Oaxaca de Juárez, 28 de agosto. La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, alertó por un intento de debilitamiento del Poder Judicial de la Federación (PJF) a través de un recorte presupuestal y señaló que ello atentaría contra el Estado de Derecho y el sistema de pesos y contrapesos.
Durante la sesión solemne de este lunes, informó que hoy se presentó el proyecto de Presupuesto 2024 para el Consejo de la Judicatura Federal, la Suprema Corte y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
El documento fue enviado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que lo integre a la propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación que será enviada a la Cámara de Diputados en los próximos días.
La propuesta de gasto del PJF tiene justificación “legal, razonable, racional y honesta para cada rubro de los recursos públicos a ser asignados. El ejercicio de estos recursos de los mexicanos será, siempre, atendiendo a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez”.
Señaló que el Poder Judicial debe tener estabilidad financiera para realizar sus labores, por lo que “el debilitamiento de las atribuciones esenciales de uno de los tres poderes del Estado ante una insuficiencia presupuestal, no implica una política de austeridad, sino nos lleva al rompimiento del Estado de Derecho”.
Ante los señalamientos de posibles recortes a su presupuesto, Norma Piña dijo que “el Poder Legislativo que debe asignar los recursos suficientes, respetando así, en el ejercicio de sus atribuciones, las garantías constitucionales que rigen la protección de nuestros derechos”.
De acuerdo con la presidenta de la Corte, “la consecuencia directa de asfixiar a través de un recorte presupuestal al Poder Judicial Federal es colocar, inmediatamente, a los más vulnerables en una condición de aún mayor desventaja para acceder a sus derechos”.
Indicó que el próximo año se necesitarán recursos suficientes para que el Tribunal Electoral pueda cumplir con sus funciones en el marco de la elección más grande en la historia del país, con más de 20 mil cargos públicos a elegirse.
A su vez, se espera que la Judicatura atienda más de 1.3 millones de casos nuevos. Otro de los retos será la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, así como la creación de 45 órganos jurisdiccionales para la implementación del nuevo modelo de justicia laboral.
Señaló que también pretenden reforzar las medidas de seguridad de los jueces, magistrados y ministros, porque “impartir justicia nunca puede traducirse en una afectación a nuestra integridad personal ni a la de quienes nos rodean”.
Además, “la independencia judicial exige establecer las medidas y las salvaguardas necesarias para que no existan restricciones, influencias indebidas, presiones, amenazas o interferencias de ningún tipo en la actividad jurisdiccional”.
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