Oaxaca de Juárez, 19 de mayo. En octubre del año pasado, Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, confirmó que investigaba dos denuncias presentadas por particulares por presunto lavado de dinero en contra de Ricardo Gallardo Cardona, candidato del Partido Verde y el PT al gobierno de San Luis Potosí. En abril ratificó que lo estaban investigando, y que sus resultados serían presentados al Instituto Nacional Electoral. Esta semana, en la prensa de la Ciudad de México se volvieron a plantear las pesquisas en su contra. Probablemente ningún candidato a gobernador ha sido tan señalado por presuntos vínculos con la delincuencia organizada como Gallardo Cardona, y tampoco quien haya resistido tan serias imputaciones durante tanto tiempo.
Gallardo Cardona dijo que en otros años se trató de una campaña de difamación, y actualmente asegura que no ha sido requerido por ninguna autoridad, aunque es probable que obedezca a que la UIF no presente aún la denuncia en la Fiscalía General de la República, por lo que su caso todavía no avanza en el campo judicial. Sin embargo, ha pasado tanto tiempo desde que lo comenzó a investigar la UIF, tan expedita cuando se trata de opositores o críticos del gobierno, que tampoco es improbable que hayan frenado a Nieto y congelado la pesquisa, para evitar otro tropiezo de un candidato afín a Palacio Nacional.
La historia del candidato está manchada por la presunción de estar vinculado a la delincuencia organizada. En enero de 2015 fue detenido y puesto a disposición de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada acusado de transferencias ilegales por más de 200 millones de dólares a través de sus empresas entre 2012 y 2014, triangulando las operaciones por medio de una clínica de especialidades, Wong S.A. de C.V., pero fue liberado 11 meses después por falta de pruebas. Nuevas denuncias surgieron el año pasado sobre el candidato y su padre, Ricardo Gallardo Juárez, reveladas por el medio potosino Astrolabio Digital, que publicó en febrero que habrían desviado más de 700 millones de pesos del municipio de Soledad, que controlaron de 2009 a 2018, a través de 20 empresas y 19 personas.
Gallardo Cardona encabeza las preferencias electorales en San Luis Potosí. Una encuesta de principios de mayo -la última publicada en medios- de El Financiero,le dio una ventaja de dos puntos (36 a 34%) sobre Octavio Pedroza, candidato de la coalición PAN-PRI-PRD, pero con una tendencia al alza brutal (de 17% en marzo a 36%), por una caída de su adversario (de 36% a 34). Previamente, otras encuestas registradas en el Colegio de Especialistas en Democracia y Encuestas, daban una ventaja a Gallardo Cardona muy superior, que iba de 33.2% (Gabinete de Comunicación) en marzo, a 20% (De las Heras) en abril.
Los Gallardo han controlado Soledad desde 2009, y creado un grupo político llamado la “Gallardía”, que ha sido excluyente para acceder al poder en ese municipio. A lo largo de los años y con los recursos del erario, crearon una sólida estructura de movilización de voto, mediante un sistema de dádivas diseñadas para ganar clientelas electorales a través de los niños, entregándoles útiles escolares y alimentos. Diversos expertos, realizando sinapsis, lo han caracterizado como narcopopulismo, definido como el control de la política y la economía locales mediante creación de mercados ilegales, el control de los servicios municipales básicos, o actos de fuerza y violentos contra opositores. Sin embargo, hasta ahora no se les ha podido comprobar actividades relacionadas con el narcotráfico.
No obstante, las imputaciones de vinculación con el narcotráfico los han perseguido desde hace tres lustros. En 2006, cuando Gallardo Cardona buscó la alcaldía de Soledad, informaciones periodísticas señalaban que tenía lazos con Los Zetas, que en ese entonces dominaban el narcotráfico en toda esa región del país. En 2014, miembros del PRD, al que pertenecía en ese entonces, lo denunciaron en Comité Ejecutivo Nacional del partido que Gallardo Cardona por presuntamente estar relacionado con el Cártel del Noreste, que en ese mismo año se escindió de Los Zetas.
La elección para gobernador en San Luis Potosí es la que más ha llamado la atención nacional por los temores de que el narcotráfico esté involucrado en el proceso. Este miércoles, incluso, auspiciado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, se llevará a cabo un seminario virtual llamado “Gobernanza ante la criminalidad: los riesgos para las elecciones de 2021”, en donde participan varios expertos. La preocupación es grande porque, como explicó en un documento privado un grupo de investigadores que lleva tiempo analizando la violencia política en México, “el narcopopulismo prolifera en Estados con instituciones democráticas débiles, altos niveles de impunidad y descoordinación entre dependencias y niveles de gobierno”.
Las condiciones de marginación y pobreza crean la oportunidad para que los grupos criminales se consoliden como proveedores de servicios básicos, incluida la protección para comunidades y regiones, como sucedió con varios grupos de autodefensa civil alentados por el gobierno anterior en Michoacán y Guerrero. El grupo de investigadores señaló en su informe privado que el control de gobiernos locales es más fácil de alcanzar durante periodos electorales, “cuando nuevos actores políticos se encuentran en una situación de particular vulnerabilidad y exposición frente al crimen organizado”.
Los análisis de riesgo están enfocados hoy en San Luis Potosí, donde existen temores, a partir todavía de las percepciones, pero no de realidades, que llegue a la gubernatura un político ligado al narcotráfico. Lo más desconcertante es la inacción del gobierno federal, que lleva a pensar en un blindaje judicial de Gallardo Cardona al no desahogar la investigación en curso y aclarar su responsabilidad. Ante esto, como hipótesis de trabajo, sería la primera vez que un político con el narcotráfico detrás, llegue al poder por la vía de las urnas. Sería también la primera vez que un gobierno federal desoyera las denuncias de vínculos con el narco para que el crimen organizado, como en Colombia, entre por la puerta de la democracia al poder.
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