San Raymundo Jalpan, Oax. 1 de octubre. En Sesión Ordinaria, la LXVI Legislatura Constitucional aprobó con 30 votos el Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley para el Bienestar y Atención de los Derechos de las Personas Migrantes y sus Familias para el Estado de Oaxaca, con la cual, se robustece el marco jurídico que articule la garantía de derechos con acciones tangibles orientadas a la inclusión, el bienestar y la dignidad de quienes migran.
La Iniciativa de Reforma fue impulsada por los diputados Zeferino García Jerónimo y Benjamín Viveros Montalvo de Morena, quienes plantearon que la protección de las y los migrantes, ya sea en tránsito o retorno debe ser un deber ético y una expresión concreta de los principios de justicia social que sustentan un gobierno con enfoque humanista.
También argumentaron que las recientes transformaciones en la estructura del Gobierno estatal, como la desaparición de instituciones clave y la creación de nuevas direcciones, hacen imprescindible ajustar la ley vigente en cuanto a estrategias y competencias que estas instituciones deben asumir.
Por lo que, siendo Oaxaca, una de las entidades con mayor movilidad migratoria del país y ante el incremento de las deportaciones masivas en Estados Unidos derivado a políticas migratorias restrictivas que han generado un flujo considerable de migrantes retornados, la legislación incluye promover programas efectivos para la reintegración económica de quienes sean deportados o retornados.
Asimismo, garantizar la protección de los derechos humanos de migrantes en tránsito mediante estructuras legales que condenen arbitrariedades y aseguren condiciones dignas, así como el dotar a las instituciones de herramientas claras y recursos suficientes para cumplir con su misión en un contexto complejo y cambiante.
En este sentido, categórico el diputado Zeferino García Jerónimo, quien preside la Comisión Permanente de Migración y Asuntos Internacionales, dijo que al actualizar su marco normativo con visión, responsabilidad y compromiso social a una realidad que exige acción, Oaxaca da un paso firme y necesario en medio de una crisis internacional que ha puesto a prueba los valores de justicia y humanidad.
Comentó que muchas y muchos oaxaqueños al regresar a la tierra que los vio nacer tras décadas fuera del país lo hacen sin patrimonio, sin redes, sin documentos, pero con la convicción de reconstruir sus vidas y participar activamente en el desarrollo de sus comunidades porque es su derecho.
A su vez, el legislador Javier Casique Zárate del Partido Revolucionario Institucional (PRI), integrante del órgano legislativo antes citado, destacó la importancia de contar con un marco legal que funcione y señale el camino en beneficio de quienes requieren el respaldo, como es la atención de las personas migrantes, no solo por razones de justicia social, sino porque encarnan historias de esfuerzo, dolor y esperanza.
“Nuestra obligación es clara, brindarles respeto, protección y apoyo con la dignidad que todo ser humano merece”, subrayó.
Cabe destacar que la Ley es de orden público, interés social y observancia general en el Estado y tiene como objeto reconocer, garantizar, promover y respetar los derechos de las y los migrantes y sus familias, establecidos en la Constitución Mexicana, los tratados internacionales en la materia de los que México es parte, la legislación federal y Constitución local.
Además de estar fundamentada con los principios rectores de universalidad, interdependencia, interculturalidad, inclusión, indivisibilidad, irrenunciabilidad y progresividad.
Su aplicación corresponde al Ejecutivo del Estado, a través de la Subsecretaría de Migración y Población adscrita a la Secretaría de Gobierno (Sego) del Gobierno del Estado, así como a los Ayuntamientos, de acuerdo con el ámbito de sus respectivas competencias.
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