Oaxaca de Juárez, 12 de mayo. A finales de agosto del año pasado, los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, sobrinos del exsecretario de la Marina, el almirante Rafael Ojeda, y señalados como las cabezas del contrabando de combustible, fueron invitados a platicar con las autoridades de la Armada. Manuel Roberto, contra el consejo de sus abogados, decidió ir, pensando que era una plática de buena fe, como les habían dicho. Manuel Roberto ya no salió, el 2 de septiembre lo detuvieron en las instalaciones centrales de la Marina.
Fernando, que no acudió a la cita, se convirtió en prófugo de la justicia hasta que el 23 de abril fue detenido en Buenos Aires. En esos casi ocho meses se fue construyendo su colaboración con las autoridades de Estados Unidos para detallar quiénes participaron en el robo de la nación más grande en la historia, y hasta dónde topa. Y también su fuga, una operación sofisticada que tuvo como finalidad específica que las autoridades estadounidenses pudieran hablar con él en un país amigo, y ver qué ofrecía de información a cambio del asilo político.
Hasta el año pasado, el contralmirante Farías Laguna se resistía a acercarse a las autoridades estadounidenses, que estaban sobre él. Por presiones de Washington se actuó –meses después de saber del contrabando el secretario de la Marina, almirante Raymundo Pedro Morales–, para asegurar el buque “Challenge Procyon” en Altamira, donde se decomisaron 10 millones de litros de hidrocarburos en marzo del año pasado, de un total de 21 millones, restante que desapareció con el segundo buque que se esfumó. Farías Laguna cambió su parecer este año y decidió hablar lo que sabe.
Farías Laguna salió de su escondite en México y viajó por carretera a la frontera con Guatemala, donde lo esperaban con un pasaporte guatemalteco a nombre de “Luis Lemus Ramos”, apellidos bastante comunes en ese país. Entró por tierra y no paró hasta la capital guatemalteca. De ahí, para no despertar sospechas, voló a Bogotá, Colombia, cuyo gobierno y el guatemalteco tienen una buena relación. Y de ahí, cubriendo pistas, se fue a Buenos Aires. Aunque el gobierno mexicano había pedido a Interpol una ficha de notificación –llamada antes ficha roja–, no lo detuvo la policía, sino agentes estadounidenses, que en cooperación con los argentinos, lo capturaron.
Había tenido contacto con los estadounidenses desde México, pero hasta donde ha trascendido, las condiciones para hablar con él en este país no eran las propicias. Las mejores en la región estaban en Argentina. El gobierno de Javier Milei, cercano al presidente Donald Trump y distanciado del de México, aumentó su enemistad recientemente cuando la presidenta Claudia Sheinbaum se tomó fotografías durante su viaje a Barcelona con un letrero para pedir la liberación de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, condenada en junio del año pasado a 6 años de prisión por fraude a la nación, que está cumpliendo, por edad, en prisión domiciliaria.
México pidió la extradición de Farías Laguna para ser juzgado por delincuencia organizada y contrabando de combustible, pero hoy está más cerca del asilo político en Estados Unidos que de regresar a este país. La estratagema del pasaporte falso le dio al gobierno argentino justificaciones para no extraditarlo. Utilizar un pasaporte falso es delito penal, y puede ir a la cárcel de cuatro a seis años. Aunque es posible que un extranjero que haya cometido ese delito pueda ser extraditado pese a tener una causa abierta en Argentina, el criterio prevaleciente es que primero se juzgue y cumpla la pena por la que lo acusaron en ese país.
La acusación contra los Farías Laguna y una decena de marinos señala que tenían una estructura definida, cuya “organización criminal” se encuentra implicada en el ocultamiento de hidrocarburos a su entrada al país, con operaciones en Tamaulipas, Colima, Sonora y la Ciudad de México. La red, caracterizada como un “conglomerado criminal”, afirma, que se gestó por lo menos desde hace más de dos años y sigue “vigente aún”, con “subcélulas” de servidores públicos, pertenecientes a las Fuerzas Armadas.
La red de protección de los Farías Laguna, de acuerdo con documentos internos de la Marina, revelan el blindaje familiar, que se empezó a construir desde que Manuel Roberto y su tía, Sandra Luz Laguna, esposa del exsecretario Ojeda, maniobraron para que el almirante José Luis Arellano Ruiz fuera designado subsecretario, cargo que ocupó durante casi todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Arellano Ruiz, que, de acuerdo con los documentos confidenciales, validaba las empresas que le presentaban los Farías Laguna en obras, dragado y construcciones marítimas, también recibió como encomienda de los hermanos establecer relaciones con políticos y empresarios que le indicaran, y que los acercara a la entonces candidata a la Presidencia, para proponerle financiamiento para su campaña a cambio de aceptar nombrar al secretario de una terna que le iban a presentar. Nunca pudieron estar cerca de la presidenta.
En las primeras declaraciones del contralmirante Farías Laguna desde Buenos Aires, hechas públicas mediante su abogado Epigmenio Mendieta, señaló que su tío político, el exsecretario Ojeda, fue alertado del contrabando de combustible, donde había más mandos involucrados, y que tiene mensajes de WhatsApp que probarían sus dichos. De acuerdo con los documentos confidenciales elaborados en 2021, fueron 34 oficiales que trabajaron para ellos, tejiendo una amplia red de complicidades en las aduanas de Altamira, Dos Bocas, Ensenada, Guaymas, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Veracruz y el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México.
Parte de esta información, de acuerdo con lo que ha trascendido, ha estado compartiendo con las autoridades estadounidenses en Buenos Aires, que está sirviendo de complemento a lo que desde el año pasado los servicios de inteligencia de ese país habían detectado en la Marina. Los datos que tenían, junto con los nombres de los Farías Lagunas, fueron mencionados por los estadounidenses durante reuniones que tuvieron con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, previas al aseguramiento del “Challenge Procyon”.
Las denuncias de corrupción dentro de la Marina surgieron años antes del operativo contra ese barco, pero el régimen protegió, entonces y ahora, al almirante Ojeda. En privado justifican la protección, porque es el gozne entre esa cadena de corrupción y López Obrador, y por la certeza de que si lo detienen, revelará todo lo que sabe para salvar su pellejo.
X:@rivapa
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