Oaxaca de Juárez, 16 de mayo. Llegó el nuevo embajador de Estados Unidos en México. Su nombre es Ronald Douglas Johnson. Es un militar retirado que ha servido en la CIA como enlace con el Comando de Operaciones Especiales de los Estados Unidos.
Sus cartas credenciales reflejan que está en las antípodas del Ken Salazar, su predecesor demócrata de origen hispano, un hombre abierto, conciliador, que tuvo cercanía con AMLO.
Johnson es otra cosa. El nombramiento de este oficial retirado refleja el tipo de relaciones diplomáticas que Donald Trump quiere con México: mano dura contra los cárteles y férreo control migratorio.
No hay que olvidar que durante su audiencia de confirmación ante el Comité de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, el 13 de marzo de 2025, Johnson no descartó una acción militar en suelo mexicano contra los cárteles, sin notificar a las autoridades de nuestro país, si la vida de un ciudadano estadounidense está en juego.
Al ser interrogado por el senador demócrata, Chris Coons, si estaría de acuerdo en que no se tomaran medidas militares contra los cárteles en territorio mexicano “sin el conocimiento y consentimiento del gobierno mexicano”, Johnson respondió que su primer deseo es colaborar con sus socios mexicanos.
“Dicho esto –abundó– sé que el presidente Trump toma muy en serio su responsabilidad de salvaguardar la vida de los ciudadanos estadunidenses. Si llegara a correr peligro, creo que todas las cartas están sobre la mesa”.
Es pertinente recordar que, en vísperas de las elecciones presidenciales de 2024 en EU, Trump afirmó que “sin duda” consideraría atacar a los cárteles, si México no “arreglaba la situación rápidamente.”
El nuevo embajador le entregará sus cartas credenciales a la presidenta Sheinbaum el lunes próximo.
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Las relaciones México-Estados Unidos no atraviesan su mejor momento, por más que en Palacio Nacional nos digan lo contrario. Los gestos poco amigables del vecino distante se multiplican.
Aranceles, jitomate, prohibición de exportar ganado por la plaga del gusano barrenador, spots antiinmigrantes que la secretaria de seguridad de EUA, Kristi Noem, pautó en la TV mexicana.
A eso agregue la iniciativa de gravar con el cinco por ciento las remesas de los indocumentados y el anuncio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sobre el desmantelamiento de tres grandes laboratorios clandestinos de producción de drogas sintéticas por una unidad de la FGR “certificada por Estados Unidos.”
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Le preguntamos a Ricardo Anaya, coordinador de la bancada del PAN en el Senado, si a la luz de todos estos acontecimientos ve riesgos de una intervención unilateral de Estados Unidos en territorio mexicano.
Respondió: “si el gobierno mexicano no establece límites y no sienta las bases de un marco de referencia, por supuesto que existe ese riesgo.
“La solución es sentarse a dialogar entre congresistas y llegar a un acuerdo de la magnitud y la formalidad del Tratado de Libre Comercio, pero en materia de seguridad.
Esto, añadió, “para establecer los límites de intervención de cada nación, en que medida nos vamos a coordinar, qué le corresponde hacer a cada parte y entonces sí, juntos combatir a estas organizaciones, que tanto daño hacen en ambos lados de la frontera.”
El ex candidato presidencial del PAN sostiene que la crisis de seguridad que hay con Estados Unidos es autogenerada. Explicó:
“El gobierno de Morena provocó el problema con esta estrategia absurda de abrazar delincuentes y permitirles operar libremente en territorio nacional, de no querer capturarlos. Allí está la raíz del problema”.
De paso destacó que es una “vergüenza” el pacto de impunidad que tenemos en nuestro país:
“Sólo nos enteramos que una gobernadora, un gobernador, anda en malos pasos cuando interviene el gobierno de otra nación, en este caso de Estados Unidos.”
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Recibimos un mensaje de Florentino Castro, titular de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu.)
Este órgano autónomo, que nació con la Reforma Educativa de 2019, está en vísperas de desaparecer.
El problema es que la desaparición se perfila con dos procesos jurídicos y legislativos inconclusos: no se ha realizado la armonización de las leyes secundarias, y no se cuenta con un Decreto de Extinción.
“Internamente nos encontramos a la espera de que la SEP autorice la indemnización para las más de 500 personas públicas (familias) que forman parte de esta Comisión”, dice Castro.
Y agrega: “aún en medio de estas adversidades, seguimos trabajando, impulsados por el ánimo de las Autoridades Educativas Estatales –que continúan interesadas en colaborar con este organismo”.
“La fuerza laboral se encuentra en una firme batalla a través de un movimiento de las y los Trabajadores de Mejoredu, para lograr el respeto irrestricto a sus derechos laborales y humanos”, concluye.
FIN.
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