Milenio
Oaxaca de Juárez, 22 de marzo. La añeja problemática de los jornaleros en el valle de San Quintín, en Baja California, se renovó en los últimos días. Las protestas por explotación laboral y las precarias condiciones de vida que enfrentan los trabajadores agrícolas han sido muchas, pero tal vez ninguna como ésta.
Una carretera bloqueada y desalojada casi un día después. Comercios saqueados y quemados. Más de 200 detenidos durante un par de enfrentamientos con la policía local: en apenas unas horas explotó un conflicto histórico en esta ciudad costera de Baja California.
“Es un problema de años, de siempre. Tan sencillo pero tan profundo y nadie se ha preocupado en darle solución”, asegura Fidel Sánchez, líder de la Alianza de Organizaciones por la Justicia Social.
Pero ahora los trabajadores agrícolas, en su mayoría indígenas de Oaxaca y Guerrero, sentaron al gobernador panista, Francisco Vega, para recordarle que durante ocho o nueve horas piscan fresa, frambuesa o cualquier otro fruto o verdura que se produzca en los campos en los que laboran por 120 pesos al día.
Cifra que en la realidad se convierte en 70 pesos con 10 centavos, pues en esos 120 pesos están integradas todas sus prestaciones de ley.
“Simplemente para la canasta básica en un mercado la cartera de huevo está en 80 pesos, dime qué haces con 120 si tienes que mantener a tu familia, a los niños darles educación, es injusto, no alcanza. Eso es lo que estamos peleando”, exclama Melquiades, uno de los jornaleros que desde el miércoles permanece frente al Centro de Gobierno del valle de San Quintín.
Pero también están las condiciones de vida. Muchos ya han podido establecerse en la población, pero otros tienen que rentar cuarterías por 450 pesos al mes; hay otras más económicas de 500 por dos meses: se trata de apenas un cuarto de tabique sin puerta, techos de lámina y baños y regaderas comunes en cuartos de madera. Ahí viven. Ahí sobreviven.
“Venimos a luchar, a ver qué pasa. Uno como gente pobre tiene que buscarle dónde hay para mantener a los niños”, dice don José, originario de Chilapa, Guerrero, y quien viene al menos dos veces al año al valle de San Quintín para trabajar en los campos agrícolas.
Es por ello que los representantes de los jornaleros en las mesas de negociación que mantienen desde el miércoles pasado con autoridades federales, estatales y sindicales le explicaron al gobernador, graduado como administrador de empresas, que no les alcanza para vivir.
Ellos plantean que el salario mínimo sea de 300 pesos, no solo para los jornaleros, sino para todos los trabajadores del estado.
“Estamos proponiendo que sea un salario mínimo estatal, equivalente a 4.5 de salario mínimo en Baja California, debido a que lo que venimos recibiendo, de 120 pesos, es lo mismo que desde hace 15 años, a qué costo, a qué sacrificio”, puntualiza Sánchez.
Este paro de labores también ha afectado a las empresas. Firmas como Berrymex y Agrícola Baja han detenido sus producciones; en la segunda incluso negaron el acceso a los jornaleros que querían ingresar. Hasta que resuelvan sus líderes, les dice un ranchero, como se conocen a los encargados de los campos agrícolas.
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