Oaxaca de Juárez, 10 de febrero. En los últimos cinco años, los crímenes de odio contra las poblaciones de la comunidad LGBTTTI en México han ido en ascenso, y los de activistas no han sido la excepción, pues de los 381 homicidios cometidos de 2013 a 2017, 14 fueron hacia defensores de los derechos humanos de estos grupos, por lo que ven necesario implementar mecanismos de protección para estas personas.
De acuerdo con la organización civil Letra S, en 2017 se registró una cifra récord de asesinatos contra la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual (LGBTTTI) con 95 personas, superior a la de años anteriores, y estimó que los números para 2018 podrían ser similares.
En 2016 hubo 76 homicidios; en 2015, 61, y en 2014, 65, todos ellos originados por la homofobia, lesbofobia o transfobia que se vive en el país, los cuales ocurrieron en Veracruz, Chihuahua, Quintano Roo, Estado de México, Puebla y Tamaulipas, informó a Notimex el director de dicha asociación, Alejandro Brito.
Ante esas cifras, Brito opinó que hace falta sensibilizar a la población en general respecto a que los defensores de la comunidad LGBTTTI están más expuestos a sufrir agresiones, son más vulnerables por su orientación sexual y su identidad de género.
Aseveró que eso no lo tienen claro las autoridades con los mecanismos de protección a defensores de derechos humanos en el país, por lo que consideró necesario capacitarlos y sensibilizarlos sobre el tema, para que junto con organizaciones civiles se implementen protocolos en la materia.
Kenya Citlali Cuevas Fuentes, activista de la población trans, ha aumentado su seguridad, luego de que a fines de enero pasado fuera asesinada su compañera Pamela Sandoval Ramírez, mujer trans que laboraba en una estética dentro del mismo inmueble donde vive ella, en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México.
En 2016 la defensora también presenció el homicidio de su compañera Paola, una mujer transexual que trabajaba como sexoservidora y quien fue baleada por un presunto cliente. Kenya junto con otras compañeras detuvieron al agresor, que más tarde quedó en libertad, y por ello es una de las personas con mayor riesgo en este caso.
Aunque su activismo comenzó años atrás apoyando a sus compañeras con VIH desde la cárcel, su labor desde el asesinato de Paola no ha cesado; ha trabajado en favor de la población trans, en especial de las mujeres, sector con el mayor índice de transfeminicidios, y por la labor que realiza el gobierno la ha protegido.
“Cada día me doy cuenta de la violencia extrema en la que nos encontramos, no tenemos mecanismos de defensa ni de protección como comunidad LGBT, ni nada”, enfatizó.
Ella se siente vulnerable, sensible, con mucho miedo; su casa, considerada un búnker, no fue garantía para Pamela y piensa que tal vez sea un tipo de advertencia para ella, se le vienen muchas preguntas y dudas a la cabeza, está cansada de los crímenes de odio y que las mujeres transgénero sufran actos de violencia.
También está harta de la discriminación e invisibilización que sufren hasta por las demás poblaciones de la comunidad LGBT. “Yo sé que no puedo cambiar el mundo, pero sí puedo cambiar mi entorno”, por lo que seguirá con su labor y su lucha por visibilizar a las mujeres trans y que sus derechos sean respetados
Además, Kenya denunció a los funcionarios que quieren trabajar por los derechos de las mujeres trans y que no han hecho nada para detener estos homicidios de odio, y quienes hasta el momento no se han pronunciado al respecto.
La activista Jazziel Bustamante, originaria de Veracruz, expuso que los estados donde se han registrado mayor índice de asesinatos de defensores de derechos humanos de la comunidad LGBTTTI, son los mismos donde hay más prevalencia de crímenes de odio en general hacia dicha comunidad, como Guerrero, Tamaulipas, Estado de México, Veracruz y Guanajuato.
Indicó que un caso muy sonado fue el asesinato de Édgar Eloy Sosa Meyemberg, director de Desarrollo en la organización Ave de México, y activista desde los 17 años, quien fue visto por última vez en Chicoloapan, Estado de México, luego de impartir un taller en la Universidad Autónoma de Chapingo, y su cuerpo fue encontrado en la alcaldía Iztapalapa en 2014.
A su vez, Iván Tagle, de Yaaj México, compartió que como directivo de una asociación civil dedicada a proteger los derechos de las personas LGBTTTIdebe guardar ciertos protocolos para su seguridad.
En mi persona, yo como director, no salgo del hotel en caso de viajar, cada determinado tiempo mando mi ubicación para abatir cualquier tipo de circunstancias en caso de una desaparición”, explicó.
Señaló que con eso se ayuda a que haya una línea puntual de investigación, “es desafortunado que se lleguen a esos puntos, pero es algo que pasa y es mejor tomar esas medidas”.
Relató que en su reciente viaje a Ahome, Sinaloa, municipio considerado conservador, él y demás representantes de la comunidad LGBT tuvieron que ser resguardados por el presidente municipal, Manuel Guillermo Chapman Moreno, además de que se implementó un operativo de seguridad hasta su regreso al aeropuerto de la Ciudad de México.
Excélsior
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