Oaxaca de Juárez, 23 de septiembre. en las elecciones 2021, 5.7% (7,345) del total de candidatxs (135,354) presentaron y publicaron su declaración patrimonial, de intereses y opinión de cumplimiento fiscal, llamada #3de3
Dos de cada tres votantes no tuvieron la información mínima indispensable para conocer quiénes eran los y las candidatas y emitir un voto informado.
Transparencia Mexicana instaló un grupo de trabajo en el que participan especialistas, organizaciones sociales e instituciones públicas para corregir la ausencia de información para los electores.
La primera acción, anunciada el día de hoy, es la armonización del marco legal para que en todas las entidades federativas del país exista la obligación legal de presentar y publicar información confiable para los electores.
Se trata de un esfuerzo de coordinación nacional de organizaciones e instituciones públicas para reformar 66 instrumentos legales en materia electoral y de transparencia.
Por ello, a propuesta de Transparencia Mexicana, el 14 de junio de 2021, se estableció un grupo de trabajo de especialistas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Instituto Nacional Electoral (INE), Órganos garantes de los estados de la República, Comités de Participación Ciudadana de los Sistemas Anticorrupción, y especialistas de todo el país para revisar la situación que guarda la información pública disponible sobre candidatos y candidatas en todo el país y elaborar propuestas concretas de cara a los proceso electorales 2022-2024.
Entre las primeras acciones, el grupo ha puesto foco en la armonización de las leyes electorales y de acceso a la información pública en las 32 entidades y a nivel federal para que los y las candidatas presenten y publiquen información que permita un voto informado en los siguientes procesos electorales. El grupo impulsará la presentación de la declaración patrimonial, de intereses y opinión de cumplimiento fiscal (#3de3) de candidatas y candidatos como un requisito de información mínima que deberá estar disponible para las y los votantes.
En los próximos días, y conforme las legislaturas estatales entrantes se instalen, se enviará a cada uno de los 34 órganos legislativos del país (Federal y estatales) una iniciativa de reforma para homologar en todo el territorio nacional la información que debe ser presentada y publicada por quienes busquen representar y gobernar a las personas.
La información contenida en formatos como #3de3 permite identificar quién es el candidato, cuál es su trayectoria, y posibles riesgos públicos derivados de sus intereses particulares. Es decir, facilita que los electores y electoras sepan con antelación quién es el candidato y especialmente qué vínculos personales pueden afectar su desempeño como servidor público. La #3de3 es, también, un elemento clave para conocer vínculos con empresas fantasma o que participan en esquemas de lavado de dinero.
La disponibilidad de información para las y los votantes sigue siendo desigual en el país. Mientras que electores de Jalisco y Chiapas pudieron acceder al 76,1% y 6,9% de la información de candidatos y candidatas, respectivamente, en Baja California, Ciudad de México, Chihuahua, Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro, Tabasco, Veracruz y Zacatecas no hubo una sola declaración disponible y accesible para las y los votantes.
Ocho estados del país —Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Jalisco, Nayarit, Nuevo León y San Luis Potosí— tienen una disposición normativa para que los candidatos y candidatas presenten al menos una de las declaraciones, la patrimonial, de intereses y/o fiscal como un requisito para competir en las elecciones.

