Oaxaca de Juárez, 2 de octubre
EJE CENTRAL TRASTIENDAUna buena y una mala en la PGR. La buena, en lo personal, es que la subprocuradora para Asuntos Jurídicos e Internacionales, Mariana Benítez, dio a luz este miércoles. La mala, es que la subprocuradora dio a luz. Doña Mariana es el brazo derecho del procurador Jesús Murillo Karam, y mucho más que eso, al ser ella la persona que por instrucciones de su jefe, tiene bajo su responsabilidad muchas funciones dentro de la institución. Dicen los que saben que don Jesús va a tener que empezar a buscar una sustituta, porque su segundo de a bordo muy probablemente no regrese, o no por mucho tiempo a la PGR, porque le están haciendo ojitos para que vaya a San Lázaro el próximo año, como diputada plurinominal.
El secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Jesús Rodríguez Almeida, dice estar confiado a que la seguridad no se rompa este jueves 2 de octubre en la marcha que conmemora la matanza en Tlatelolco en 1968. Don Jesús dice que poco más de tres mil policías estarán vigilando que nada suceda, para lo que el secretario de Gobierno capitalino, Héctor Serrano, ha estado en conversaciones con los organizadores de la marcha, que es fundamentalmente el Comité del movimiento de 1968, a fin de que las dos partes contribuyan a que no haya infiltrados y provocadores.
Qué tanta responsabilidad tendrá el presidente municipal con licencia de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, en los hechos violentos en los que murieron seis personas y permanecen 43 desaparecidos, que optó por hacer maletas y esfumarse del municipio. Ya el gobernador Aguirre Rivero pidió a la fiscalía estatal gire una orden de presentación para que el alcalde bailarín responda. Van por él.
Gil contra excesos salariales
Resulta que a cinco años de que se promulgó la Ley Federal de Salarios Máximos, únicamente 14 entidades han cumplido con la obligación de aprobarla, y esa situación la mantiene durmiendo el sueño de los justos. Es por eso que el senador del PAN, Roberto Gil Zuarth impulsa la idea de consultar no la disminución de los salarios del presidente o de otros funcionarios de alto nivel, sino para acabar con el desorden que permite por ejemplo a alcaldes ganar hasta lo doble del Presidente. Así de claro.
Créditos para apoyar a bajacalifornianos
El Infonacot que dirige César Martínez Baranda instruyó a que se otorguen créditos en forma expedita a los trabajadores de la economía formal de Baja California Sur afectados por el Huracán Odile. Por instrucciones del titular del Trabajo, Alfonso Navarrete, dispuso de más de 300 millones de pesos para ese fin como parte del Programa de Apoyo por Desastres Naturales implementado por el Instituto.
Amplia trayectoria de Velázquez Miranda
Con amplia experiencia en materia electoral llega a la presidencia del Instituto Electoral del DF Mario Velázquez Miranda. Fue secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral del DF, asesor en el extinto IFE, además de haber cursado una especialización en administración de recursos materiales en el INAP. ¿Cómo se dice? Ah, sí, ¡Enhorabuena!
Perredistas: Marcelo al banquillo
En la Cámara de Diputados hasta los perredistas ya analizan la posibilidad de que el ex mandatario capitalinoMarcelo Ebrard y otros ex funcionarios comparezca para explicar las fallas de la línea 12. Los diputados Carlos Reyes Gámiz y Roberto López Suárez explicaron que tienen que asistir a dar explicaciones todos los que participaron o construyeron el metro y no habrá un cheque para la impunidad. Sopas.
Cautela de Chuayffet
Como estarán los ánimos por el conflicto del IPN, que el secretario de Educación, Emilio Chuayffet, ha preferido no aparecer en eventos ni dar entrevistas. Ayer por ejemplo no asistió a la firma de convenio con BBVA Bancomer del programa “Becas Adelante” y no se invitó a ningún medio de comunicación a cubrirlo. Se sabe que la renuncia de Yoloxóchitl Bustamante debe llegar o venir de él, por lo que dicen que está analizando como actuar en el caso y mejor no dar adelantos.
Coneval y Sedesol, en plan amigo
Con la novedad de que dos instituciones en el pasado confrontadas ahora están en plan de colaborar. Resulta que Gonzalo Hernández Licona, secretario Ejecutivo del Coneval, avaló públicamente ante investigadores y especialistas el trabajo de la Secretaría de Desarrollo Social y le entregó a su titular, Rosario Robles, el reconocimiento “Buenas prácticas en materia de monitoreo y evaluación”. El mensaje es también que en el pasado los encargados de esa tarea no la hacían bien
:Que la marcha por el 46 aniversario del 2 de octubre solo tendrá presencia representativa de los estudiantes del IPN, quienes no lograron unificar su posición al respecto; sin embargo, en la Ciudad de México autoridades locales y federales están en alerta.
Desde muy temprano, funcionarios de la Secretaría de Gobierno del DF, encabezados por el subsecretario Juan José García Ochoa, se reunieron con integrantes del Comité del 68 para garantizar que la manifestación de hoy sea pacífica y ordenada, al tiempo que se coordinaban con las áreas de seguridad federales.
:Que quienes también tomaron sus previsiones fueron los integrantes de la Suprema Corte, al llamar a sesión en la sede alterna ante las movilizaciones estudiantiles.
En el Poder Judicial de la Federación se dice que la decisión de mudar la deliberación sobre temas electorales a San Ángel fue para no poner en riesgo al personal que trabaja en la SCJN, ante cualquier eventualidad que se pueda registrar en el Centro Histórico.
:Que hablando de la movilización de estudiantes politécnicos, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, recibió múltiples felicitaciones por su disposición al diálogo público y por la muestra de oficio político que dio en Bucareli.
Sin embargo, entre los gobernadores, el único que dio el parabién a través de Twitter fue el chiapaneco Manuel Velasco, quien se adelantó a los líderes opositores Ricardo Anaya, Jesús Zambrano y Silvano Aureoles.
:Que entre los panistas de la comisión formada en la Cámara de Diputados para dar seguimiento a la problemática de la Línea 12, descartaron ya apoyar la posibilidad de que Marcelo Ebrard acuda a comparecer ante dicha instancia junto con el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.
Y es que aseguran que ello solo beneficiaría a Ebrard, quien propuso asistir únicamente si lo hacía al mismo tiempo su sucesor.
:Que, hablando del titular del GDF, Mancera quiere convertir en ley el programa comunitario de mejoramiento barrial que opera desde 2007, en la administración de Ebrard.
En 2011 Martí Batres, como ex secretario de Desarrollo Social, se dedicó a juntar firmas para proponer a la ALDF incluirlo en la legislación, pero no tuvo éxito.
EXCÉLSIOR FRENTES POLÍTICOSI .Impunidad cero. Tras los tajantes resultados en Tlatlaya, Estado de Mexico, donde murieron 22 presuntos delincuentes, el 30 de junio, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que las Fuerzas Armadas mantienen su firme compromiso por el respeto a los derechos humanos y esta convicción, dijo, quedó demostrada con la postura asumida por el Ejército de sancionar a los elementos que pudieran haber caído en un abuso. Peña Nieto aseguró que tanto la Sedena como la PGR coadyuvarán con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para determinar la verdad jurídica del caso. La garantía de que no suceda nuevamente será ganancia.
II.Castigo modelo. Los militares acusados de causar la muerte a 22 presuntos secuestradores, en Tlatlaya, podrían permanecer internos en la prisión militar, mientras se esclarece su participación en los delitos de homicidio y exceso de la fuerza que les imputa la PGR. El penalista Juan Velázquez consideró que, ante la falta de policías profesionales y honestas en el país, se demanda a militares desempeñar labores para las que no están capacitados. El gobierno federal cumplirá para que se conozca toda la verdad. Quien debe estar preocupado es José Manzur Quiroga, secretario de Gobierno del Estado de México, que falseó información en su afán por proteger la criminal actuación de tres miembros de las Fuerzas Armadas, que no del Ejército. Quien haya mentido, que se vaya.
III.Golpe al narco. La Secretaría de la Defensa, a cargo deSalvador Cienfuegos, se apuntó ayer otro éxito al capturar, tras una investigación de once meses, a Héctor Beltrán Leyva, El H, líder del grupo de Los Beltrán Leyva, que fundó junto a sus hermanos Arturo, Alfredo y Carlos. Lo detuvieron sin un solo disparo en un restorán de San Miguel de Allende, Guanajuato. Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, recordó queEl H está relacionado con al menos 29 averiguaciones previas del orden común y federal y cuenta con tres órdenes de aprehensión por parte de la PGR. ¿Será ahora vecino de prisión de su paisano y enemigo Joaquín El Chapo Guzmán? Veremos.
IV.La salvación. Ricardo Anaya, el nuevo presidente interino del PAN, sabe que lo urgente en su tarea es reconstruir lo que Gustavo Madero dejó del partido. El nuevo líder del PAN llamó a los suyos a dejar atrás la lamentación, reconocer los errores y asumir nuevamente una vocación de poder para abanderar las demandas de la población. De paso, declinó buscar la candidatura para la gubernatura de Querétaro, con lo que dejó libre el camino al senador Francisco Domínguez. Anaya tiene la misión de salvar al partido y, a diferencia de Madero, no es movido por la ambición personal ni el protagonismo. Sabe escuchar.
V.Los platos rotos. Por la entrega incompleta de obras e irregularidades en la liquidación de la Línea 12 del Metro, el consorcio constructor ICA-Carso-Alstom fue penalizado por el GDF por cinco mil millones de pesos y, en caso de que haya un incumplimiento, podría ser inhabilitado. Hiram Almeida, contralor general, informó que la penalización impuesta al consorcio es el primer tema que se puede considerar como sanción por las obras de la Línea 12. Así, a primera instancia, suena a que algo le falta a los responsables de que millones de usuarios se hayan quedado sin su sueño dorado. ¿YMarcelo Ebrard, el creador de la idea, seguirá tan campante? Como que no se vale.
VI.Errores inadmisibles. En Iguala, territorio del edil José Luis Abarca, la policía disparó contra civiles. Alejandro Sánchez Camacho, secretario general del PRD, anunció que el PRD lo expulsará y no permitirá que este caso quede impune. Abarca ahora es prófugo de la justicia; pidió licencia por 30 días para separarse del cargo y así, facilito, se desmarcó. Armando Ríos Piter, senador, pidió investigar a fondo, porque es un caso que debe quedar claro para tranquilidad de las propias familias y de la autoridad. La izquierda nunca imaginó que sean alcaldes surgidos de sus filas quienes ordenen reprimir a estudiantes, sin medir consecuencias. Hubo seis muertos y aún hay desaparecidos. ¿Y él?
LA CRÓNICA PEPE GRILLOLlamado
La demanda compartida es que la marcha conmemorativa del 2 de octubre se realice
en paz.
Los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional han demostrado en días recientes que se puede protestar por las calles de la ciudad sin incurrir en acciones disolventes.
Nadie debe obstaculizar la libre manifestación. Nadie, tampoco, está por encima de la ley.
Las acciones de protesta y los actos delictivos son cosas distintas.
Si alguien se equivoca, que se atenga a las consecuencias. Hay que desenmascarar a
los enmascarados.
Brazo armado
Ahora resulta que todos sabían que la policía de Iguala era en realidad brazo armado del crimen organizado. Un secreto a voces.
El gobernador de Guerrero, el procurador y otros funcionarios dicen nombres, vínculos, asociaciones, apodos de la maña.
Dominan el tema.
Si todos esos policías estaban bajo sospecha, ¿ por qué los dejaron operar a sus anchas? Nadie ha respondido esta pregunta.
Complicidad, complacencia, omisión, irresponsabilidad. El problema le estalló en las manos al presidente municipal, quien no aparece, y al gobernador, cuyo puesto está prendido de alfileres.
Y del alcalde con licencia y los normalistas desaparecidos, ni sus luces.
Perro y rabia
La captura del líder del cártel de los Beltrán Leyva es una noticia estupenda.
El personal militar y los agentes de la PGR que participaron en la detención del líder del cártel de los Beltrán Leyva merecen un reconocimiento. No se les regatea.
Saber que un criminal peligroso pasará una larga temporada a la sombra genera una percepción de mayor seguridad.
En el caso del trasiego de drogas y del crimen organizado, capturado el perro no se acaba la rabia. El mal persiste.
Los jefes narcos son ricos y poderosos
porque la gente común y corriente consume lo que venden.
Si no le compran cocaína, mariguana o pastillas al “H” y sus secuaces, se las comprarán a otro.
La moraleja es: hay que voltear a ver a los consumidores. Son parte del problema y complican la solución.
Dirigente nacional
Ricardo Anaya despuntó como presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.
El joven panista aprovechó la oportunidad para posicionarse como político de grandes ligas.
No obstante, su paso por la secretaría general del PAN no deja nada, al menos nada bueno, qué recordar.
Su nombre aparecía en la prensa, pero vinculado a pasajes por demás oscuros de la grilla panista.
¿Cómo dirigente nacional del PAN saldrá a la luz o seguirá en las sombras?
pepegrillocronica@gmail.com
SIN EMBARGO CASA DE CITASLuego de días de acusaciones y evidencias no proporcionadas por medios oficiales, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, reconoció ante los medios de comunicación mexicanos y extranjeros que los 22 presuntos delincuentes asesinados el 30 de junio pasado en Tlatlaya, Estado de México, fueron ejecutados por militares. En una escena poco usual en México, Murillo Karam, junto con el Procurador de Justicia Militar, Jesús Gabriel López Benítez, describieron que los combates armados entre civiles y militares duraron entre ocho y 10 minutos, pero luego tres soldados del Batallón 102 ingresaron a la bodega donde se escondían los presuntos criminales y, aceptaron oficialmente, “realizaron una secuencia nueva de disparos que no tienen justificación alguna”. Por estos hechos, tres de los ocho militares que participaron en el supuesto enfrentamiento con 22 presuntos delincuentes en San Pedro El Limón, municipio de Tlatlaya, serán procesados por jueves civiles, independientemente del que les seguirá la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Mientras que los otros cinco siguen siendo investigados para definir su situación legal. Sin embargo, el reconocimiento de esta ejecución tumultuaria –entre ellas la de una menor de edad– por parte de miembros del Ejército se queda corta, porque no es la única en el país y ni siquiera en Tlatlaya, un municipio de unos 33 mil habitantes, que desde hace décadas es asolado por la violencia. De acuerdo con el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia, este caso es una oportunidad para el gobierno de México y para la propia Sedena de dar cuentas sobre otros casos de ejecuciones extrajudiciales. Deben servir, afirmó, para destapar otros hechos violentos ocurridos incluso en esa localidad en el pasado: “Hay varias cosas graves que han sucedido anteriormente, sobre las cuales no tenemos memoria, ni cómo se aclararon, si es que se aclararon”, afirmó el representante de la ONU en una entrevista con la Agencia Alemana de Prensa (dpa). El funcionario aseguró que en la localidad de San Pedro Limón, Tlatlaya, fue silenciada una masacre de 23 civiles cometida por un comando armado en un mercado en 2008. “Yo hablaba de un caso de hace seis años, que es algo que llama mucho la atención porque es también en Tlatlaya. Hay que aprovechar esto de ahora, con lo grave que es, para dejar cosas establecidas y no sólo hacer cosas ad hoc. Empezar por el presente pero tomar nota y responsabilidad de que hay cosas del pasado” sin aclarar, dijo. “Nadie, por lo menos hasta que me permití sugerir que en Tlatlaya han pasado cosas muy graves antes también, nadie parecía haberlo puesto en el debate actual y creo que sería muy interesante saber si (…) es que se aclaró qué pasó antes”, expuso. Pero, además, Javier Hernández informó que su oficina “ha recibido graves testimonios de los hechos” ocurridos el 30 de junio, cuando los 22 presuntos delincuentes murieron a manos de militares, y planteó que no dará detalles sobre estas declaraciones para proteger a las fuentes. “La información que tenemos a disposición nos obliga a proteger a la fuente”, afirmó. De nuevo, el gobierno mexicano fue expuesto por el abuso de poder, la falta de preparación y estrategia por parte de militares y policías en el país para enfrentar el crimen, organizado o no. El nombre de México recorre con este caso las primeras planas de los diarios y los noticieros del mundo, pues han sido importantes medios internacionales los que denunciaron la ejecución extrajudicial cometida por militares. Nuevamente, el gobierno federal y la Sedena tienen una oportunidad para impulsar los cambios institucionales, los enfoques de reacción inmediata, los cursos y protocolos que permitan mejorar acciones de seguridad pero, además, para reconocer que en otros casos, algunos sepultados por la impunidad, pueden revivirse para ejercer justicia plena. Parece un sueño, una aspiración inalcanzable, pero alguien tiene que mover esos resortes y no sólo archivar más y más casos, en deterioro de la credibilidad del Estado. Este reto no debe echarse en saco roto. México está hoy en boca del mundo por los abusos de sus autoridades contra los derechos humanos. Apenas hace unos días, el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, lo dijo claro y fuerte: en México esas son prácticas recurrentes y el gobierno está obligado a investigar y proteger a sobrevivientes y testigos. Otra respuesta es arropar la ilegalidad y mantenerse como un país que es ejemplo en la violación permanente de la justicia.
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