Sarai Jiménez
Oaxaca de Juárez, 10 de junio. El Frente No a la Minería de Valles Centrales de Oaxaca, demandó respuestas del gobierno federal y una solicitud de audiencia al presidente Andrés Manuel López Obrador, para tratar los asuntos relacionados con las afectaciones del proyecto minero “San José” y las agresiones de la empresa minera Cuzcatlán hacia las comunidades que integran esta organización.
A través de una carta pública enviada al Mandatario federal, dio a conocer la decisión de sus asambleas, quienes determinaron exigir la cancelación del proyecto minero y la defensa de su territorio.
Detalló que las autoridades municipales, agrarias y comunitarias afectadas por el proyecto minero San José y concesiones mineras en territorios zapotecos y campesinos, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, autonomía, medio ambiente sano, salud, información y consentimiento, expresaban que durante 11 años, la empresa minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines ha generado un clima de tensión social, violencia y una grave contaminación del ambiente en sus regiones.
Indicó que en este periodo la empresa minera ha incurrido en una serie de violaciones a sus derechos fundamentales y de la legislación existente en el país, todo esto con el respaldo de gobiernos estatales y federales.
Lamentó que en periodos anteriores de gobierno, la omisión, colusión y corrupción imperantes permitieron el avance de este proyecto que atenta contra la vida de las comunidades, al señalar que 80 mil hectáreas de sus territorios fueron concesionadas sin su consentimiento y recordaron los agravios que han padecido:
2009. Represión de compañeras y compañeros de San José del Progreso, quienes mantenían un plantón en las instalaciones de Fortuna Silver Mines. El gobierno federal montó un operativo con más de 1200 policías contra la ciudadanía organizada.
2009. Secuestro del padre Martín y agresiones contra defensoras y defensores del territorio.
2012. Asesinatos de Bernardo Méndez y Bernardo Vásquez Sánchez, durante este año, fueron heridas con armas de fuego 8 personas más.
2016. La empresa minera, junto con colaboradoras de SEMARNAT y CONAGUA pretendieron imponer una consulta en Magdalena Ocotlán para “firmar contratos y convenios de exploración con la empresa minera Cuzcatlán S.A. de C.V.”
2017-2018. La empresa minera realizó exploraciones en los límites de las comunidades de: Monte del Toro, San Martín de los Cansecos, la Noria de Ortiz y Maguey Largo sin la autorización de las autoridades locales.
2018. Se documentaron 2 derrames de la presa de jales secos en la comunidad de Magdalena Ocotlán. Durante 5 meses la comunidad no pudo consumir agua del pozo de agua potable, hasta el momento hay incertidumbre en la región por los impactos potenciales del proyecto minero, principalmente en el agua.
2009-2018. La empresa minera utiliza una gran cantidad de agua para su proceso de separación de minerales, frente a una limitación indignante para campesinas y campesinos de la región.
2021. SEMARNAT acuerda con las autoridades de la región participar en una consulta organizada desde las comunidades. Las comunidades organizaron dos asambleas de consulta en la cual se entregaron 12 declaratorias de territorio prohibido para la minería y siete mil firmas de ciudadanas/os contra el proyecto minero. En pleno proceso de diálogo con las autoridades locales, SEMARNAT otorgó la ampliación del proyecto minero por 12 años más, desacatando la decisión de nuestras asambleas.
2022. SEGOB a través del Lic. Florencio Merino Hernández ha estado presionando a las comunidades de Monte del Toro y San Martín de los Cansecos para que participen en una reunión con la presencia de “directivos de compañía minera Cuzcatlán”, desacatando la decisión de dichas comunidades de no mantener ningún diálogo con la empresa minera. Por el contrario, hemos pedido audiencia con María Luisa Albores (Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales), hasta el momento ninguna autoridad ambiental ha explicado a las autoridades cuáles fueron los criterios técnicos, ambientales y sociales para otorgar una MIA por 12 años más.
En este contexto las asambleas comunitarias, municipales y agrarias de las comunidades determinaron no permitir ningún trabajo de prospección, exploración y explotación minera en sus territorios, con la firme convicción de que los proyectos mineros no representan ninguna opción de desarrollo para las comunidades, por lo que se articularon en el Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos desde 2015.
Las comunidades Integrantes del Frente, sostuvieron que tienen el mandato de sus asambleas para exigir la cancelación del proyecto minero San José, exigir que no se apruebe ninguna autorización en materia ambiental y exigir la cancelación de las concesiones mineras.
Por este motivo, dijeron, acudían al presidente para comunicarle de manera directa sus exigencias, a fin de que sus derechos como pueblos y comunidades indígenas de Oaxaca sean respetados y garantizados, tal y como lo ha expresado públicamente en diferentes ocasiones en sus conferencias de prensa.
Subrayaron que las asambleas demandan resultados de un gobierno “diferente”, por lo que esperaban una respuesta pronta de su parte. En caso de no existir una respuesta a su petición, advirtieron que tomarán las medidas necesarias a fin de garantizar el respeto de su derecho a la libre determinación, territorio y medio ambiente sano.
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