Oaxaca de Juárez, 10 de junio. Hace casi 40 años, estudiantes exigieron mayor seguridad en las escuelas pero el gobierno ordenó que éstos fueran callados.
Hace más de cuatro décadas, durante la presidencia de Luis Echeverría Álvarez en México se formalizó un grupo de preparación militar, mejor conocido como Los Halcones, según documentos resguardados en el Archivo General de la Nación (AGN).
Este grupo dependía del Departamento del Distrito Federal (DDF, órgano encargado del gobierno de la Ciudad de México en aquella época) y era responsable de la vigilancia de edificios e instalaciones del gobierno e impedir protestas callejeras.
El 10 de junio de 1971 Los Halcones cumplieron esta última orden al límite, cuando algunos de sus miembros actuaron de francotiradores y encubiertos dispararon a decenas de estudiantes que habían salido a las calles a protestar por la liberación de presos políticos.
Aquel día se festejaba el Jueves de Corpus, que según la tradición católica, es la celebración del sacramento de la Eucaristía, cuando se institucionaliza la entrega de la hostia a los feligreses.
En la Ciudad de México, varios grupos de jóvenes, principalmente estudiantes, habían organizado movilizaciones en demanda de la liberación de presos políticos, la derogación de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nuevo León y exigir la desaparición de los grupos porriles en escuelas de educación media y superior, entre otras cosas.
Pero el gobierno local no autorizó la movilización y se ordenó a las fuerzas policiales que la marcha se disolviera.
La manifestación salió a las 17:00 horas del Casco de Santo Tomás, área donde actualmente se asienta una de las escuelas del Instituto Politécnico Nacional, al norte de la capital, en dirección a la Escuela Nacional de Maestros.
En su camino, fueron persuadidos para detenerse pero la caravana mantuvo su paso.
Al llegar a la Calzada México-Tacuba, al norte de la ciudad, según los testimonios de la época, de varios autobuses salieron jóvenes fornidos, de pelo muy corto y tenis blancos, con macanas,kendos (un sable de bambú japonés) y armas de fuego, que usaron para arremeter contra los estudiantes.
La policía, que aparentemente vigilaba la marcha, no intervino en el enfrentamiento. Minutos después, hubo disparos y de los jóvenes que marchaban cayeron heridos o muertos.
Los estudiantes trataron de defenderse con los palos de las pancartas, con piedras y con lo que encontraban a su paso, pero ante la desventaja huyeron. Pero metros adelante, en la avenida Hidalgo (centro de la ciudad) los tanques del Ejército y los gases lacrimógenos les cerraron el paso.
Oficialmente se reconoció que había 9 jóvenes muertos, 40 heridos de bala, varias decenas de atropellados y numerosos detenidos, según documentos del Archivo General de la Nación.
Por varios años el caso no fue investigado por la justicia mexicana sino hasta julio de 2004 cuando la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) consignó el expediente del Jueves de Corpus y solicitó 11 órdenes de aprehensión.
Entre los indiciados se encontraban el exmandatario Echeverría y su secretario de Gobernación, Mario Moya; los extitulares de la Dirección Federal de Seguridad Luis de la Barreda Moreno yMiguel Nazar Haro, así como otros siete acusados, entre ellos varios integrantes de los halcones.
Un año después, el 26 de julio de 2005 un tribunal unitario concluyó con la exoneración del expresidente Echeverría y Moya Palencia, negó las órdenes de aprehensión en contra de ambos inculpados, tras considerar que la Femospp no acreditó que la matanza del 10 de junio de 1971 fuese un acto de genocidio.
Pero un año después la Procuraduría General de la República aún tiene en trámite cerca de 50 denuncias penales vinculadas con casos de estudiantes desaparecidos por la matanza del Jueves de Corpus.
En 2010, Guadalupe Lozada León, coordinadora de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Ciudad de México, dijo que los hechos de 1971 fue una muestra más de la represión hacia las manifestaciones juveniles y que se trataba de una autoridad que se negaba a reconocer los derechos y las libertades individuales, según citó la agencia Notimex.
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