Trascendidos y rumores del 3 de marzo (07:00 h)

La mala noticia para Miguel Barbosa es que el movimiento de estudiantes de Medicina que reclama seguridad, tras el asesinato de tres de sus compañeros en Puebla, ya lo trascendió de manera irremediable. Ayer, en solidaridad con el reclamo, se sumaron alumnos de la UNAM y del Politécnico. El gobernador morenista no ha sabido despresurizar el conflicto y ahora están convocadas a una movilización 35 universidades en al menos cuatro estados: Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca y la CDMX. Se espera que se movilicen 10 mil alumnos para quienes el reclamo de inseguridad debe tener inmediata respuesta. ¿Será que la 4T federal también tendrá que entrar al rescate del poblano? Ya se verá.

• Jara en guerra contra Maluma 

Nos dicen que la iniciativa del senador morenista Salomón Jara para frenar los contenidos machistas y misóginos que abundan en las canciones de reguetón no suena mal como causa, pues se fundamenta en una realidad: un estudio de la Universidad de Chile revisó 70 canciones y detectó que sólo 11 estaban exentas de expresiones que aludían a violencia de género. Incluso podría tener un principio de respaldo entre quienes cuestionan aspectos estéticos de ese género músical. Sin embargo, nos hacen ver que pronto mostró su debilidad porque su aplicación radica en que la Secretaría de Gobernación aplique sanciones a televisoras, radiodifusoras y distribuidoras de cine, que difundan contenidos que pudieran ser cuestionados. En fin, así lo puso Jara sobre la mesa. ¿Estará preocupado Maluma?

• Las mediciones de aceptación

Por primera vez en lo que va de su administración “ya saben quién” se refirió a las diversas encuestas, que si bien dan cuenta de un apoyo mayoritario de la población a su gobierno, también expresan una reducción en ese nivel de respaldo: “también sufrimos desgastes —dijo el Presidente— porque, imagínense, enfrentar a los conservadores corruptos que no quieren dejar de robar, están molestísimos, no los calienta ni el sol, están desquiciados”. En su mensaje el Presidente marcó además: “no les gusta que se haya terminado con la condonación de impuestos, que se considere delito grave la facturación falsa… El Presidente aclaró que estamos bien, tenemos mayoría, pues, si no la tuviera se iría a su finca, a Palenque.

•¿Echaron a la doctora?

Pues sí, nos dicen que se trata de ella, de la policía que, cuando fue presentada como coordinadora operativa de la Guardia Nacional, en abril del año pasado, llamó la atención al informar durante una conferencia mañanera que tenía 12 doctorados, 34 diplomados y 28 libros escritos. Resulta que, de acuerdo con informaciones que circulan en las redes, Patricia Rosalinda Trujillo Mariel habría sido separada de su cargo en respuesta a que la Auditoría Superior de la Federación señaló una compra irregular en la Policía Federal de un software por 500 millones de pesos, a un sobreprecio de 480 millones de pesos. Hasta el momento ni la doctora, ni la dependencia, han salido a desmentir.

• Y el Fondo para emergencias va

Nos cuentan que a pesar del señalamiento en contrario del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en el sentido de que no es necesario el fondo de 25 mil millones de pesos que para atender una eventual crisis por el coronavirus, planteaba el líder de Morena en la Cámara baja, Mario Delgado, éste finalmente lo propuso a la Junta de Coordinación Política. Incluso lo que se proponía como un punto de acuerdo al final se convirtió en iniciativa y se someterá a discusión en San Lázaro. El argumento del legislador es que funcionará como un seguro, es decir, se tendrá con la idea de, si no se necesita, no cobrarlo. Lo cierto es que, nos dicen, en el planteamiento de saque no hubo oposición de ninguna fracción parlamentaria.

• Reflotan iniciativa pero…

Así que en la Cámara de Diputados hoy se discute una propuesta de la morenista Marina del Pilar Ávila que tiene más de un año que fue presentada. El proyecto que, dicen, sí pasará, prevé endurecer las penas por delitos de violencia intrafamiliar. Ahora se castigará con entre tres y siete años de prisión ese ilícito. Nos dicen que, al sujetarse a una lógica de respuesta a reclamos del momento, más que de programación, se avizora una reacción semejante a la que se dio en el caso del aumento de la penalidad en el delito de feminicidio, en el que organizaciones señalaron que no resuelve el problema de fondo, al no articularse con otras políticas públicas.