“Sólo espero que estemos con vida cuando se resuelva”: Papá de Alfredo Jiménez Mota (11:00 h)

El caso Jiménez Mota, que investigaba el auge del crimen organizado en Sonora, implica extraoficialmente a funcionarios públicos, con dos de los cuales se reunió la noche de su desaparición. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la OEA, ha determinado que la inacción gubernamental configura un ejemplo grave de impunidad y ha iniciado un procedimiento para demandar al Estado mexicano por responsabilidad internacional.

Este caso se suma a los más de 150 registrados en México de periodistas asesinados o desaparecidos desde el año 2000, lo que convierte al país en uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo, solo superado por naciones en guerra civil. De ese número, un porcentaje menor al 10% ha sido esclarecido y castigado.

“La impunidad es algo que alimenta un sentido de vulnerabilidad en el ejercicio cotidiano del periodismo”, aseguró Lourdes Lugo, ahora directora editorial de El Imparcial; en 2005, cuando Alfredo fue desaparecido, formaba parte del equipo de reporteros.

“A pesar del tiempo transcurrido, 16 años, ese sentimiento sigue siendo claro entre nosotros. Nos hace temer que puede volver a pasar, a cualquiera de nosotros. Lo mismo ocurre en las redacciones de medios de comunicación de todo el país. Los ataques siguen y siguen…es una señal de que puedes matar a un periodista y no pasa nada”, dijo Lugo.

Desde la desaparición de Jiménez Mota, añadió, “no se logra tener paz, porque no tienes explicación de lo que pasó, no tienes resultados, no sabes qué pudo haber sucedido, nada. Sólo muchas preguntas sin respuesta”.

La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene un expediente abierto, sin que se conozcan avances en las indagatorias, tampoco entrega informes a la familia del periodista desaparecido o a sus representantes legales. En contraste, testimonios recogidos por colegas de Jiménez Mota apuntan hacia la presunta complicidad en su desaparición de exfuncionarios públicos federales y locales y, como brazo ejecutor, al grupo criminal “Los Salazar”, ligado al Cártel de Sinaloa.

“El año pasado vinieron los de la FGR. Creo que pusieron a otra fiscal. Dijeron que estaban trabajando, retomando ¡22 líneas de investigación!… (pero) no sabemos nada… igual por la pandemia se olvidaron del asunto”, informó José Alfredo Jiménez Hernández, padre del periodista.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) presentó ante la CIDH, de la Organización de Estados Americanos, con sede en Washington, la demanda de exigir al Estado mexicano una respuesta al virtual cierre de las investigaciones. Tras años de revisiones y de una espera infructuosa por señales de que el caso fuera procesado con diligencia, la Comisión ha hecho un llamado perentorio por conducto de la Secretaría de Gobernación, sin resultados hasta ahora.

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos en Gobernación, abordó este tema durante una conferencia en Palacio Nacional, el pasado 8 de abril. “Hemos requerido información a la Fiscalía por la Libertad de Expresión… nos ha señalado que se reserva la información por formar parte de una averiguación; esperemos que esta fiscalía especial dé cuenta de avances en torno a este caso de desaparición…”. Encinas declinó hacer declaraciones para la elaboración de este reporte.

La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana Osuna, de la referida Secretaría de Gobernación, dijo que la FGR les entregó “una ficha muy general”. “Este es un caso emblemático, pues evidentemente (la cerrazón) se multiplica en otras investigaciones. Si no tenemos acceso al expediente, correríamos el riesgo de revictimizar a los familiares para que tengan que repetir todo lo que han dicho por años dentro de las fiscalías”. Es decir, empezar desde cero, 16 años después.

Tampoco hay un seguimiento por parte de los órganos que constitucionalmente deberían hacerlo, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual mantiene abierto el expediente 2005/1515/Q sobre la desaparición de Alfredo Jiménez Mota. Pero desde hace más de tres años no se ha pronunciado sobre la falta de justicia y avances del caso.

En este reportaje para la Alianza de Medios Mx se solicitó desde el pasado 15 de abril información sobre el estado que guarda el expediente de Alfredo Jiménez Mota a la Fiscalía General de la República, pero tampoco respondió, a pesar de que se venció el plazo legal para ello.

Tanto Gobernación como la FGR han desoído la petición de la CIDH para que la familia de Jiménez Mota o sus representantes legales tengan acceso a las investigaciones. De persistir la cerrazón oficial al respecto, la Comisión puede llevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, asentada en Costa Rica, para dar paso a un juicio que derive en una condena internacional sobre el Estado mexicano mediante sentencia con efectos vinculantes, obligatorios.

BUSCABA SER CONOCIDO

En abril de 2005 Alfredo Jiménez Mota tenía 25 años y se esforzaba en especializarse en investigaciones periodísticas sobre problemas de seguridad, incluido el narcotráfico, un problema sobre el que poco se sabía ni se publicaba mayormente en los medios de comunicación de Sonora. Primero trabajó en Sinaloa y tiempo después se incorporó a El Imparcial, en Hermosillo, el principal periódico del estado.

Los últimos reportajes que publicó se basaron en informes de inteligencia de la entonces Procuraduría General de la República que vinculaban a “Los Salazar” con el narcotráfico. En ese entonces, algunos de los integrantes de esa familia incluso aparecían en eventos sociales.

Nadie advirtió del riesgo que corría. Ni siquiera hubo una amenaza directa, apenas un policía le sugirió que tuviera cuidado. En esos días Alfredo dijo que alguien lo seguía. Una semana antes de su desaparición, refirió a su madre que tres sujetos con la cabeza rapada lo estaban siguiendo.

“Era un muchacho muy inquieto, muy en su papel de joven. Tenía temor de no lograr ser alguien. La ilusión de él era aparecer en la primera plana de los periódicos, dar a conocer su nombre nacional e internacionalmente. ‘Quiero que mucha gente me conozca’, decía por sus escritos y la valentía con la que escribía”, declaró su padre José Alfredo Jiménez Hernández.

El domingo 2 de abril el periodista había desparecido. Un día antes, una llamada telefónica a una compañera dejó un rastro: tenía una reunión con una de sus fuentes. Esa persona era Andrés Montoya García, a la sazón subdirector general del Sistema Estatal Penitenciario de Sonora y ahora abogado litigante. Él declaró que platicaron a bordo de su camioneta mientras circulaban por la ciudad, y el tema fue la liberación de un presunto narcotraficante apodado “El Estudiante”, considerado muy peligroso por las autoridades, sobre el que Jiménez Mota había publicado.

El entonces funcionario sólo declaró en dos ocasiones y aseguró que dejó al periodista en un supermercado y no supo más de él. Dijo que Alfredo le comentó que tenía que ver a otro “contacto”. Ningún otro testigo lo confirmó.

El teléfono celular del periodista muestra que la última llamada que recibió, a las 23:04 horas del sábado, fue del entonces subdelegado de la PGR en Sonora, Raúl Fernando Rojas Galván, quien, según los compañeros de Jiménez Mota, era una de sus principales fuentes de información o “contactos”. Pese a ello, Rojas Galván virtualmente no fue interrogado en las indagatorias ministeriales. Luego dejó el estado. Existen registros de que desde hace varios años es agente del Ministerio Público en el estado de México.

En los meses posteriores se reportaron varias ejecuciones en contra de “Los Salazar”. Funcionarios de la PGR aseguraron de manera extraoficial a periodistas que daban seguimiento al caso que entre las víctimas de esos asesinatos se hallaban los autores de la desaparición de Jiménez Mota, quienes lo habrían privado de la vida y luego ocultado su cadáver.

Se ignora si algo de esas presunciones figura en el expediente judicial. Las autoridades realizaron varias pesquisas en el desierto de Sonora. Y luego, nada. Nada en 16 años.

DUELO SIN FIN

Don José Alfredo, padre de Alfredo Jiménez Mota, recordó que hace 16 años, después de enterarse que había desaparecido su hijo y de que se hizo acompañar por su esposa para presentar una denuncia, le dijo a ella: “Va a ser un largo caminar para ti y para mí…”.

Pero nunca imaginé que iba a ser un camino sin final, una pena inacabable 

“Es una incertidumbre que te queda clavada toda la vida, no sabemos qué fue de él. Que te desaparezcan a un hijo es una llaga constante, que está picando todo el tiempo, no deja de sangrar. A los que murieron se les llora o se les lleva una flor. Pero así es algo muy malo; uno lo recuerda en vida, lo cree con vida. Por eso estamos luchando, a pesar de las adversidades. Sólo espero que estemos con vida cuando se resuelva”, dijo. Él tiene ahora 67 años y su esposa, doña Esperanza, 72.

-¿Cuánto tiempo seguirán pidiendo justicia?, se le preguntó a Jiménez Hernández.

“Hasta que nos muramos”, contestó.

El caso Jiménez Mota no es el único en el que participó la mafia de “Los Salazar”. En 2017, 12 años después, la periodista Miroslava Breach Velducea fue asesinada en Ciudad Juárez, Chihuahua. El atentado fue atribuido a ese mismo grupo. También existen declaraciones ministeriales que involucran en el crimen a grupos políticos de la región.

Es así como mantener en impunidad un caso abre la posibilidad de que se cometan otros más, advierte la CIDH en múltiples sentencias. Así lo explica: El Estado es responsable ante “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana, toda vez que el Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios legales disponibles, ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares”.

Ante la ausencia de justicia por la inacción del Estado mexicano en este caso, la única vía para impedir el olvido y frenar la impunidad ha sido la CIDH. El caso fue presentado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y aceptado en octubre de 2015, porque se reconoció que no es razonable el tiempo transcurrido sin que existan resultados de las indagatorias.

Ricardo Trotti, director ejecutivo de la SIP, sostuvo que el de Jiménez Mota es un caso simbólico y representativo.

Cuando no hay justicia, el Estado no está cumpliendo con lo que realmente dicta la Constitución y la institucionalidad de un país

EXIGENCIAS ANTE LA CIDH

Tras el reclamo ante la CIDH, y a fin de evitar el riesgo de una sentencia condenatoria por la parte de la Corte Iberoamericana, el Estado mexicano, por la vía de la Secretaría de Gobernación, mostró apertura a la búsqueda de lo que en la normatividad de la Comisión se denomina “solución amistosa”.

La familia de Jiménez Mota, con el acompañamiento de la SIP, ha expuesto varias exigencias para ello.

“Básicamente estamos pidiendo que se reabra el expediente, que se reanuden las investigaciones, con acceso para la familia y sus representantes legales. Un caso de desaparición no prescribe en el derecho internacional. También reformas al marco legal en este campo, como mejoras en el mecanismo federal de protección de periodistas,” explicó Ricardo Trotti.

“Desde que fue creado, estamos denunciando continuamente que ese mecanismo no tiene rigor en sus protocolos ni recursos humanos, económicos y profesionales para proteger con eficacia a los periodistas”, dijo. El referido mecanismo se halla bajo la responsabilidad del citado Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación.

También, citó Trotti, se está solicitando una reparación económica para la familia de Alfredo. Además, alguna acción simbólica por parte del Estado mexicano, como dotar con el nombre del periodista a una calle de la población en donde laboró o en la que viven sus padres.

Exigimos que no quede impune

“Lo que estamos buscando es que se haga justicia, que quede constancia que le quitaron su derecho de libertad de expresión y lo desaparecieron por lo que escribía, y eso no es justo”, añadió José Alfredo Jiménez, padre del periodista desaparecido. “Y pedimos que se haga una ley que exija más castigo y obligue a resolver estos casos”.

Esta administración llegó al gobierno hace 30 meses, en diciembre de 2018, y la SIP de inmediato solicitó a las autoridades mexicanas respuesta a las peticiones planteadas ante la CIDH.

DERECHO A LA MEMORIA

La SIP lanzó en 2020 una campaña contra la impunidad y la llamó “Lápices Inmortales”. De esta forma se honra a periodistas desaparecidos o asesinados. El de Alfredo es uno de los casos emblemáticos, al igual que el de la periodista guatemalteca Irma Flaquer y el del colombiano Carlos Lajud Catalán.

Los familiares prendas personales con ADN de los tres periodistas para la fabricación de una serie de lápices únicos. El motivo es honrar “la esencia de esos periodistas ultimados por informar la verdad”, plantea la SIP.

Ricardo Trotti explica que tener a Alfredo en la campaña busca visibilizar el caso y presionar a las autoridades mexicanas para que haya justicia. “En México hay muchísimos periodistas asesinados cuyos casos no tienen visibilidad porque no han sido investigados para determinar sus causas,” explicó. “En memoria de Alfredo, quisiéramos que la sociedad y el gobierno comprendan que la vida de un periodista es muy importante.”

“Hay momentos –sostiene Don Alfredo– que no tenemos esperanza de saber ciertamente la verdad de lo que sucedió. Ocultan muchas verdades, hay intereses ocultos. Sólo pedimos que resuelvan el caso, que lo esclarezcan, así se va a sentar un precedente si lo logran resolver y castigar a los culpables. Así, los que quieran hacer daño a los comunicadores, a los compañeros de mi hijo, lo van a pensar”.

LA AUSENCIA, UNA MARCA

La desaparición de Jiménez Mota marcó un antes y después. No sólo para los periodistas en Hermosillo, entre quienes se extendió el miedo, sino que además, por primera vez en la historia periodística de México, a través de una convocatoria de la Sociedad Interamericana de Prensa, en agosto de 2005 se reunieron en la capital sonorense los directores de los medios de todo el norte del país en lo que se conoció como Encuentro de Editores de la Frontera Norte.

La reunión no sólo fue un acto de solidaridad, sino de preocupación ante el crecimiento de los ataques contra periodistas y surgió el primer puente de comunicación y acciones específicas para defenderse de los embates a la libertad de expresión en esa región del país. Así quedó plasmado en la llamada Declaración de Hermosillo, que planteó, entre otros puntos, una exigencia a las autoridades para atender los casos, entrenamiento para periodistas, investigaciones de los ataques y una solidaridad permanente ante estos casos.

*Este reportaje fue elaborado por el equipo de periodistas e investigadores auspiciado por Alianza de Medios Mx, en la que participa Organización Editorial Mexicana (OEM).