Oaxaca de Juárez, 14 de mayo. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación dio un voto de confianza al recientemente aprobado Sistema Nacional Anticorrupción, enviado por el Ejecutivo federal al Congreso de la Unión, confiando en que a la brevedad posible rinda resultados favorables. Consideró que los ciudadanos podrán ahora denunciar, para que se castigue, el mal uso de los recursos públicos por parte de funcionarios estatales y federales, así como los de las empresas descentralizadas. Es bien sabido que esas denuncias siempre han existido, pero que se han ignorado o se les ha dado respuestas negativas, por la complicidad que une a la clase gobernante. No obstante, el empresario declaró que “tenemos que volver a confiar en nosotros mismos, pero debe haber apoyo y colaboración con las instancias encargadas de recibir e investigar las demandas por corrupción”. Pidió a los próximos representantes populares federales conducirse con transparencia, honestidad y sobre todo compromiso con la comunidad empresarial y con la ciudadanía en general.
El dirigente de la CANACINTRA dijo que la impunidad y la corrupción deben erradicarse de fondo, porque han perjudicado mucho a las instituciones. Oaxaca es un ejemplo, porque desde el inicio del gobierno del cambio se han propiciado, con el encubrimiento de los saqueadores del sexenio gubernamental pasado y la tolerancia a los de éste, que a pesar de las múltiples denuncias y pruebas aportadas en su contra, siguen disfrutando de los bienes mal habidos y de libertad. La inutilidad de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental quedó probada con el relevo de su titular, que se fue sin pena ni gloria, sin siquiera explicar el estado en que se encontraba la dependencia, ni menos de los posibles intentos de investigar a los delincuentes del presente y del pasado. Del nuevo titular, Manuel de Jesús López López, se tienen buenas referencias por los puestos que ha desempeñado en este gobierno: procurador general de Justicia del Estado, coordinador de asesores del Ejecutivo estatal y magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, pero todo depende de la línea que lleve, si realmente se trata de investigar y consignar a los responsables o la va a hacer también de encubridor en el poco tiempo que resta al actual gobierno, que se ha caracterizado por su complicidad con el hampa oficial.
Por otro lado, para que entre en vigor el Sistema Nacional Anticorrupción hace falta la expedición de leyes reglamentarias, la instalación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y de los órganos señalados en la iniciativa, que establezcan las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones y posibles sanciones aplicables, que vendrían a quedar en lo mismo, porque siempre existirán los recursos y compromisos para no hacer valer las leyes. De todos modos, de lo que se trata ahora es de incrementar el burocratismo, de seguir fomentándolo y de cargar nuevos gastos al erario público, pues resultará muy costoso el pago de honorarios a los nuevos funcionarios, que serán tan altos como los que se ha asignado a la burocracia de primer nivel en los últimos años. En estas condiciones, es sólo optimismo y buenos deseos los que pueden hacer pensar que en poco tiempo se acabará con la corrupción y la impunidad, que con o sin el nuevo sistema serán casos muy aislados en los que se aplique, como en el del recién destituido director de CONAGUA, que no es el único que ha empleado los recursos del estado para su propio beneficio. Los funcionarios públicos siempre han dispuesto de los bienes y servicios de la nación para satisfacer sus necesidades personales, mientras sus sueldos y negocios les sirven para incrementar sus cuentas bancarias.
Las leyes existentes son suficientes para acabar con esas lacras sociales y oficiales. No hace falta recurrir a la demagogia de un sistema especial para combatirlas en caso de quererlo. Volviendo al caso Oaxaca, sólo un miembro de la pandilla de Ulises Ruiz Ortiz fue investigado, aprehendido, juzgado y sentenciado, mientras los demás andan libres disfrutando de los bienes que saquearon al estado. El propio URO se encuentra muy activo en la campaña política de sus seguidores aspirantes a una curul federal en lugar de encontrarse en la cárcel, que es en donde debe estar. El nuevo contralor tiene la oportunidad de demostrar si es cierto lo que se dice de él, que es eficiente, honrado, trabajador, honesto, responsable y buen funcionario público. Si fueron ciertas las iniciales investigaciones contra la banda ulicista, está en sus manos continuarlas e informar a la brevedad posible de los resultados. Sólo éstos podrán hacer que se dé un voto de confianza a la actual administración gubernamental, demostrándose la ineptitud de la contralora renunciada. De continuar la misma rutina burocrática, se probará la imposibilidad de acabar con la impunidad y la corrupción, la consigna generalizada de complicidad entre la clase gobernante, la ineptitud del gobierno del cambio y la falsa apreciación que se tiene del nuevo contralor como funcionario público.
Los diputados locales de las diferentes fracciones parlamentarias informaron que se disponen a analizar y discutir el dictamen con proyecto de decreto que les envía el Senado de la República, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupción. Según la forma de legislar que han adoptado nuestros flamantes diputados, es seguro que la minuta que se les envía también dormirá el sueño de los justos, como ha ocurrido con la reforma educativa, que no se ha tocado para no perjudicar a otro grupo de haraganes. Así seguirá en el estado y en el país el imperio de la corrupción y la impunidad.
abelsantiago30336@yahoo.com.mx
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