Oaxaca de Juárez, 10 de abril. Sin aval ni consulta al Consejo de la Judicatura Federal, Nacional Financiera transfirió todos los recursos de los fideicomisos del Poder Judicial a la Secretaría de Hacienda. El CJF anuncia que emprenderá las acciones legales correspondientes.
Se trata de dinero que debía usarse para indemnizar a quienes perderán su empleo por la reforma judicial. Es una confiscación disfrazada y un acto ilegal. No solo se quebranta la autonomía del PJF, sino que se vulneran derechos adquiridos de trabajadores que serán cesados por decisión de Morena. Esto no es austeridad: es saqueo institucional con fines políticos.
Compartir
