea el camino para encumbrar a sectores con objetivos específicos de destrucción de la democracia representativa.
La estrategia de López Obrador para oaxaqueñizar y guerrerizar la república se está convirtiendo en una amenaza y en un peligro para el funcionamiento de la democracia representativa y electoral.
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