Eje Central
Foto: Cuartoscuro
Oaxaca de Juárez, 10 de julio. Hace 21 años el gobierno de Oaxaca creó un área especializada de la Procuraduría de Justicia para investigar casos vinculados al magisterio, sólo que todos los ministerio públicos y personal que allí laboran carecen de independencia para realizar sus indagatorias, porque forman parte de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) y a pesar de que el gobierno el que paga su salario, la disidencia los utiliza como sus abogados personales.
Así es como la disidencia magisterial ha ampliado su poder en puestos clave de estructura del gobierno estatal, y por ello controla la Fiscalía Especial para la Atención de Asuntos Magisteriales, dependiente de la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca, un área que no sólo debería recibir las denuncias del magisterio sino también contra este sector.
Pero el uso para la disidencia magisterial no es mayor. Este jueves, se tramitó un amparo para tratar de impedir Ruben Nuñez y otros dirigentes sean investigados por la Procuraduría General de la República. La abogada, y quien redactó esa demanda a su favor es una de las agentes del Ministerio Público adscrita a esa Fiscalía, Flor Elena Candelaria Pérez.
De acuerdo con la ley, esta abogada podría incurrir en delitos como uso ilegal de atribuciones, ejercicio ilegal del servicio público o hasta peculado, pero sólo podría perseguirse por denuncia directa en la propia Procuraduría de Justicia donde labora.
La misma abogada, que es actual funcionaria de la procuraduría de justicia de Oaxaca, también preparó y presentó ante los tribunales civiles las demandas por difamación contra distintos medios de comunicación a nombre de los profesores Norma Cleyver Cruz Vázquez, Othón Nazariega Segura y Carmen López Vázquez, identificada como La Jicayán, a quienes sus propios compañeros y las autoridades federales los vinculan con una de las alas radicales del sindicato magisterial, conocida como Los Pozoleros, que opera para el ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz.
Entre los casos públicos y documentados en los que ha participado este grupo se encuentran, por ejemplo, la toma del Aeropuerto Internacional de Oaxaca en junio pasado, así como en las agresiones a los reporteros asignados a la cobertura de la jornada electoral del pasado 7 de junio.
En la demanda por difamación, la agente de ministerio público de Oaxaca que representa a los profesores disidentes, Candelaria Paz, sostuvo en entrevistas que los medios han señalado a los docentes como presuntos delincuentes y denostaron a sus personas al darles apodos que no tienen y ubicarlos en actividades que no realizaron.
“Como medios generan una expectativa, estereotipos en la sociedad y eso ayuda a la convivencia o genera situaciones de agresión, por eso la gran responsabilidad que tienen”, sostuvo la funcionaria.
Aprovechando el trámite, la abogada también interpuso un amparo a favor del secretario general de la sección 22, Rubén Núñez Ginez, luego de que fuera denunciado por la organización Mexicanos Primero de cobrar poco menos de 100 mil pesos mensuales y no presentarse a su centro de trabajo en la Escuela Experimental Normal de Putla.
Los maestros aseguraron también que ninguno de ellos —incluyendo al dirigente seccional— cobra los sueldos que se han publicado en la prensa y tienen sus talones de pago para demostrarlo. Sin embargo, al salir de los tribunales, se negaron a mostrar esos recibos en los que se acredita su salario, así como a especificar el nombre de los medios a los que denunciaron.
FISCALÍA EN MANOS DE LA CNTE
¿Quién es Flor Elena Candelaria López? Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, y desde 2012 trabaja en la Fiscalía Especial para Asuntos Magisteriales de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la entidad.
Apenas en mayo pasado, la ministerio público acudió al Hotel de Magisterio, en la capital de la entidad, para iniciar una averiguación previa por el incendio de dos vehículos propiedad del sindicato y de un maestro.
Además de investigadora, Candelaria López tiene tiempo para trabajar como maestra en el Jardín de Niños Donají, en la capital del estado, donde tiene una plaza por la que cobra un sueldo de 35 mil 912 pesos al trimestre, de acuerdo con el reporte del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa (FONE).
Y su tercer trabajo es ser abogada-representante de la Sección 22 de la CNTE.
Pero no es la única funcionaria de la Procuraduría de Justicia que tiene tantos trabajos y varios vinculados al magisterio. El propio titular de la Fiscalía Especial, Vladimir Cruz Luis, quien es abogado por la misma Universidad, también tiene un puesto en el Poder Judicial estatal, y además labora en la secundaria Benito Juárez García, ubicada en Salina Cruz, por el que recibe un sueldo de 166 mil 465 pesos, según información oficial de la SEP.
De acuerdo con el organigrama de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), esta Fiscalía, que nació en 1994, depende de la Secretaría de Asuntos Jurídicos del sindicato, pero está ubicada en las instalaciones de la PGJ de Oaxaca, aunque en el organigrama no aparece como un área específica; sin embargo en actuaciones y documentos oficiales la Fiscalía ha representado a la Procuraduría estatal.
El nacimiento de esta área especializada de la procuraduría, se dio como resultado del acuerdo firmado por el ex gobernador Heladio Ramírez y el entonces secretario general del sindicato, Erangelio Mendoza.
“El Gobierno del Estado de Oaxaca por conducto de sus representantes se compromete a la creación de una Agencia del Ministerio Público Especial con la función específica de investigación y persecución de los ilícitos que tengan como ofendidos y victimas a trabajadores de la educación, así como la tramitación de los procedimientos legales para la aplicación de sanciones a los autores de dichos ilícitos.
“En la integración de la agencia ministerial se contará con la coadyuvancia, en averiguación previa y procedimientos penales, de tres abogados designados por la sección 22 del SNTE, cuyos honorarios serán cubiertos por el gobierno del estado”, dice el punto tres del documento.
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