Guerrero, 13 de febrero. En 48 horas, tres niños estudiantes de primaria y secundaria fueron torturados y asesinados en los municipios de Iguala y de Chilapa de Álvarez. 
César Mendoza Duarte, de 15 años, estudiaba el tercer grado en la secundaria técnica Bandera Nacional de Iguala.
Su cuerpo fue hallado la tarde del martes 11 en un camino de terracería de El Tomatal, en ese municipio de la región Norte.
Reportes de la policía indican que estaba bocabajo y presentaba impactos de arma de fuego en la espalda y con las manos cercenadas.
A un lado le fueron dejadas cartulinas donde se le acusó de colocar amenazas para cancelar la feria de Iguala.
De forma paralela, en redes sociales circuló un video donde el menor aparece sometido. Dice que dos hombres, Maclovio Murillo y Alexis “El Muerto”, le habrían pagado a él 2 mil pesos y otras dos personas 5 mil pesos a cada una por colocar cartulinas y granadas de fragmentación.
La misma tarde del hallazgo, el gobierno de Iguala, encabezado por el alcalde morenista Erik Catalán Rendón, intensificó la promoción a la Feria de la Bandera Iguala 2025.
El año pasado fue suspendida por amenazas de organizaciones criminales que han tomado el control de las principales ferias del estado, que incluye la presentación de artistas, jaripeos, venta de cerveza y el cobro de piso a comerciantes y juegos mecánicos, de acuerdo con fuentes de seguridad.
La madrugada de este jueves en la colonia Fovissste de Iguala fue dejada una manta firmada por “Elementos activos de la Sedena (G.N.G.)”, donde acusan que “el mismo gobierno” entregó a César Mendoza, “un joven inocente”, para que lo mataran.
Casos de Porfirio y Mateo
En otro caso, en la zona rural del municipio de Chilapa de Álvarez, en la región Centro, este miércoles 12 fueron encontrados los cuerpos de los niños Porfirio Morales, de 12 años, y Mateo Francisco, de 14, en un camino que conduce a la comunidad de Ahuixtla.
Los menores eran originarios de la comunidad nahua de Xochitemopa.
Porfirio estudiaba el sexto grado de primaria y Mateo el segundo año de secundaria en las escuelas de su localidad.
El lunes, su rutina fue la misma. Salieron temprano a sus escuelas, regresaron a comer a sus hogares y por la tarde salieron rumbo a la comunidad vecina de Ahuixtla a recoger unas despensas para sus familias.
En el camino fueron atacados alrededor de las seis de la tarde y sus cuerpos fueron hallados al siguiente día por la mañana.
La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) informó que en la escena fueron hallados casquillos percutidos calibre R-15 y AK-47.
Los cadáveres, dijo la organización, presentaban disparos en la cabeza y huellas de tortura.
La CRAC-PF responsabilizó a las autoridades municipales y a lideres de la comunidad de San Jerónimo Palantla, además de señalar vínculos con grupos criminales de la zona.
También anunció un bloqueo de manera indefinido de las carreteras hacia los municipios José Joaquín de Herrera y la Montaña, hasta que la gobernadora morenista Evelyn Salgado les dé la cara y detenga a los responsables.
La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), en su Balance Anual 2024, informó que en el país fueron asesinadas 2 mil 243 personas entre 0 y 17 años, 456 fueron mujeres y mil 787 hombres.
Guerrero está entre los estados con mayor cantidad de homicidios contra niños y adolescentes. Encabezan la lista Guanajuato, Michoacán y el Estado de México.
Uno de los casos de mayor impacto fue eI año pasado, en Guerrero, con el secuestro de 11 comerciantes y sus familiares, originarios de la comunidad de Chautipan, en el municipio de Chilapa.
Sus cuerpos desmembrados y torturados fueron hallados el 6 de noviembre, en Chilpancingo. Entre las victimas había cuatro menores de edad.
Continúan desaparecidos seis vecinos, entre ellos un menor de edad más. Les víctimas dejaron 20 niños en la orfandad.
En el mismo año, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Guerrero (CEBP) registró a 546 personas desaparecidas, 115 son mujeres y 54 hombres menores de 18 años.
La cifra corresponde a las denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado.
Colectivos de familiares de personas desaparecidas, como Lupita Rodríguez y María Herrera, sostienen que la cifra podría ser el doble de la oficial, debido a que las familias no presentan la denuncia por amenazas y por la desconfianza a las autoridades.
La organización Tejiendo Redes Infancia criticó, en el Día de las Manos Rojas, que en el reclutamiento forzado de niños soldados el Estado mexicano sigue incumpliendo sus obligaciones para prevenir y sancionar el reclutamiento infantil.
La práctica, indica, se ha perpetuado en México durante las últimas dos décadas.
“En el contexto de la guerra contra el crimen organizado, se configura como un crimen internacional que propicia un aumento en la violencia y el trágico efecto dominó en el que las víctimas se convierten en perpetradoras”, dice la organización.
El Comité de los Derechos de los Niños de la ONU recomendó desde 2011 al Estado mexicano el reconocimiento y tipificación en el código penal del delito de reclutamiento forzado.
La creación de programas de desvinculación, rescate, inserción social y tratamiento psicológico especializado para las víctimas y la construcción de una cultura de paz desde los territorios con énfasis en las escuelas.
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