San Raymundo Jalpan, Oax., a 10 de junio. Con el objetivo de recuperar el espacio público y garantizar un tránsito libre y seguro para la ciudadanía, durante la Sesión de la Diputación Permanente, la diputada Haydeé Irma Reyes Soto, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Oaxaca, orientada a sancionar las conductas de particulares que limitan de forma irregular el uso de las calles y vialidades en la entidad.
La propuesta plantea una adición al artículo 15 de dicho ordenamiento para conferir facultades expresas a la Dirección General de la Policía Vial Estatal. De aprobarse, la corporación podrá prevenir, retirar obstáculos y sancionar formalmente la ocupación indebida de la infraestructura vial destinada al tránsito y estacionamiento.
De acuerdo con el documento legislativo, la iniciativa surge ante la problemática que sufren municipios como la capital oaxaqueña, donde personas sin permisos ni licencias obstruyen las vialidades ofreciendo servicios de cuidado o lavado, cobrando cuotas obligatorias o cometiendo actos de intimidación y amenazas contra las y los conductores que se niegan a realizar los pagos.
Al respecto, la legisladora destacó que esta medida promueve la recuperación del entorno urbano para el desarrollo adecuado de la vida comunitaria. Con ello, se busca garantizar el derecho de las personas a la movilidad y al disfrute del espacio público, reduciendo las posibilidades de actos delictivos como la extorsión, el daño a la propiedad, amenazas, robo de vehículos o autopartes y lesiones, a través de una política pública con irrestricto respeto a los derechos humanos.
Por lo anterior, la propuesta contempla la aplicación de las sanciones correspondientes, en los términos de los artículos 92 y 93 de la ley vigente, para quienes incurran en conductas que impliquen el aprovechamiento indebido del espacio común para obtener un beneficio económico particular. Entre estas acciones se penalizará el apartar lugares de estacionamiento utilizando cualquier tipo de objeto, obstaculizar o impedir de cualquier manera el libre uso de las calles, así como coaccionar o exigir pagos a las y los conductores por permitirles estacionarse, cuidar o vigilar sus vehículos.
Asimismo, la propuesta prevé castigos para quienes exijan un cobro por lavar o asear unidades automotoras en la vía pública sin el previo consentimiento o autorización del propietario, o bien, realicen cobros excesivos cuando se haya otorgado dicho permiso. Para efectos de esta adición, la autoridad competente aplicará las sanciones administrativas correspondientes dada la naturaleza y gravedad de la infracción cometida.
Reyes Soto enfatizó que los espacios públicos son bienes comunes que cumplen con una función política, social, educativa, cultural, lúdica y recreativa. Por tanto, las personas tienen derecho a usar y aprovechar todos estos lugares para la convivencia pacífica y el ejercicio de sus libertades constitucionales reconocidas por la Carta Magna.
El Proyecto de Decreto fue turnado para su estudio y dictaminación, quedando reservado para el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Legal de la LXVI Legislatura.
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