Oaxaca de Juárez, 9 de noviembre. Vaya lío en el que se metió el magistrado de la Sala Regional de Xalapa del Tribunal Electoral de Xalapa, Juan Manuel Sánchez Macías, por ser tan gráfico al hablar de las cualidades que deben tener las mujeres para ser contratadas.
Y es que el hombre tuvo la ocurrencia de velar su pensamiento en un foro sobre paridad de género que se celebró en Tabasco, como si estuviera en la mesa de una cantina y en el quinto tequila.
Sánchez Macías dijo que las mujeres deben ocupar cargos públicos por sus capacidades intelectuales y “no porque estén bien buenas o tengan unas nalgas exquisitas…”.
La cosa no paró allí. Dejó bien clarito que tampoco pueden llegar a los cargos “porque se están acostando con el líder o con el gobernador en turno, el titular de alguna dependencia o el jefe de una empresa…”.
- Esa crudeza en el lenguaje, que raya en la misoginia, provocó alboroto en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Las diputadas que integran la Comisión de Equidad de Género preparan ya un punto de acuerdo, con el apoyo de la Junta de Coordinación Política, para exhortar al TEPJF que revise la conducta de sus magistrados.
“Es una forma educada de pedir que lo remuevan”, nos dijo la diputada Cecilia Soto, excandidata presidencial.
“¿Cómo ese magistrado va a poder aplicar los criterios de género?, preguntó.
El lenguaje y criterio de Sánchez Macías revela, también, el “defectuoso“ proceso de selección de los magistrados, según Soto.
Otra legisladora, Laura Nereida Plascencia, del PRI, pidió, sin rodeos, la renuncia del magistrado por los comentarios “misóginos y desafortunados” que hizo sobre la mujer.
Y ni se diga la diputada de MC, Candelaria Ochoa, quien considera que es gravísimo que un magistrado pueda expresarse de ese modo. “Seguramente juzga los casos desde su visión machista y misógina”, recalcó.
- El agua es un tema de seguridad nacional, aunque para la SHCP y los diputados federales no parece constituir una prioridad, a juzgar por los recursos que le asignan al sector en el Presupuesto 2017.
No le hace que el derecho a cubrir esta necesidad básica ya esté inscrito en la Constitución.
Al sector sólo le asignaron 0.2 por ciento del gasto público. Conagua absorbió un recorte de casi 37 por ciento de sus recursos. A los organismos operadores les quitan 72.5 por ciento de los subsidios con relación a 2016.
“El sector es el más castigado”, nos dice, categórico, Ramón Aguirre Díaz, director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
El experimentado funcionario saca sus estadísticas. Compara la reducción de los subsidios que se le hicieron a otros sectores, para darle peso a sus palabras. Es el más alto.
A Semarnat le bajaron 63.8 por ciento, lo mismo que a Turismo. A Economía, 52 por ciento; a la SCT, 50 por ciento, y así hasta llegar a 3 por ciento de Sedesol.
Aguirre causó gran alboroto cuando dijo, hace tiempo, que si no se atienden las necesidades de inversión del importante sector, en 50 años a la Ciudad de México “se la carga el carajo”. Con la drástica reducción de los subsidios “esto se va a generar antes”, insiste.
El tema, subraya, ya es apremiante en la capital de la República. El problema está a la vuelta de la esquina. El funcionario del GCMX estima que 10 por ciento de la población chilanga no va a tener acceso al vital líquido en escasamente tres años.
Eso equivale a un millón de personas que van a estar molestas y que seguramente muchas de ellas saldrán a la calle a manifestarse. Hay riesgo de inestabilidad social.
“No hay respuesta de los diputados. No hay sensibilidad. Si el recorte se consolida van a sembrar el huevo de serpiente. El descontento social será enorme”, advierte Aguirre, en un tono que raya en la desesperación.
Y dice más: “Ninguna comunidad se queda con los brazos cruzados cuando le falta el servicio básico”.
El hombre sabe de lo que habla. Lleva en el cargo nueve años. No concibe que de los casi mil millones que este año les dieron en subsidios, hayan bajado a 309 millones. “Eso no cubre ni cuatro por ciento de las necesidades”.
- Nos fuimos corriendo a la Cámara de Diputados. Buscamos al presidente de la Comisión de Asuntos Hidráulicos, José Antonio Arévalo, del PVEM.
El legislador está consciente de la gravedad del problema, pero rechaza que los diputados de su comisión se hayan quedado cruzados de brazos.
Da ejemplos: la propuesta del Ejecutivo para agua potable, a nivel nacional, es de tres mil 500 millones de pesos para el año próximo. En la Comisión de Recursos Hidráulicos propusieron que se incrementara en cuatro mil 500 millones adicionales.
El asunto ya está en la Comisión de Presupuesto, que encabeza el priista Alfredo del Mazo. Pero el diputado del Verde no alberga muchas esperanzas de que la propuesta progrese.
Nos adelanta, eso sí, que se va a proponer una reforma estructural en el tema del agua. Entre sus puntos más importantes está el de evitar que los recursos destinados a mejoras en el sistema de agua de los municipios pasen por los gobiernos estatales.
Mucha veces allí se quedan. Y si no que le pregunten a Javier Duarte.
ARSENAL, Diario Digital
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