La Silla Rota
Oaxaca de Juárez, 26 de marzo. El 26 de septiembre de 2014 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa se trasladaron a Iguala para “botear” con el objetivo de transportarse a la Ciudad de México a la conmemoración de la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco. Esa noche fueron atacados a balazos por policías municipales, lo que dejó un saldo de seis muertas, decenas de heridos y la desaparición de 43 estudiantes, y a seis meses del incidente armado todavía existen pendientes en la investigación, por lo que el caso no pude ni debe ser cerrado.
Modificar los planes de búsqueda con vida de los normalistas, investigar la omisión o participación del Batallón 27 de Infantería, tipificar el delito como desaparición forzada, atención a las víctimas, detención de implicados en la agresión armada y el esclarecimiento del asesinato del estudiante Julio César Mondragón, son algunos cabos sueltos en la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR).
Y es que a partir de las declaraciones de tres presuntos sicarios del grupo criminal Guerrero Unidos quienes presuntamente habrían recibidos de los agentes municipales al grupo de 43 normalistas para luego matarlos, quemarlos destrozar sus cenizas y arrojarlas al río San Juan en Cocula, la PGR ha basado la investigación y sentenciado la “verdad histórica”.
A seis meses del ataque armado contra los normalistas de Ayotzinapa, las autoridades mexicanas tienen varios pendientes sobre la investigación del paradero de los jóvenes estudiantes que contribuirían a esclarecer los hechos de Iguala y que hoy recuperamos en La Silla Rota.
Buscar con vida a los 43 normalistas
El 29 de octubre de 2014 el presidente Enrique Peña Nieto firmó una serie de acuerdos ante los familiares de los desparecidos de Ayotzinapa, entre ellos se comprometía a buscar con vida y no sólo en fosas a los jóvenes desaparecidos.
“Primero. El Gobierno de la República profundizará y, en su caso, rediseñará el Plan de Búsqueda que la Secretaría de Gobernación presentó a padres de familia, estudiantes, abogados y representantes de organizaciones civiles, en relación con los hechos referidos, y que detalla las acciones realizadas y la estrategia que seguirán las distintas dependencias del Ejecutivo Federal para la búsqueda y localización de los 43 estudiantes de la Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’ de Ayotzinapa. El objeto es intensificar dichas acciones, y en especial, centrarlas en la búsqueda con vida a las personas desaparecidas, lo anterior, con independencia de continuar con las líneas de investigación que se realizan por la Procuraduría General de la República en relación con dichos hechos”, así quedó asentado en la residencia oficial de Los Pinos.
Una semana después, el entonces procurador Jesús Murillo Karam reveló la “verdad histórica” de la presunta muerte de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El 7 de noviembre de 2014 en la famosa conferencia de prensa recordada por el “ya me cansé” del procurador ante los cuestionamientos de la prensa nacional e internacional, dijo que los jóvenes habrían sido asesinados y calcinados en un basurero de Cocula, según declaraciones de tres detenidos y presuntos integrantes de la organización criminal Guerreros Unidos.
Murillo Karam aseguró que los testimonios, aunados al resto de las investigaciones apuntaban al homicidio de un amplio número de personas en la zona de Cocula, sin asegurar que se trate de los normalistas pues, dijo, debe esperar las pruebas de ADN.
“Para poder determinar que son los estudiantes necesito acumular las formas de identificación que puedan darse. Hay muchos indicios, que nos podrían indicar que son, pero la obligación de la autoridad que tiene como función, la clara identificación de las cosas nos obliga a mantener la investigación hasta que tengamos una plenitud total”, dijo durante aquella conferencia.
El 7 de diciembre de 2014, Murillo Karam se presentó nuevamente en conferencia de prensa para confirmar los resultados de las pruebas científicas realizadas por la Universidad de Innsbruck, sobre la identificación de los restos óseos encontrados en el basurero correspondían a Alexander Mora Venancio, y reforzó la versión expuesta un mes antes sobre que las investigaciones apuntaban al homicidio de un amplio número de personas en la zona de Cocula, porque los presuntos integrantes de Guerrero Unidos señalaron que quemaron a más de “40” personas. De esa posición ya no se movió el gobierno federal.
Horas después en un comunicado fechado el 7 de diciembre el Equipo Argentino de Antropología Forense –que participan en la investigación- aclaró “que no fue testigo del hallazgo del fragmento que culminó en esta identificación” de Alexander Mora Venancio, sino que lo proporcionó la propia PGR.
“Según indicó PGR al EAAF, el fragmento en cuestión fue encontrado en una bolsa de plástico recuperada por buzos de la Policía Federal del río San Juan, que fue entregada posteriormente a peritos de la PGR. El EAAF no estuvo presente en el momento en que buzos y peritos de PGR recuperaron dicha bolsa ni participó en el hallazgo de dicho fragmento. El EAAF fue convocado por la PGR al lugar cuando ya se encontraba la bolsa de restos abierta y la muestra en cuestión ya se encontraba junto con otras sobre un área de limpieza. El EAAF participó en otros hallazgos de restos a la vera de dicho río junto a peritos de PGR”, señaló el equipo argentino.
Y aclaró que “en opinión del EAAF por el momento no hay suficiente certidumbre científica o evidencia física de que los restos recuperados en el río San Juan por peritos de PGR y en parte por el EAAF, correspondan a aquellos retirados del basurero de Cocula, como indicaron los inculpados por PGR”.
El 17 de enero de 2015 el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que entre sus atribuciones estaba la elaboración de planes de búsqueda en vida de los 43 normalistas desaparecidos.
Casi dos meses después, el 19 de marzo de 2015 el grupo de expertos presentó su primer informe en el que exhortó al gobierno de México a continuar las acciones de búsqueda de los 43 jóvenes de Ayotzinapa.
La búsqueda con vida no sigue por parte de las autoridades, mientras que en octubre de 2014 se enviaron a 10 mil federales a buscar a los normalistas, ese número se redujo considerablemente y hoy sólo realizan labores de patrulla en los municipios de Guerrero donde asumieren las tareas de seguridad pública.
Investigar al Batallón 27
La Procuraduría General de la República (PGR) aseguró que el Batallón 27 de Infantería no salió del cuartel la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 a las calles, que no se enteró del ataque armado y ni del “levantón” que sufrió un grupo de estudiantes a manos de policías municipales.
Desde el principio de la investigación, Omar García, normalista que sobrevivió a la agresión armada señaló que esa noche hubo presencia de personal castrense en las calles de Iguala, sin embargo, la PGR descartó las declaraciones y señaló que elementos del Batallón 27 de Infantería no salieron de las instalaciones militares.
El 25 de febrero de 2015 el periódico Milenio publicó fotografías que confirman la presencia de los soldados en la clínica “Cristina”, así como partes militares, novedades, mensajes urgentes y bitácoras, lo que demuestra que estaban al tanto de todo lo que acontecía en Iguala aquella noche.
“(Las fotografías) son una evidencia de que ellos (los elementos del ejército) estuvieron patrullando, de que estuvieron en el lugar de los hechos, que estuvieron en Iguala en los momentos y en las horas que se cometió la agresión, pero no sólo eso, hay otros testimonios que también dan un elemento previo y contextual en el que dicen que el ejército tenía conocimiento de la operación de Guerreros Unidos y de la colusión de este con el presidente municipal (José Luis Abarca) y que protegieron y solaparon a este grupo delincuencial, esos dos elementos son fundamentales para abrir una línea de investigación”, explicó en entrevista telefónica con La Silla Rota Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Los integrantes Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes (GIEI) ya solicitaron a través de la Cancillería una entrevista con el personal militar del Batallón 27 de Iguala.
La confirmación de la presencia de elementos militar la noche de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa obliga a una revisión del expediente y a abrir una línea de investigación hacía la posible participación u omisión del personal castrenses, como lo han solicitado familiares de los normalistas y organizaciones como Amnistía Internacional.
Desaparición forzada
Las autoridades en México se han negado a tratar la investigación del caso Ayotzinapa como desaparición forzada a pesar de que existen elementos y evidencias que muestras la participación de agentes del Estado.
El 19 de marzo de 2014 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al gobierno de México tratar la investigación de los normalistas de Ayotzinapa como un caso de “desaparición forzada”, reclasificar los delitos de homicidio y delincuencia organizada para los detenidos del caso, sin embargo, las autoridades se han negado.
“El licenciado a cargo de la investigación (de la PGR) intentó clasificarlos como desaparición forzada, pero el juez desestimó dicha clasificación”, aseguró Ángela Buitrago, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes creado por la CIDH.
Además organismos internacionales como el Comité contra Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Human Rights Watch, Amnistía Internacional, entre otros, has manifestado su preocupación por estudiar los casos de desaparición forzada en México.
El grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos urgieron al Senado a que se legisle y se apruebe la Ley General para Prevenir y Sancionar la Desaparición Forzada de Personas.
Ninguno de los detenidos tiene cargos de desaparición forzada.
Atención a víctimas
En el Salón Manuel Ávila Camacho de la residencia oficial de Los Pinos, el presidente Enrique Peña Nieto firmó un acuerdo donde el comprometía a brindar atención a las víctimas del ataque armado la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, así lo revelaron los integrantes del GIEI. El primer mandatario se comprometió a:
“Séptimo. El Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Gobernación, ha presentado un Plan de Atención Victimal en relación a los hechos materia de esta minuta, y los representantes de las víctimas han acordado que la próxima semana darán respuesta a dicho Plan.
“Con independencia de lo anterior, el Gobierno de la República, en los términos de lo dispuesto en la Constitución, los Tratados Internacionales y la Ley General de Víctimas, se compromete a la reparación integral del daño respecto de las víctimas u ofendidos de las personas fallecidas en los hechos.
“Octavo. El Gobierno de la República, en los términos de lo dispuesto en la Constitución, los Tratados Internacionales y la Ley General de Víctimas, se compromete a continuar con la prestación de toda la atención médica que sea necesaria hasta el total restablecimiento de las personas que resultaron lesionadas por los hechos materia de esta minuta, en especial, los estudiantes Edgar Andrés Vargas y Aldo Gutiérrez Solano”.
El 19 de marzo de 2015 los integrantes Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes exhibieron que el gobierno de México dejó de brindar apoyo ni atención médica a familiares ni víctimas.
“…de forma urgente, se encuentra la reactivación de la atención médica para los familiares que desde hace casi 6 meses están concentrados en la Escuela Normal de Ayotzinapa, la dotación de medicamentos y el establecimiento de mecanismos de referencia, en caso necesario, hacia otros niveles de atención sanitaria. La situación también ha afectado la salud de familiares que no están en la escuela, por lo que es conveniente articular un mecanismo de atención de sus necesidades, en el sentido de la Ley de Víctimas y los estándares internacionales y mejores prácticas para atender casos de violaciones de derechos humanos”, señalaron en un informe.
Al gobierno de México también se le olvidó vigilar la salud de uno de los jóvenes que resultó herido en Iguala, por eso el grupo de expertos solicitó nuevamente el apoyo.
“Una demanda específica de salud que hemos hecho a las autoridades de México, a través de la Cancillería, es agilizar el contar con una segunda opinión y una evaluación clínica de un especialista en neurología para el normalista Aldo Gutiérrez Solano, quien se encuentra en coma como consecuencia de las heridas de bala que le causó la policía municipal de Iguala. Esta petición ya había sido hecha por la familia desde hace tres meses”, pide la CIDH.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se comprometió a acatar las recomendaciones que en su momento realice el Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas Independientes, pero hasta su evaluación final.
Detención de implicados
Dentro de las indagatorias de la Procuraduría General de la República hay más de 100 detenidos, sin embargo, todavía faltan aprehensiones claves que podrían ayudar a cambiar el rumbo de la investigación.
Falta el aseguramiento del secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Velázquez, que está involucrado por supuestamente haber entregado a los jóvenes al cartel de Guerreros Unidos; además de su subalterno Francisco Salgado Valladares.
Otro presunto delincuente que no ha sido capturado es Gildardo Astudillo “El Cabo Gil” personaje a quien la propia PGR asigna gran relevancia en su versión de los hechos.
También falta uno apodado “El Chucky”, quien de acuerdo con declaraciones de los detenidos, le dijo a su jefe de Guerreros Unidos que los estudiantes eran de la banda criminal conocida como Los Rojos. Así como otro líder de los Guerreros Unidos, Ángel Casarrubias Salgado “El Mochomo”.
El gobierno de México se ha mostrado incapaz para detener a quienes según su hipótesis serían responsables.
La muerte de Julio César Mondragón
La PGR no ha aclarado el homicidio del normalista Julio César Mondragón, cuyo joven cuerpo desollado fue encontrado en las inmediaciones de donde ocurrieron los hechos.
La PGR detuvo el 26 de febrero del 2015 al policía municipal de Iguala, Luis Francisco Martínez Díaz, a quien le atribuye la responsabilidad directa y absoluta de la tortura y homicidio de Julio César. Las autoridades no han dicho más, sigue sin aportar pruebas o evidencias que sustenten y fortalezcan esta versión.
En Guerrero existen dos averiguaciones previas, una por homicidio calificado y otra por delincuencia organizada, que no corresponden a la naturaleza de los sucesos. Las técnicas de tortura que fueron utilizadas para despojar a Julio César de su rostro son enseñadas, mecanizadas y planificadas. La agresión que padeció el normalista no es producto del impulso individual ni pudo haber sido realizada por una sola persona.
La detención de Luis Francisco Martínez Díaz, no resuelve el crimen cometido contra Julio César. El esclarecimiento de este homicidio es clave para conocer el móvil del porqué fueron levantados los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La investigación de la muerte de Julio César debe tratarse como un acto de tortura y ejecución extrajudicial, no como homicidio calificado, ya que fue perpetrado por un agente del Estado –un policía municipal-, según la propia versión de la PGR.
Estas seis fallas u omisiones de las autoridades mexicanas vulneran el derecho a la verdad, la justicia, la seguridad jurídica y la procuración de justicia de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, así como el de las familias de los tres estudiantes muertos y las dos familias de los jóvenes hospitalizados de gravedad.
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