Oaxaca de Juárez, 17 de marzo. El Gobierno de México presentó este martes el denominado “Plan B” de la reforma electoral, una iniciativa que busca reducir el gasto público en instituciones políticas y reconfigurar algunos mecanismos de participación ciudadana.
Durante la presentación, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, detalló que uno de los ejes centrales del proyecto es la reducción de privilegios en distintos niveles de gobierno, con el objetivo de destinar mayores recursos a obras de infraestructura.
Entre las medidas destaca la disminución del número de regidurías en los municipios, así como la limitación a una sola sindicatura por ayuntamiento. En el ámbito legislativo local, se plantea establecer un tope presupuestal equivalente al 0.70% del gasto total de cada entidad para los congresos estatales.
Asimismo, la propuesta contempla ajustes en los órganos electorales. Consejeros, magistrados y altos funcionarios no podrán percibir salarios superiores a los de la Presidencia de la República, además de eliminar prestaciones adicionales como bonos o seguros médicos privados.
En el caso del Senado, se proyecta una reducción progresiva del gasto de hasta un 15%, como parte de la política de austeridad impulsada por la administración federal.
Otro de los puntos incluidos en el plan es el fortalecimiento de la figura de la revocación de mandato. De acuerdo con lo expuesto, este ejercicio se llevaría a cabo el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno, dependiendo del momento en que se solicite, mientras que ahora solo se establecía para el cuarto año del mandato.
El Ejecutivo sostiene que los ahorros generados por estos recortes serán canalizados a proyectos de infraestructura pública en estados y municipios, aunque la propuesta ya anticipa un nuevo debate político sobre el alcance de la austeridad y su impacto en el funcionamiento de las instituciones democráticas.
En el plano normativo, el “Plan B” también introduce modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, con ajustes enfocados en salarios, fiscalización y procesos de conteo electoral.
Entre los cambios más relevantes se encuentra la imposición de topes a las remuneraciones de consejeros y altos funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), así como de los integrantes de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) y de los tribunales electorales estatales, alineándolos con la política de austeridad del Gobierno federal.
La propuesta también plantea acelerar los procesos de cómputo electoral. Tanto en elecciones federales como locales, el conteo de votos iniciaría al concluir la jornada electoral, conforme lleguen los primeros paquetes a los centros de cómputo, lo que, según autoridades, permitiría mayor agilidad en la entrega de resultados.
En materia de fiscalización, se contempla fortalecer la coordinación institucional mediante convenios con diversas autoridades, así como incorporar herramientas tecnológicas para mejorar la supervisión de los recursos utilizados por partidos y candidatos.
Estos ajustes, de acuerdo con el Gobierno, buscan modernizar el sistema electoral y reducir costos operativos.
La presidenta señaló que esta misma tarde se enviará al Senado esta nueva iniciativa luego de que la primera propuesta no obtuviera el respaldo necesario. Además dijo que aunque no salió la reforma constitucional insistirá en el tema de la reducción del gasto y de los plurinominales.
Publimetro
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