San Raymundo Jalpan, Oax. 13 de abril. Con el firme compromiso de salvaguardar la vida, la integridad física y el patrimonio de las familias oaxaqueñas, el Congreso del Estado aprobó un exhorto respetuoso dirigido a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), así como a la Delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Oaxaca, para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, realicen acciones coordinadas de verificación, inspección y vigilancia en establecimientos dedicados a la venta y distribución de Gas L.P.
El objetivo de esta medida es prevenir riesgos asociados a la comercialización de cilindros en condiciones inadecuadas, evitando la circulación de recipientes con daños en componentes esenciales como el eje de rosca, el protector de válvula o la unión de base, los cuales pueden provocar fugas, accidentes de alto impacto y afectaciones a la seguridad de la población, lo anterior para garantizar el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-008-SESH/SCFI-2010 relativa a las especificaciones de fabricación, materiales y métodos de prueba de estos recipientes.
La propuesta fue impulsada por la diputada Mónica Belén López Javier, del Grupo Parlamentario de Fuerza por Oaxaca, quien advirtió que la presencia de cilindros deteriorados representa un riesgo permanente para miles de hogares, al tiempo que impacta negativamente en la economía familiar al no asegurar la correcta conservación del combustible adquirido.
La legisladora subrayó que este exhorto responde a un enfoque preventivo en materia de seguridad, orientado a evitar siniestros que puedan derivar en daños mayores, y enfatizó que no se trata de una invasión de competencias, sino de un ejercicio de colaboración institucional entre los distintos órdenes de gobierno.
En su dictamen, la Comisión Permanente de Seguridad Pública y Protección Civil destacó que la verificación del cumplimiento de normas técnicas en la comercialización de Gas L.P. constituye una acción preventiva alineada con los objetivos del Sistema Nacional de Protección Civil.
Asimismo, se puntualizó que el artículo 25 de la Constitución Política Federal reconoce la rectoría del Estado en el desarrollo nacional, lo que implica garantizar que las actividades económicas se realicen bajo condiciones de seguridad, legalidad y protección al interés público, particularmente cuando se trata de bienes cuyo manejo puede comprometer la seguridad de las personas.
El órgano legislativo reiteró que este exhorto no genera nuevas obligaciones ni invade atribuciones, sino que fortalece el ejercicio de facultades ya establecidas en la legislación federal, promoviendo la coordinación institucional conforme a los principios del federalismo cooperativo.
Este dictamen con Proyecto de Acuerdo fue aprobado por la LXVI Legislatura en Sesión Ordinaria del 24 de marzo del año en curso.
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