Oaxaca de Juárez, 4 de agosto. “Es momento de ordenar”, declaró la gobernadora de Veracruz, Norma Rocío Nahle García, sobre la Ley de Telecomunicaciones, la cual negó que sea censura. 
Respaldó la idea de hacer un censo de periodistas. “Ustedes aquí dijeron que había que hacer el censo de los periodistas, me pareció excelente. Que la comisión de periodistas haga su censo y todo lo demás; así debe ser”.
Y retomó sobre la Ley de Telecomunicaciones que ha causado revuelo a nivel nacional.
“Como nunca en la historia de México —desde hace ocho años— hay libertad de expresión. Donde un presidente de la república, o presidenta, todos los días se expone en la mañana a un debate, prácticamente, con medios de comunicación, informando qué pasa en el país y contestando las preguntas a los medios”, dijo sobre la Ley de Telecomunicaciones.
“Pero, como en todo, debe de haber orden. Cuando se cruza la línea; difamaciones y mentiras, o manipulaciones, hay afectaciones a la sociedad y a terceras personas, y se pierde el profesionalismo y la ética del comunicador y del periodista”, sostuvo la mandataria durante su conferencia de prensa de este lunes 3 de agosto.
“A mí cuando alguien me pregunta, pues yo contesto, yo no estoy diciendo eres periodista, no eres periodista; yo tengo que, pues, contestarle a todos los veracruzanos. Sin embargo, también es momento de ordenar. Es momento de retomar la ética en una profesión tan noble como es ser periodista”.
Dijo que en la legislación participaron diversos sectores vinculados a la radiodifusión y las telecomunicaciones, por lo que negó que se busque acotar el trabajo periodístico. “Se hizo una ley donde trabajaron todos, donde estuvo la Cámara de la Radio y la industria televisiva. Se hizo la ley y ahora vienen los lineamientos. Están haciendo los lineamientos y, con base en la ley que se aprobó por todos, salen los lineamientos y empezaron a decir que había censura. No, eso no es cierto”.
Opinó sobre lo que debería ser el periodismo: “Como en todo, debe haber orden. Cuando hay un exceso, cuando se cruza la línea con difamaciones, mentiras o manipulaciones, hay afectaciones a la sociedad y a terceras personas, y se pierde el profesionalismo y la ética del comunicador y del periodista”.
Nahle García se convertiría en la cuarta gobernadora en el último año señalada por apoyar públicamente ideas para intervenir en el ejercicio del periodismo.
OTROS GOBERNADORES SEÑALADOS POR FAVORECER LA CENSURA
Alejandro Armenta Mier (gobernador de Puebla) 
Interpuso en 2025 una reforma al artículo 480 del Código Penal de Puebla, que tipificó el “ciberasedio” (insultar, injuriar, ofender o vejar de forma insistente por medios digitales, con penas de 11 meses a 3 años de prisión y hasta 300 días de multa); se publicó en el Periódico Oficial del Estado el 16 de junio de 2025.
La iniciativa había sido presentada en noviembre de 2024 por José Luis García Parra —entonces diputado, hoy coordinador del gabinete de Armenta—.
Organizaciones como Artículo 19, la Red de Periodistas de Puebla y la CNDH cuestionaron la ambigüedad de la norma; la CNDH pidió formalmente al gobierno de Puebla revisar el artículo 480.
La oposición (PAN) y diversos activistas y medios nacionales la bautizaron como la “Ley Mordaza” o “Ley Censura”.
El 24 de junio de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió la ley como una norma contra el ciberacoso “que ya existe en Nuevo León, en Coahuila y otros estados”, rechazó que buscara censurar y pidió que se aclarara explícitamente que no aplicaría a servidores públicos.
El 14 de abril de 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el artículo 480 por seis votos contra tres, tras acciones de inconstitucionalidad promovidas por el PAN y la CNDH, al considerar que su redacción era ambigua y violaba el principio de legalidad y la libertad de expresión.
El fallo dejó sin efecto, de forma retroactiva, todas las carpetas de investigación y sanciones basadas en ese artículo.
Salomón Jara Cruz (gobernador de Oaxaca) 
El 20 de julio de 2026, Jara adelantó en su conferencia de prensa matutina que evaluaba crear un “catálogo” de medios que “odian” a su gobierno, para dejar de responder sus preguntas.
“El que odia ya no piensa […] ya no tiene ni pensamiento ni tiene sentimiento, porque es por odio”, declaró.
El video de esa conferencia fue borrado posteriormente de las cuentas oficiales.
El suceso se interpretó como una amenaza a la libertad de expresión y al derecho a la información, por sitios digitales oaxaqueños y organizaciones de prensa.
Dos días después, el 22 de julio de 2026, el periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar, de 58 años, fue asesinado a balazos mientras desayunaba en San Pablo Etla, por sujetos armados en motocicleta.
Leyva Aguilar era uno de los periodistas más críticos del gobierno de Jara y el 13 de julio de 2026 señaló en su columna “El Zumbido del Moscardón” presuntos vínculos entre el gobernador y el Cártel de Sinaloa en torno a la sucesión estatal.
La FGR atrajo la investigación a través de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos. Jara rechazó pedir licencia mientras se investiga, argumentando que no hay pruebas que lo señalan directamente.
Fue el séptimo periodista asesinado en México en 2026, según la SIP, que exigió una investigación exhaustiva. El PRI y el Foro Nacional de Periodistas también condenaron el crimen.
Ricardo Gallardo Cardona (gobernador de San Luis Potosí) 
En octubre de 2025 circularon videos —presuntamente alterados con inteligencia artificial— en los que hombres armados identificados como integrantes del crimen organizado señalaban a Gallardo y a la Guardia Civil Estatal de tener nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Gallardo negó las acusaciones y las atribuyó a inteligencia artificial. En noviembre de 2025, el Congreso de San Luis Potosí aprobó una reforma al Código Penal estatal a los artículos 187 Ter, 272 Bis y 272 Ter, impulsada por el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Héctor Serrano Cortés.
A esta iniciativa se le conoció como la “Ley Serrano” o “Ley IA” y tipificaría tres delitos: manipulación de identidad mediante IA, manipulación institucional mediante IA y difusión dolosa de desinformación generada con IA, con penas de 1 a 8 años de prisión.
En mayo de 2026 se detuvo, con base en esta ley, a la periodista Eréndira Reyes Aguillón (San Wicho Times) y a su hija Alejandra Hermosillo (comunicadora y funcionaria pública), así como al creador de contenido Christian Herrera.
La Fiscalía estatal emitió además órdenes de aprehensión contra al menos ocho periodistas más, según Artículo 19.
El caso de Reyes/Hermosillo estaría vinculado a un montaje que mostraba a la senadora Ruth González Silva (PVEM, esposa del gobernador Ricardo Gallardo y aspirante del PVEM a la gubernatura en 2027) junto al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien fue acusado por Estados Unidos de vínculos con el narcotráfico.
A finales de abril de 2026, empezó a circular en redes sociales una imagen —presuntamente generada con inteligencia artificial— en la que aparecía la senadora Ruth González Silva (PVEM, esposa del gobernador Ricardo Gallardo y aspirante del PVEM a la gubernatura en 2027) junto al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien fue acusado por Estados Unidos de vínculos con el narcotráfico.
Organizaciones como Artículo 19, el Comité de Protección a Periodistas (CPJ), CIMAC, Propuesta Cívica, la Red Nacional de Periodistas y Reporteros Sin Fronteras emitieron un comunicado conjunto denunciando persecución de periodistas críticos bajo esta ley. El CPJ pidió retirar los cargos contra Reyes y Hermosillo.
Según un análisis citado por medios locales, el Congreso potosino aprobó en un lapso de dos años otras reformas de alta penalización relacionadas: “halconeo digital” (hasta 12 años, mayo 2025) y difusión de “mensajes intimidatorios” (hasta 5 años, mayo 2026), lo que Artículo 19 describe como un patrón de leyes ambiguas con efecto criminalizador sobre el periodismo.
El Congreso de San Luis Potosí derogó totalmente la “Ley Serrano” el jueves 30 de julio de 2026.
@emeequis
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