Oaxaca de Juárez, 20 de junio. En Oaxaca, un estado pluricultural donde más del 69 por ciento de su población se reconoce como indígena, y casi el 5 por ciento afrodescendiente, no puede continuar la violación sistemática de los derechos de este amplio sector de la sociedad, sostuvo Tomás López Sarabia, presidente del consejo directivo del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción A. C. (Cepiadet).
Al inaugurar el taller “Unidades de medidas cautelares y reinserción comunitaria desde la interculturalidad”, dirigido a personal penitenciario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y de las Unidades Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso (UMECA), el directivo de Cepiadet destacó la necesidad de garantizar, de forma diferenciada, los derechos de personas indígenas y afrodescendientes privadas de la libertad o bajo alguna medida distinta a la prisión.
“Desde hace más de 30 años hay un reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas, y uno se pregunta por qué estos derechos siguen desafortunadamente violentándose en la vida cotidiana. Y es ahí donde justo entra este fenómeno que el primer Relator para los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, Adolfo Stavenhagen, denominó como la brecha de implementación”, expuso López Sarabia, hablante de lengua Ñuu savi. 
A su vez, Javier Carrasco Solís, director del Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP), con el cual Cepiadet coordinó el mencionado taller los días 15 y 16 de junio, reconoció que el escenario en el sistema judicial presenta varios retos, como el de proporcionar traductores e intérpretes que acompañen a personas hablantes de alguna lengua indígena.
“Si quienes hablamos español no entendemos bien lo que pasa en un proceso penal porque es muy técnico, nos hablan en un idioma jurídico; imaginemos una persona indígena que habla otra lengua; es más complejo el entendimiento porque necesita que se lo interpreten de acuerdo a su cultura y cosmovisión”, ejemplificó el servidor público.
“Si no comprendo tampoco puedo ejercer mis derechos, entonces me convierto básicamente en un objeto del sistema de lo que las demás personas deciden, pero yo no puedo participar”, añadió el director del Instituto de Justicia Procesal Penal.
Cabe señalar que en Oaxaca, un millón 200 mil personas son hablantes de alguna lengua indígena.
Por otra parte, Javier Carrasco Solís señaló que se presentan casos de “desarraigo” de la familia y comunidad si la persona, por ejemplo, es de la sierra y se encuentra purgando una condena en una prisión de la ciudad de Oaxaca. “Existe un problema económico para que su familia viaje a largas distancias, y poco a poco deja de recibir visitas, lo que implica una desventaja por la falta de proximidad de la familia con la persona en prisión”.
A lo anterior se suman, a decir del presidente de Cepiadet, violaciones al debido proceso, falta de aclaraciones sobre penas, falta de apoyo para atención médica adecuada y de acompañamiento para la reinserción en su comunidad al salir de prisión.
El objetivo del taller impartido los días 15 y 16 de junio en la capital oaxaqueña fue aportar elementos teórico-prácticos sobre la incorporación de la perspectiva de interculturalidad en las acciones y actividades de las Unidades Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso (UMECA) y del personal penitenciario, que permitan garantizar derechos de la población indígena y afrodescendiente privada de la libertad o bajo alguna medida distinta a la prisión.
En dicho taller participó un total de 40 personas abordando temas como Contexto pluricultural de México, Derechos Indígenas, Impactos de las prisiones en población indígena y afrodescendiente, Ley Nacional de Ejecución Penal y Buenas prácticas en la reinserción comunitaria.
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