Oaxaca de Juárez, 26 de octubre. Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó este martes de las amenazas del crimen organizado contra periodistas en México, las descalificaciones del presidente Andrés Manuel
López Obrador y el asesinato de seis comunicadores en la primera mitad de 2021.
- En el informe sobre México, ante la reunión virtual la SIP que se inicia este martes, el organismo advirtió de las “amenazas cada vez más burdas” de los grupos criminales, en particular del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
- “El 9 de agosto se registró una amenaza descarada del crimen organizado hacia comunicadores de Televisa, Milenio y EL UNIVERSAL. Mediante un video, un grupo criminal (el CJNG) criticó la cobertura que hacían de los conflictos en el estado de Michoacán”, recordó el reporte.
El análisis se presenta en la Asamblea General número 77 de la SIP, que abordará del 19 al 22 de octubre el estado de la libertad de prensa en las Américas y la sostenibilidad de los medios. El informe es preliminar y debe ser aprobado por la Comisión de Libertad de Prensa en la Asamblea.
Ataques a periodistas de México
La agrupación, con sede en Miami, resaltó que México acapara la mayoría de los nueve asesinatos de periodistas registrados en el último semestre en América, con seis, mientras que Brasil, Colombia y Haití reportan uno cada uno.
- Los homicidios han ocurrido en los estados de Sinaloa, Oaxaca, Coahuila, Sonora, Michoacán y Veracruz, en su mayoría contra reporteros locales.
- “La Segob [Secretaría de Gobernación] reconoció que entre diciembre de 2018 y septiembre de 2021 se registraron 47 homicidios a periodistas y que existe un 99 % de impunidad. Solo hubo sentencia en cinco casos”, enunció la SIP.
La asociación también citó que la Segob ha admitido que en la Presidencia de López Obrador, desde diciembre de 2018, ha subido en 88 % el número de personas incorporadas al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, “lo que evidencia un incremento de la violencia”.
- El 54 % los periodistas protegidos están en solo seis estados: Ciudad de México, Guerrero, Tamaulipas, Quintana Roo, Sonora y Veracruz.
- En este contexto, la SIP manifestó que López Obrador “no cesa en sus críticas y descalificaciones contra la prensa”. “Quién es quién en las noticias”
La agrupación cuestionó que el presidente haya inaugurado el 30 de junio la sección de “Quién es quién en las noticias”, en la que el gobierno exhibe a medios que, según su criterio, publican información falsa.
“Más que aclarar lo que considera noticias falsas, es usado para criticar a medios y periodistas, según él en represalia por haberle quitado sus privilegios publicitarios y responder a los intereses de los empresarios ricos que no quieren su política social”, sostuvo.
- Pese a las críticas de López Obrador contra los medios, la SIP recordó la investigación de Artículo 19 que encontró que 52% del gasto en publicidad del Gobierno se concentra en 10 medios de una lista de 457.
Además, denunció que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) inició una investigación contra Daniel Blancas, reportero del diario La Crónica, “tras un desencuentro con comunicadores o ‘youtubers’ incondicionales al presidente López Obrador”.
Amenazas del narcotráfico a medios
La SIP subrayó que frente a esas descalificaciones -EL UNIVERSAL fue señalado incluso del “enemigo del gobierno”-, el 30 de agosto nació una iniciativa de diferentes empresas periodísticas, denominada Alianza de Medios Mx, cuyo objetivo es “defender la libertad de expresión y combatir la impunidad que rodea los crímenes contra periodistas y medios”.
La SIP destacó que esta alianza ha logrado crear una base de datos con casos documentados desde mediados de la década de 1980, que incluye más de 200 asesinatos.
- La nueva organización está integrada por Publimetro, EL UNIVERSAL, Proceso, Radio y Televisión Mexicanas, Eje Central, El Heraldo de México, Organización Editorial Mexicana, La Silla Rota, Político Mx, El Dictamen, Vanguardia, El Economista, Debate e Imagen Noticias y la Cámara de la industria de Radio y Televisión.
Recordó también que frente a las amenazas del narco contra periodistas -como es el caso de Azucena Uresti, de Milenio-, varios medios se unieron para condenar los hechos y sacaron un desplegado firmado por Televisa, EL UNIVERSAL, Proceso, TV Azteca, la Sociedad Interamericana de Prensa, Grupo Imagen, El Heraldo de México, La Silla Rota, Publimetro, Animal Político, Organización Editorial Mexicana, Debate, WAN/IFRA, Eje Central, SEMMéxico, El Economista, Grupo Milenio, Vanguardia MX y Politico MX. En dicho desplegado se resaltaba que “los grupos que lanzan esta amenaza saben que pueden hacerlo por la impunidad que gozan quienes durante décadas han intimidado a periodistas y medios de comunicación”.
Feadle sólo reconoce la competencia de 27 homicidios de periodistas
De 92 homicidios de periodistas registrados del 2010 y hasta julio pasado, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (Feadle) sólo reconoció la competencia en 27 de ellos, al asegurar que sólo en ese número de casos los crímenes estaban relacionados con la actividad periodística de la víctima.
- “Se tiene que de los 92 homicidios, en 65 casos que representa 70.7%, al ser exhaustivas las investigaciones relacionadas a la libertad de expresión, y al no encontrar relación alguna con esto, se determinó la incompetencia. De los 27 registros de homicidios de periodistas derivados de su actividad, se tienen 10 en trámite, y de los otros 17 restantes; dos se determinaron por no Ejercicio de la Acción Penal, uno por reserva, siete por acumulación y en siete se ejerció la acción penal”, detalló la Feadle en un informe estadístico.
En el mismo periodo, indicó la fiscalía, se tiene registro de sólo cinco sentencias; una lograda en el 2016 en Chihuahua con 30 años de prisión para el homicida del periodista.
Dos logradas en el 2020 en Sonora y Chihuahua, donde se impuso sentencia de 14 años 8 meses y 50 años de prisión contra los culpables.
- Las dos últimas sentencias fueron logradas este año. La primera en contra de Juan Francisco Picos Barrueta, alias el Quillo, quien fue sentenciado a 32 años y 3 meses de prisión, y reparación moral por 5.3 millones de pesos por el homicidio del periodista y escritor Javier Valdez.
- La segunda sentencia lograda este año fue contra el expresidente municipal de Chínipas, Chihuahua, Hugo Amed Schultz Alcaraz, por ser partícipe del homicidio de la periodista Miroslava Breach Velducea, ocurrido el 23 de marzo de 2017.
El homicidio más reciente de un periodista en México ocurrió el pasado 28 de septiembre, cuando Manuel González Reyes —director del medio digital Portal Morelos— fue asesinado a tiros. Previamente, el 12 de agosto, fue asesinado en Veracruz el periodista Jacinto Romero Flores. El 22 de julio en Guaymas, Sonora, ocurrió el homicidio del periodista Ricardo López, titular de InfoGuaymas.
Indagatorias totales
La Feadle reportó que, en el mismo periodo referido, ha iniciado en total 1,426 indagatorias bajo la modalidad de averiguaciones previas (818) y carpetas de investigación (608) por delitos como amenazas, ataques u homicidio hacia periodistas, así como delitos relacionados como allanamiento de morada, abuso de autoridad, extorsión, daño en propiedad ajena o secuestro.
- En las 1,426 indagatorias, se han registrado 1,719 víctimas u ofendidos: 1,327 hombres, 338 mujeres y 54 medios de comunicación.
Del universo total de las indagatorias, la Feadle sólo ha conseguido 25 sentencias (1.7% de los casos) —incluidas los cinco por asesinatos de comunicadores— por los delitos de portación de arma de fuego; abuso de la autoridad, tortura, amenazas, contra la administración de la justicia, robo, lesiones, función persecutoria indebida y detención ilegítima y privación ilegal de la libertad, entre otros.
- Por otra parte, según la Feadle, hasta julio pasado se han realizado 738 acciones de protección a periodistas, ya sea por parte de esa fiscalía o por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Algunas de esas medidas son: botón de pánico; rondines domiciliarios; escoltas de cuerpos especializados; protección de inmuebles o chalecos antibalas, entre otros.
La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión fue creada en 2010, por recomendación de la ONU y está adscrita a la Fiscalía General de la República y su función es dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones y, en su caso, la persecución de los delitos cometidos en contra de quienes ejercen la actividad periodística./Agencias-PUNTOporPUNTO
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