Oaxaca de Juárez, 5 de septiembre. El candidato republicano Donald Trump ha lanzado otra amenaza contra la economía de México. No sólo busca modificar el Tratado de Libre Comercio (TLC) o bloquear los millones de dólares en concepto de remesas si llega a ser Presidente. Ahora planea imponer un impuesto a las armadoras de automóviles de Estados Unidos que invierten y producen en México.
Hasta el momento las ganancias de la industria automotriz y el consumo interno están siendo parte del salvavidas del país ante la caída en los ingresos petroleros y la imposibilidad de seguir pidiendo prestado por el acercamiento al “límite de lo razonable” de la deuda nacional (34.5 por ciento del Producto Interno Bruto).
“México se convertirá en la capital mundial del carro muy, muy rápido… a menos que voten por Donald Trump”, dijo el magnate al Detroit News. “Los productores de automóviles [que vana fabricar a México] no pueden dejar nuestro país tan fácilmente y nosotros impediremos que eso pase” a través de un impuesto, dijo.
“La tarifa será un obstáculo para que se vayan”, explicó al diario estadounidense. “En otras palabras, si ellos tienen que pagar un impuesto o tarifa para regresar los carros a Estados Unidos –no tiene que ser del 35 por ciento, podría ser del 10 por ciento–, ellos no se irán”, explicó.
México es el cuarto exportador de automóviles y el séptimo productor a nivel mundial y, de acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), el principal destino de los autos que se fabrican en el país es Estados Unidos, a donde llega el 71.7 por ciento de la producción, seguido de Canadá con el 10.8 por ciento, en parte, gracias al Tratado de Libre Comercio (TLC). Un acuerdo que, por cierto, el empresario inmobiliario quiere cancelar o modificar.
Por años, el sector automotriz, junto con el consumo interno, ha sido clave para el crecimiento económico del país mediante la producción, exportación e inversión, además de generar miles de empleos directos e indirectos, aunque con bajos salarios.
De acuerdo con la Secretaría de Economía, la industria automotriz aporta el 3.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y el 18.3 por ciento del PIB manufacturero.
Sin embargo, en el segundo trimestre del año, alertó el Banco de México, “el consumo privado se desaceleró, mientras que las exportaciones manufactureras [entre ellas los autos] y la inversión mantuvieron un débil desempeño”.
A este escenario se tendría que añadir el impacto de una menor inversión de las armadoras automotrices de Estados Unidos, si el candidato republicano llega a la presidencia y cumple su amenaza de imponer el impuesto para frenar que vengan a producir al país.
Las marcas internacionales han preferido a México como destino de inversión por sus costos competitivos de mano de obra, la red de acuerdos comerciales y tratados que mantiene con otros países, así como su privilegiada ubicación geográfica, que facilita la distribución de los vehículos a otros países del mundo, principalmente Estados Unidos, expuso EconomíaHoy.
“En los últimos dos años suman ya 13 mil millones de dólares las inversiones que la industria automotriz global ha anunciado para México”.
Aunque en los primeros seis meses del año la producción y exportación de autos frenaron el acelerador.
Las exportaciones de productos manufacturados en julio de 2016 alcanzaron 26 mil 883 millones de dólares, una reducción de 9 por ciento a tasa anual, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Las exportaciones de productos automotrices cayeron 10.5 por ciento. Esta baja anual fue resultado de disminuciones de 11.3 por ciento en las ventas a Estados Unidos y de 6.1 por ciento en las dirigidas a otros mercados.
De enero a julio de este año se produjeron un millón 958 mil 368 autos en México, 1.2 por ciento menos que en el mismo periodo de 2015, y se exportaron un millón 552 mil 893 vehículos, 4.8 por ciento menos que en el primer semestre del año pasado, de acuerdo con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).
La firma IHS Automotive para Latinoamérica aseguró que a pesar del descenso que presentó la exportación de vehículos hacia Estados Unidos durante el primer semestre del año, se prevé una recuperación durante la segunda parte del 2016. Actualmente 11 de cada 100 autos vendidos en Estados Unidos provienen de México.
Hay 15 plantas de Chrysler, Ford, General Motors, Kia, BMW, Mazda, Honda, Nissan, Toyota y Volkswagen distribuidas en Coahuila, Estado de México, Sonora, Chihuahua, Puebla, Guanajuato, San Luis Potosí, Jalisco, Morelos, Aguascalientes, Baja California Norte y Nuevo León.
Entre 2000 y 2016, el país ha recibido 11 plantas armadoras. Ford actualmente construye una planta en San Luis Potosí, en la que prevé dar empleo a 2 mil 800 personas y en la que invirtió mil 600 millones de dólares, “una desgracia absoluta”, declaró Trump.
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NO HAY DINERO, PERO SÍ UNA ALTA DEUDA
La deuda total del sector público creció el equivalente a 10.5 por ciento del PIB. Este es el principal riesgo que hay que corregir en la fase de cierre de la administración, aseguró el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Actualmente se tiene el más alto déficit público en casi 30 años. Entre enero y julio de 2016 se ubicó en 157.2 mil millones de pesos, lo cual incide en que se mantenga un nivel de endeudamiento público “que no es sano”, determinó el sector empresarial.
Con más deuda y menores ingresos públicos y entradas de divisas, y sin que las exportaciones, en general, hayan reaccionado al tipo de cambio más competitivo, se ha deteriorado la balanza de pagos. Esto, explicó, termina por aumentar la vulnerabilidad ante fases de volatilidad financiera y presiona los precios internos.
Estas condiciones frenan el poder adquisitivo de importantes segmentos de la población, y se afecta al consumo. Un riesgo claro, si se toma en cuenta que el mercado interno es la carta más fuerte que México tiene en términos de crecimiento en este momento.
El Banco de México (Banxico) estima que el país crecerá este año entre 1.7 y 2.5 por ciento, no más que el año pasado. En el segundo trimestre del año hubo una “desaceleración del consumo privado” y se registró una debilidad de las exportaciones y de la inversión extranjera.
Ante la falta de fuentes de ingresos, seguirse endeudando no es una opción: el nivel de la deuda del país, el 34.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), se aproxima al “límite de lo razonable”, aseguró Agustín Carstens Carstens la semana pasada, por lo que pidió prudencia en la política fiscal. Es decir, gastar menos o hacerlo de forma eficiente.
El CCE sugirió que el país debe bajar el gasto en niveles de hasta 300 mil millones de pesos para 2017, pero con ahorros y reducciones en áreas no fundamentales, a fin de liberar recursos para la inversión, gasto social eficiente y la amortización de la deuda, para no tener que pedir prestado para pagar los intereses de nuestra propia deuda.
México, ante la caída en los precios del petróleo y una menor producción petrolera, ha comenzado a dejar de recibir la misma cantidad de dinero que solía recibir por el oro negro. Los ingresos por impuestos han sido la alternativa.
De enero a julio, los ingresos tributarios no petroleros ascendieron a un billón 625.9 mil millones de pesos, un aumento de 12 por ciento real respecto de 2015. En este resultado destacó el crecimiento de la recaudación por impuesto a salarios de 13 por ciento, del impuesto al valor agregado de 7.2 por ciento, del IEPS de 19.2 por ciento y del impuesto a las importaciones de 13 por ciento, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Por el contrario, los ingresos petroleros se ubicaron en 379.9 mil millones de pesos, inferiores en 21.2 por ciento en términos reales que los del mismo periodo del año anterior.
“Subsiste el reto de tener un sistema tributario acorde a las necesidades de México, así como una reingeniería completa y de fondo al gasto público”, concluyeron los empresarios.
Sin embargo, cualquier reforma o iniciativa de transformación corre el riesgo de no cumplir sus objetivos, si se implementa en un marco donde hay corrupción, inseguridad pública, falta de certeza jurídica, discrecionalidad en la aplicación de la ley, inconsistencia entre lo que se planea y se anuncia y lo que resulta en la práctica, alertó.
Con información de: Sin Embargo
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