Oaxaca de Juárez, 2 de octubre. Primero fue Sinaloa, luego Oaxaca y ahora Baja California, tres estados gobernados por Morena donde en menos de seis años, el crimen organizado penetró las estructuras de poder estatal y municipal a tal profundidad, que los gobiernos dejaron de ser parte del problema, convirtiéndose en el problema mismo. La última ficha de este dominó cayó el martes, cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 21 individuos y 25 entidades que, desde el corazón del gobierno de Marina del Pilar Ávila, permitieron la ampliación del Cártel de Sinaloa, que corrompió funcionarios y lavó dinero, a través de su franquicia criminal Los Rusos.
“En el centro de esta narcocorrupción está el exesposo de la gobernadora de Baja California, Carlos Alberto Torres, y su hermano Luis Alfonso Torres”, afirmó en un comunicado el Departamento del Tesoro. “Carlos Torres es un operador político del cártel que tiene una alianza con El Ruso. Usó su influencia política para facilitar las actividades del cártel y proteger al Cártel de Sinaloa de intervención gubernamental o judicial en Baja California”. Aunque no se precisan los años específicos de esa participación criminal, por la naturaleza de lo que hizo operó durante al menos tres años del gobierno de la mandataria estatal.
La acusación contra Torres es extensiva, aunque de manera informal y aún no judicializada contra la gobernadora, que estuvo casada con él hasta noviembre del año pasado, una separación arreglada, porque no dejaron de mantener su relación. El Departamento de Estado les canceló sus visas en mayo de 2025, pero el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum los respaldó. El Semanario Zeta de Tijuana reveló en su momento que los hermanos Torres eran investigados por evasión fiscal, huachicol, lavado de dinero y delincuencia organizada, pero aún así el gobierno protegió a Torres, exigiéndole que guardara muy bajo perfil. La inacción en México no frenó las investigaciones en Estados Unidos.
Las sanciones impuestas por el Departamento de Estado alcanzaron también a la empresa Vida Orgánica Tijuana, como uno de los conductos mediante el cual el Cártel de Sinaloa lavaba dinero en Baja California. La empresa fue fundada en 2020 por la gobernadora, su exesposo, su excuñado, y los hermanos Juan Manuel y Luis Jaime Lameiro Camacho, que también son propietarios del Copeo Sports Bar, un sitio popular de vida nocturna en Mexicali.
Cuando estalló el escándalo de las visas comenzó el proceso de eliminar los cabos sueltos. Uno de ellos fue separarse de la empresa, cuyo documento se inscribió en septiembre del año pasado. Ávila dijo que su separación se había dado desde 2023, pero la notaría tardó en realizar el trámite. Aun así, de acuerdo con la investigación estadounidense, era socia de la empresa cuando ya estaba involucrada en el lavado de dinero.
No son las únicas personas cercanas a la gobernadora que resultaron involucradas en las acciones del Departamento del Tesoro. Rafael Buenrostro Martín, uno de los acusados por acciones criminales, fue señalado de ser cercano a Carlos Torres y amigo estrecho de José Ángel Rivera Zazueta, también sancionado, que era el jefe del Cártel de Sinaloa en Baja California, que lo sobornaba a cambio de que le hiciera favores políticos –que no se detallan– y utilizara su influencia para beneficiar a la organización criminal. Aunque los estadounidenses lo vinculan con Torres, se ha documentado públicamente que su relación con Marina del Pilar Ávila era personal y más directa. Trabajó con ella cuando era diputada federal, lo impulsó a una diputación en 2024 (fue suplente), y trabajaba con ella en el gobierno.
El Departamento del Tesoro inoculó a la gobernadora de Baja California, un paso que no había dado cuando le quitaron la visa junto con su entonces esposo, a quien en su administración nombró para un puesto, honorífico, pero estratégico, encargado de proyectos de regeneración de espacios públicos, mediante el cual participó en renovación urbana en Mexicali y Tijuana, donde participan sectores que tradicionalmente han sido penetrados por el crimen organizado.
Las relaciones de su esposo también eran suyas, y algunas de sus amistades empresariales están siendo investigadas por las autoridades mexicanas por sus presuntos vínculos con los cárteles, en especial con Los Rusos, la organización vinculada al Cártel de Sinaloa, que encabeza en Mexicali Juan José Ponce Félix, El Ruso, fuertemente relacionado con el exesposo de Ávila que, de acuerdo con el Departamento del Tesoro, le abrió la puerta para alcanzar a los más altos funcionarios del gobierno estatal.
La gobernadora es uno de los problemas que le cayeron encima a la presidenta Claudia Sheinbaum, que tiene una posición dual con Ávila. Públicamente la sigue respaldando y viajando a Baja California para mostrarse con ella, pero internamente no ha dejado de expresar su molestia con ella por la forma como ha administrado la crisis política que arrastra desde hace más de un año. En varias ocasiones le envió a la presidenta de Morena y a un secretario de Estado cercano a ella, para sugerirle que se separara del cargo, pero los ignoró.
Totalmente opuesto al mejor camino que veía el gobierno federal para no acumular más lastre, Ávila expresó su intención de colaborar con las autoridades estadounidenses y aportarles información sobre las estrategias de seguridad federal y estatal, a cambio de que se resolvieran sus problemas. Sheinbaum tampoco hizo nada, pese a que esa colaboración viola la Ley de Seguridad Nacional, y ha optado por dejarla sola en términos de apoyo para solucionar sus problemas con Washington, para que los resuelva. No está claro si la inoculación que hizo el Departamento del Tesoro de su nombre en las sanciones del martes está relacionada con algún tipo de acuerdo o fue para seguir calentando la hornilla al gobierno mexicano.
Pero nada de ello impide el desgaste y la configuración de un nuevo estado que estaba bajo control del crimen organizado, y que ha sido expuesto por el gobierno de Estados Unidos. En Palacio Nacional no lo leen de esa manera. El miércoles en la mañanera le preguntaron a la presidenta sobre las sanciones, y respondió con evasivas, distractores y sugiriendo que la Oficina para el Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, que ejecuta las penalidades, se equivoca. Mientras tanto en Washington, cuya voz sí escuchan en el mundo, siguen construyendo su caso de que México está controlado por los cárteles, aunque la presidenta, cada vez que se lo dicen, se enoja.
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