Oaxaca de Juárez, 10 de octubre. Investigadores del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) señalaron a La Razón que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) tampoco continuará con la entrega de estímulos en dicha institución.
Esta medida se suma al fin del convenio entre el organismo y la Universidad Iberoamericana por el que 150 investigadores dejarán de recibir apoyo económico a partir del 9 de noviembre, como dio a conocer ayer este medio.
El miércoles pasado, durante una reunión entre directivos del ITAM y de la Dirección General del Conacyt, prevista para renovar el convenio de apoyo a los investigadores, se notificó la cancelación del mismo, explicó Carlos Vladimir Rodríguez Caballero, investigador nivel I del área de Economía.
“La directora de Conacyt (María Elena Álvarez-Buylla) dejó plantados a los directivos del ITAM. Y la dirección del Sistema Nacional de Investigadores les comentó abiertamente que por decisiones de política pública se había llegado a la conclusión de que el Conacyt ya no iba a firmar los convenios con las universidades privadas”, expuso.
Un día después, en una junta extraordinaria, las autoridades del Instituto le notificaron a alrededor de 80 académicos esta decisión.
Rodríguez Caballero señaló que compañeros de otras instituciones educativas como el Tecnológico de Monterrey, el Centro de Estudios Espinosa Iglesias y la Universidad Iberoamericana también se vieron afectados por esta medida.
Por su parte, Felipe Curcó, investigador del Departamento de Ciencias Políticas del ITAM, aseguró que la afectación por el retiro de apoyos será de 17 millones de pesos, así como a proyectos relacionados a la investigación política, social, ingeniería, políticas públicas y económicas que se desarrollan en el centro universitario.
“Lo que veo en la medida es una confirmación de una política pública desideologizada, porque hay temas que forman parte y son centrales para el Estado, más allá de ideologías. Es una política meramente oscurantista para este Gobierno, de desprecio sistemático y violencia contra colectivos que deberían ser aliados potenciales para esta administración.
“El monto agregado de recursos que los investigadores del ITAM dejarán de recibir anualmente es de más de 17 millones de pesos cada año. Esta cifra al año es insignificante en términos de ahorro respecto al PIB anual y la cuenta pública aprobada para este año. Es decir, el beneficio que para el país representa cancelar estos apoyos es ínfimo; en cambio, el daño hecho a la ciencia e investigación del país es incalculable”, destacó.
El experto señaló que aún no hay un cálculo en torno la repercusión que esto tendrá sobre los proyectos de investigación en el ITAM. “Lo que sí puedo decir es que la forma en que el Conacyt lo hizo dejará trunca la mayor parte de estos proyectos, pues quienes recibíamos esos recursos dependíamos enteramente de ellos para realizar nuestras investigaciones. Muchas de ellas quedan abandonadas, lo que significa que los recursos que previamente se habían destinado a ellas irán a la basura”.
Por separado, Jorge Alonso Ortiz, investigador nivel I, explicó que se enteró de esta situación mediante Twitter.
“Sólo se han puesto e en contacto con las autoridades académicas de nuestras universidades. De esa forma nos ha llegado la noticia, por la espalda”, declaró.
En el caso del ITAM, estimó que esta medida afectará al menos a un centenar de investigadores de todas las áreas, con excepción de biotecnología, que había sido retirada del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
En tanto, advirtió que esta acción sólo se ha implementado en instituciones educativas particulares. Y confío en que no se extenderá al sector público.
“El Sistema Nacional de Investigadores evalúa la calidad de investigación de las personas, no a la institución a la que pertenecen. Estamos bajo el capricho de un Gobierno que no está interesado en la ciencia”, lamentó Rodríguez Caballero.
- El dato: El departamento de Comunicación Social de la Universidad La Salle respondió a La Razón que el convenio con el organismo y el SNI seguirá vigente, al menos, hasta 2021.
La Razón
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