Oaxaca de Juárez, 5 de septiembre. La violencia volvió a tocar las puertas de Santiago Sochiapan, Veracruz. Cuando la presidenta municipal María Isela “Mary” López Álvarez fue víctima de un atentado armado, el segundo en apenas dos meses.
El ataque ocurrió la tarde de este viernes, cuando un grupo de sicarios interceptó el vehículo de la alcaldesa justo a la entrada del municipio.
Según informes preliminares, una camioneta blanca con hombres armados bloqueó el paso de la edil y abrió fuego de manera directa. Gracias a la respuesta inmediata de sus escoltas, quienes repelieron la agresión, López Álvarez salió ilesa. Aunque la unidad oficial terminó con daños visibles por impactos de bala.
UN HISTORIAL DE VIOLENCIA QUE SE AGRAVA
El atentado no es un hecho aislado. El pasado 4 de julio de 2025, la misma alcaldesa sobrevivió a una agresión armada en María Lombardo, Oaxaca, en donde el entonces director de Seguridad Pública repelió el ataque pero fue herido de bala.
Más trágico aún, en diciembre de 2023, su hijo, Francisco Aguirre, fue asesinado en una emboscada también en territorio oaxaqueño. Estos hechos evidencian una persecución sistemática contra la familia López y una violencia política sostenida en la región.
ZONA EN DISPUTA: LA FRONTERA DE LA IMPUNIDAD
La zona que conecta el sur de Veracruz con el norte de Oaxaca se ha convertido en un corredor de alto riesgo, marcado por la disputa entre grupos armados, el narcotráfico y autoridades bajo fuego.
Los atentados contra funcionarios públicos no solo son cada vez más frecuentes, sino que ocurren a plena luz del día y con total impunidad.
En este contexto, la figura de la alcaldesa parece ser blanco de intereses criminales que buscan controlar territorio, rutas o influencias políticas en esta franja clave del sureste mexicano.
¿Y LA PROTECCIÓN DEL ESTADO?
Pese a los reiterados ataques, no hay información clara sobre el refuerzo de medidas de seguridad, ni sobre el avance de investigaciones judiciales.
La impunidad y la omisión de las instituciones estatales agravan la vulnerabilidad de autoridades municipales, sobre todo mujeres en el poder, que enfrentan no solo la política, sino la guerra territorial del crimen organizado.
El Imparcial
Compartir
