Oaxaca de Juárez, 8 de noviembre. El Senado aprobó un punto de acuerdo donde se pide a la cancillería que a nombre de la Cámara Alta solicite a la Sesión de Clemencia, Junta de Indultos y Libertad Condicional del estado de Texas la suspensión de la ejecución de la pena de muerte en contra del mexicano Rubén Cárdenas Ramírez programada para este 8 de noviembre, al considerar que se violentó su debido proceso, por lo cual se requiere revisar esas acciones.
La Cámara Alta también pidió a la Cancillería que a nombre de Senado mexicano exhorte al gobernador del estado de Texas para que dé respuesta a la petición realizada por el gobierno del estado de Guanajuato, a fin de que se convoque a una audiencia de clemencia, revisión y reconsideración en el juicio y proceso que se sigue en contra de Cárdenas Ramírez.
Desde que la Suprema Corte de Justicia de EU, se instauró la pena capital en 1976 a 2017 han sido ejecutadas mil 463 personas. De ellos 23 han sido latinos, todos hombres, en edad promedio de 39.6 años, de los cuales 11 han sido mexicanos.
Los senadores consideraron que esta ejecución constituiría una violación irreparable a los derechos fundamentales a que se refiere el artículo 36 de la Convención de Viena.
El documento presentado por la senadora panista, Pilar Ortega Martínez, considera que en el caso de Rubén Cárdenas hay suficientes evidencias, señaladas por órganos internacionales de derechos humanos, que refieren la violación a las normas mínimas del debido proceso y de un juicio justo del mexicano.
La senadora Dolores Padierna acusó que el proceso contra Cárdenas ha estado marcado por obstáculos y dilaciones que rayan en la ilegalidad por parte de la justicia del estado de Texas.
La situación de Cárdenas Ramírez —recordó— se enmarca en el muy conocido “Caso Avena”, como se conoce a la resolución de la Corte Internacional de Justicia, que dio la razón a México en los casos de cinco decenas de mexicanos a quienes se había negado el derecho a la asistencia consular.
La resolución de 2004, que suponía la reposición de los procesos judiciales, fue aceptada por el gobierno de Estados Unidos, aunque años más tarde, la Suprema Corte de Justicia de ese país determinó que no había manera de hacerla cumplir.
Durante estos años, organismos internacionales entre ellos Aministía Internacional, han documentado con amplitud que los derechos de Cárdenas Ramírez fueron violados desde el momento de su detención, por ejemplo, no tuvo un abogado durante nueve días, y sólo consiguió que le fueran ofrecidos los servicios de un defensor cuando hizo la solicitud ante un notario público.
Amnistía Internacional, que se ha interesado en este caso, ha dicho que “la fiscalía se basó en pruebas que, según los estándares actuales, se considerarían sumamente poco fiables”. Además, la petición de los abogados de Cárdenas Ramírez para que se realizaran exámenes de ADN a las pruebas del homicidio del que fue acusado, no obtuvo respuesta.
Asimismo como ciudadano mexicano tenía derecho a ponerse en contacto con el consulado y recibir asistencia. Este derecho también le fue negado.
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