Oaxaca de Juárez, 8 de abril. El Pleno del Senado de la República no reunió la mayoría calificada que se requería para aprobar el acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que incluía el nombramiento de magistradas y magistrados de los órganos jurisdiccionales en materia electoral de 30 entidades federativas. 
En votación por cédula, el acuerdo obtuvo 72 votos a favor, 38 en contra y dos abstenciones, por lo que al no alcanzar las dos terceras partes de los senadores presentes en la asamblea, el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, pidió “comunicarlo a la Jucopo para que, de conformidad con el acuerdo respectivo, a la brevedad, presenten una nueva propuesta”.
Previamente, el senador Cuauhtémoc Ochoa Fernández, de Morena, leyó diversos resolutivos para explicar su desahogo; además, precisó las entidades federativas y los nombres de las personas propuestas para ocupar el cargo de magistrados en órganos jurisdiccionales en materia electoral, quienes estarán en el cargo por siete años.
Al referirse al acuerdo, desde tribuna, la senadora Lilia Margarita Valdez Martínez, de Morena, señaló que en la legislatura pasada no hubo un acuerdo sobre este tema, porque el “PRIAN quería su cuota”. Por eso ahora “celebramos” que se hayan inscrito más de mil aspirantes, quienes tuvieron el valor de acudir a una convocatoria “y estoy segura de que cualquiera de ellos va a defender las elecciones en su estado”.
María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del PAN, comentó que la convocatoria al proceso de selección y las comparecencias de los más de mil aspirantes fueron “una simulación y una farsa”, pues, sostuvo, “ya se había elegido previamente” a quienes van a ser magistradas o magistrados; advirtió que esto se debe a que Morena busca tener el control total de las autoridades electorales.
Por el PRI, Carolina Viggiano Austria lamentó que las y los magistrados no tendrán legitimidad, pues tendrán “proclividad a obedecer” y a “someterse al poder”; por ello, adelantó que su partido va a vigilar a cada uno de esos funcionarios judiciales y denunciará ante la ciudadanía lo que sean capaces de hacer “por dinero o por amenazas”.
Waldo Fernández González, del PVEM, rechazó los señalamientos de que una fuerza política se va a “agandallar” espacios en el Poder Judicial, pues, al contrario, se devuelve a las personas el poder de elegir; “teniendo nosotros la posibilidad de elegir todo, le regresamos al pueblo de México la posibilidad de que ellos puedan elegir a sus jueces y magistrados. Eso es importante para la historia del país”.
Del PT, Lizeth Sánchez García expresó que elegir magistrados locales con criterios claros y apegados a los principios constitucionales es una tarea de la mayor relevancia, ya que los tribunales electorales locales son pieza clave en la solución de conflictos, vigilancia de la legalidad de los procesos y en la garantía de los derechos políticos de la ciudadanía.
Por Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales Magdaleno aseguró que el acuerdo desconoce el trabajo que realizó la Comisión de Justicia, “echaron abajo 170 horas de trabajo y cinco días ininterrumpidos que muchos atendimos de manera seria y responsable, y por desgracia quedaron fuera gente valiosa”.
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