Oaxaca de Juárez, 23 de abril
EXCÉLSIOR RAZONES JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZLa mejor demostración de cómo están funcionando y qué tanto están interesadas las campañas políticas en las propuestas y el futuro del país, es lo que está pasando en Sonora. Ahí se disputan la gubernatura dos buenos candidatos: la priista Claudia Pavlovich y el panista Javier Gándara, los dos con presencia, historia y representatividad en el estado. Sus campañas podrían ser un buen compendio de propuestas y de lucha de ideas, confrontación de personalidades y de acciones de gobierno para que la gente elija con certidumbre. Podrían ser también el reflejo de las necesidades de la gente, herida aún por el incendio de la guardería ABC, por el derrame en el río Sonora, por los desaciertos gubernamentales de los últimos 12 años y, ahora, por una crisis hidrológica y ecológica que pueden dañar, irreversiblemente, la salud y la economía de muchos.
Pero esos temas no están en la campaña. Mientras la gente se moviliza por sus demandas y reivindicaciones, los candidatos del PRI y el PAN están enfrascados en demostrar cuál de los dos es más corrupto por utilizar en la campaña aviones de amigos, constructores o de la propia esposa. Puede o no haber irregularidades en todos esos casos y deben procesarse por las vías correspondientes, pero es una locura hacer de la utilización de aviones, que los dos candidatos utilizan por las enormes distancias que hay que recorrer para hacer campaña en ese estado, el eje de una lucha que sólo desprestigiará a los dos contendientes.
Hay que reconocer que eso se ha trasladado del ámbito nacional al local. Pero también se debe recordar que fue el equipo de Gustavo Madero el que inició esta campaña con aquello de los relojes de César Camacho en un spot, lo que tuvo una respuesta del PRI con el anuncio de la presa de Guillermo Padrés (actual gobernador de Sonora) y, desde allí, se ha ido cayendo, cada día más bajo, en el tono y el destino de los mensajes que han sido retirados por el INE, pero que siguen viviendo en redes sociales.
Es responsabilidad, tanto del PRI como del PAN, haberse embarcado en esta guerra sucia de mutuas descalificaciones, pero es el blanquiazul no sólo el que inició ese camino sino el que paga mayores costos. En las encuestas del último mes, desde que comenzó esta campaña sucia, el PAN ha perdido cinco puntos, en promedio, y lo hace en el momento en el que mejor estaba, precisamente, porque se había logrado aislar de los escándalos, del amarillismo político y del golpeteo cotidiano de los medios.
Eso le daba al PAN un espacio que el PRI y el PRD habían perdido desde los hechos de Iguala, y todo lo que vino después. En términos políticos se podía mostrar como el partido que había llegado a acuerdos, que había contribuido a sacar todas las reformas estructurales y que, incluso, sólo se había opuesto a la más impopular, la fiscal. Ésa es la base obvia de su campaña electoral: mantener ese ambiente y esa percepción en torno suyo, colocándose por encima de las borrascas políticas.
Pero Madero (e insisto en Madero porque la mayoría de los otros grupos del panismo, incluyendo a sus aliados, no están de acuerdo con esa campaña y su contenido) decidió recorrer una vía que lo emparenta con los otros, en lugar de diferenciarlo, lo mete en el estercolero y le hace perder votos.
Ya lo sabían, no es nuevo: en el tramo final de la campaña de Josefina Vázquez Mota, con Gustavo Madero también de presidente del partido, se decidió realizar una campaña similar que le dio muchísimos votos… a LópezObrador.
A diferencia de hace tres años, el PRI respondió, estaba casi obligado, con las mismas armas. No gana un solo voto el PRI con ello, pero pierde menos que el PAN, aunque ambos alimentan el sentimiento antipartidos y la idea de que todos son corruptos (el “que se vayan todos” de Argentina, que llevó al gobierno a los Kirchner).
Y que nadie diga que así es la política o que las campañas negativas son parte de los procesos electorales. Negativa o positiva, propositiva o negra, las campañas tienen que ser inteligentes. Y en campaña no hay nada menos inteligente que lanzar spots que quitan votos propios y se los dan al adversario. Y eso es lo que le ha pasado al PAN con su campaña de spots. Y ahí está Sonora para confirmarlo: los casi 15 puntos que le llevaba Gándara aPavlovich hace un mes se han desvanecido, mientras la gente decide quién es más corrupto o cuál violó más la ley con sus respectivos aviones.
LA JORNADA ASTILLERO JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZvarios años. No se trata de
una situación transitoria, sino algo de características permanentesque lleva al gobierno federal a
reaccionar con responsabilidad, como debe hacerse
ante un choque permanente de ingresos: reduciendo los gastos.
Las oscuras advertencias del titular de Hacienda y Crédito Público fortalecen las versiones de que la economía mexicana está prendida de alfileres, en espera de que pasen las elecciones de junio próximo para mostrar sin cosméticos su perfil desastroso. Aun así, a sabiendas de que adelantar los rasgos de esa crisis resulta dañino para la administración federal a la que pertenece y al partido de tres colores en sus pretensiones de ganar el voto popular
, el funcionario no se contuvo declarativamente al inaugurar The Real State Show 2015 (una convención de desarrolladores inmobiliarios realizada en el Distrito Federal) y ahí habló en términos trágicos de la caída del precio internacional del petróleo, de la inminente depreciación del peso frente al dólar (es decir, su devaluación) a causa del venidero aumento a las tasas de interés bancario en Estados Unidos y el bajo crecimiento económico global.
Según Luis Videgaray Caso, tales circunstancias llevarán a un doble ajuste de cinturones. Uno corresponderá al propio gobierno federal, que gastará menos, y otro a los mexicanos en general. Vistas que han sido con amplitud las verdaderas políticas económicas de la actual administración pública, es de suponerse que las verdaderas restricciones corresponderán a las grandes mayorías nacionales, a las que se privará a partir del año venidero de subsidios y apoyos a actividades que la responsabilidad
peñista no desea más. Por ejemplo, en el rubro de las políticas sociales se reducirán al máximo los egresos destinados a paliar la pobreza y la desigualdad social que durante décadas se han mantenido aunque sea con una practicidad ínfima, efímera y controladora.
Los integrantes de la próxima legislatura federal revisarán el ejercicio presupuestal a partir de unabase cero
, es decir, sin respetar parámetros y criterios históricos, todo sujeto a la nueva ley de la selva que será observada y manejada desde lo alto por las élites que, por su parte, seguirán disfrutando de exenciones fiscales descomunales, incentivos para la inversión, devolución de pagos de impuestos, manga ancha para la explotación laboral y otros privilegios compartidos con la clase política a partir de contratos, concesiones, porcentajes, comisiones e incluso regalos inmobiliarios directos.
Un ejemplo de ese rigor ya está presente en la Escuela Normal Rural Carmen Serdán para mujeres, establecida en Teteles, Puebla. A pesar de los anuncios de oportunidad que en su momento hizo el gobierno peñista respecto de dar apoyo total
a esas normales, en el contexto de lo sucedido a los jóvenes de Ayotzinapa, ahora se ha notificado a ese plantel que se planea un recorte general de 40 por ciento en su presupuesto. Tampoco le ha llegado el recurso extraordinario de 10 millones de pesos a cada una de esas normales, conforme se había pregonado.
Maestros y alumnas de esa normal rural poblana aseguran que se están poniendo múltiples trabas en materia de acreditación de avances académicos y en los procesos de admisión de nuevos estudiantes “con un presupuesto de cero pesos a la investigación, cero pesos a la profesionalización docente y cero pesos a actividades de fortalecimiento académico (…) y, contrario al discurso oficial, se está orquestando toda una campaña de aniquilación contra esas normales”. Y con exámenes para nuevo ingreso que parecieran elaborados para desalentar a las aspirantes y constreñir la matrícula. Además de la opacidad y manipulación de resultados que son usuales en este tipo de concursos públicos (en Tuxtla Gutiérrez, ayer, hubo destrozos en las oficinas de la SEP justamente en rechazo a esos concursos amañados y a otros puntos de la reforma administrativa peñista en educación).
En Mataulipas, la entidad de balaceras permanentes que desde la clandestinidad hace como que gobierna Egidio Torre, aún no pasa el estremecimiento que en su extremo norte aconteció a la hora de detener al jefe de la plaza en Reynosa (José Tiburcio Hernández Fuentes, alias El Gafe, a quien intentaron rescatar de las oficinas de la PGR en esa ciudad), pero ya hubo otros enfrentamientos en la vía pública, incendio de vehículos y más temor ciudadano a la hora en que fue aprehendido el correspondiente gerente local del narcotráfico en Tampico y Altamira, José Silvestre Haro, alias El Chive o el R-1.
El apresamiento de esos capos suele tener como primera consecuencia (y a veces la única realmente trascendente) el inmediato remozamiento de sus biografías, para dejarlos convertidos en peligrosos jefes máximos y definitorios, operadores y cerebros cuya captura implicaría notable disminución del negocio criminal, de ser ciertos los exaltados relatos oficiales respecto de la significancia de los aprehendidos. Por desgracia, el desfile judicial y mediático de nombres, apellidos y alias no frena ni disminuye la actividad criminal, pues ésta forma parte de un sistema en el que concurren fuertes intereses gubernamentales, empresariales y de los bandos confesamente delictivos.
Y, mientras el lic. Peña celebra en declaraciones el legislativamente recién aprobado sistema anticorrupción que comenzará a funcionar contra políticos ladrones, transas y comisiones porcentuales, cesión o financiamiento de casas, enriquecimientos ilícitos y otras corruptelas clásicas, dentro de unos dos años y medio o tres, es decir, ya en el sexenio próximo, al son de hágase la honestidad en los bueyes de mi compadre sucesor
, ¡hasta mañana!
Twitter: @julioastillero
LA RAZÓN PULSO POLÍTICOS FRANCISCO CÁRDENAS CRUZDe muy limitado e insuficiente calificaron los senadores del PAN y PRD el Sistema Nacional Anticorrupción, que ayer en la madrugada fue aprobado con los votos del PRI y el PVEM y en el que se mantienen la inmunidad del Ejecutivo federal y el fuero constitucional a funcionarios públicos, gobernadores y legisladores, contra los que seguirá siendo difícil proceder, salvo que fueran despojados de ese manto protector, lo que ha sido, es y será difícil por el raras veces visto engorroso proceso para llegar al desafuero.
Como quedó y recibió luz verde en la maratónica sesión senatorial, de poco servirá para hacer frente a la corrupción y la impunidad que han imperado en los gobiernos federal, estatal y municipales, en los que negocios y enriquecimiento ilícito van de la mano, igual que ese par de flagelos que tanto daño y costo representa para el país.
DE ESTO Y DE AQUELLO…
La polémica Ley de Ahorro y Crédito Público, que permitirá cubrir los ahorros de ciudadanos que invirtieron en Ficrea y que la oposición coincidió en señalar que es “otro rescate bancario como el Fobaproa zedillista”, fue aprobado por abrumadora mayoría en la Cámara de Diputados.
Con recursos públicos el gobierno federal tendrá que cubrir los mil 700 millones de pesos a los ahorradores defraudados por esa financiera, que fue lo que motivó severas críticas de diputados del PAN, Movimiento Ciudadano, Morena y algunos del PRD.
Concesionarios de radio y televisión denunciaron públicamente que las autoridades electorales “atentan contra los principios de legalidad, certeza y libertad de expresión”, al grado de que comunicadores, deportistas, actores y actrices que son candidatos a cargos de elección han sido sancionados y que en el caso de éstos han renunciado a aparecer en spots.
Por ello la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión instó al INE a ofrecer certeza a comunicadores y concesionarios, en beneficio de audiencias, candidatos y del propio proceso electoral.
Julián olivas Ugalde, quien durante dos años estuvo encargado de la Secretaría de la Función Pública, reveló que en 2014 esa dependencia sancionó a 13 mil 823 funcionarios públicos, 46.41 por ciento más que en 2013, cuando a nueve mil 441 de ellos se les impusieron distintas penas.
El ex funcionario fue citado a comparecer en comisiones de la Cámara de Senadores, luego de ser propuesto por el Presidente de la República como magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en la que algunos de aquellos, más para demostrar que son “oposición”, cuestionaron su gestión al frente de la SFP.
Rotundo rechazo de Luisa María Calderón, candidata del PAN al gobierno de Michoacán, de que haya tenido vínculo alguno o pactado con Servando Gómez, La Tuta, como éste lo comentó.
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