Oaxaca de Juárez, 23 de octubre. Por primera vez en su historia, el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED) activó el Artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las desapariciones Forzadas, al considerar que existen indicios de una práctica “generalizada o sistemática” de desapariciones forzadas en México.
La medida, anunciada el 21 de octubre ante la Asamblea General de la ONU, representa una acción inédita en el ámbito internacional y ha sido rechazada por el gobierno mexicano.
Artículo 34 y la postura de México
De acuerdo con el Artículo 34, el Comité puede recurrir a este procedimiento “si recibe información que contenga indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática” en un país miembro, y tras solicitar información al Estado en cuestión, puede llevar el caso ante la Asamblea General.
El embajador Héctor Vasconcelos, representante permanente de México ante la ONU, manifestó ante la Tercera Comisión que el gobierno “no comparte” la resolución del Comité, argumentando que “desvirtúa el espíritu de la Convención” y debe aplicarse “solo en casos excepcionales”.
Contexto de la Convención y reacciones
La Convención Internacional fue adoptada en 2006 y obliga a los Estados Partes a tipificar la desaparición forzada como delito de lesa humanidad, garantizando verdad, justicia y reparación a las víctimas. México la ratificó en 2008.
La decisión del CED provocó una fuerte respuesta de Amnistía Internacional México, que recordó que “la desaparición de casi 134 mil personas en el país no es normal” y que la impunidad, así como la búsqueda encabezada por familias —en su mayoría mujeres—, constituyen una “situación excepcional”.
Amnistía instó al Estado mexicano a mantener su apertura al escrutinio internacional para enfrentar la crisis de desapariciones que, según la organización, “sigue devastando a miles de familias en todo el territorio nacional”.
Publimetro
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