San Raymundo Jalpan, Oax. 7 de mayo. En el Congreso local, la diputada Jimena Yamil Arroyo Juárez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para establecer como impedimento para contraer matrimonio encontrarse inscrito como deudor alimentario moroso, así como impedir la expedición o renovación de licencias de conducir a quienes se encuentren inscritos en el Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM).
Con la adición de la fracción X al artículo 14 del Código Familiar, se contempla que el Registro Civil verifique, previo a la celebración del matrimonio, que ninguno de los pretendientes se encuentre inscrito en dicho registro. De encontrarse en tal situación, negará la celebración del matrimonio hasta en tanto se acredite la regularización de la obligación alimentaria.
Asimismo, se propone que con la adición del artículo 173 Ter en la Ley de Movilidad se prohíba la expedición, renovación o reposición de licencias para conducir a favor de la persona deudora morosa. La Secretaría de Movilidad deberá verificar el estatus del solicitante de forma obligatoria antes de emitir el documento.
El objetivo del Proyecto de Decreto es fortalecer la eficacia del REDAM mediante la incorporación de consecuencias jurídicas proporcionales, razonables y orientadas a garantizar el cumplimiento de la obligación alimentaria, priorizando el interés superior de la niñez y el cumplimiento de las responsabilidades básicas de subsistencia.
Durante la exposición de motivos, la legisladora subrayó que la obligación alimentaria no es un acto de liberalidad, sino un imperativo jurídico vinculado al mínimo vital. La iniciativa sostiene que estas medidas no son sanciones penales, sino condiciones administrativas proporcionales que buscan generar incentivos reales para el cumplimiento de las pensiones, sin vulnerar derechos fundamentales como la libertad de tránsito o el libre desarrollo de la personalidad.
La iniciativa con Proyecto de Decreto fue presentada en Sesión Ordinaria el 18 de noviembre del 2025, la cual fue turnada a la Comisiones Permanentes Unidas de Administración y Procuración de Justicia, y Movilidad y Transporte para su análisis y dictamen.
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