Milenio
Oaxaca de Juárez, 15 de noviembre. El gobierno mexicano ofrece recompensas que superan los 144 millones de pesos por informes para localizar a 91 personas desaparecidas de 2006 a la fecha, pero ni con la captura e “identificación” de algunos “probables responsables” ni con las gratificaciones económicas disponibles, han sido halladas, de acuerdo con informes de la Procuraduría General de la República.
Menores de edad, secretarias, estudiantes, profesores, comerciantes, ingenieros, empresarios —uno suizo—, policías, servidores públicos, jóvenes estadunidenses, y funcionarios de procuradurías de justicia forman parte de la lista de recompensas de la PGR, en la que no están incluidos los 43 normalistas de Ayotzinapa ni otros miles de expedientes que acusan familiares, activistas y Organizaciones No Gubernamentales (ONG`s).
Entre los casos están el de tres víctimas plagiadas de manera simultánea en 2010 en Chihuahua, cuyas circunstancias ameritaron que el asunto fuera revisado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como dos más que datan del sexenio de Vicente Fox.
Una consulta de relación de recompensas por personas desaparecidas durante las tres administraciones federales recientes, revela que una minoría de sospechosos han sido arrestados o “identificados” por estos hechos, sin embargo nada se sabe de las víctimas.
Entre los presuntos responsables están integrantes de los cárteles deLos Zetas y La Familia michoacana, líderes de grupos regionales del crimen organizado, como Luis Alfonso Guevara Guereca, El Güero Balas (relacionado con una serie de fosas clandestinas en Durango y otros estados), así como elementos de la Policía Federal (PF).
Los montos de las recompensas varían entre millón y medio de pesos, 2 millones, 5 millones, 10 millones y llegan a los 15 millones de pesos, aunque en algunos expedientes se especifica que el pago se dará conforme a las víctimas encontradas, debido a que hay casos en que fueron privadas de su libertad en grupos de dos, tres, cuatro, cinco, siete y hasta ocho personas.
Actualmente están vigentes 52 acuerdos para el pago de gratificaciones que involucran a 90 personas. Los casos de sexenio foxista son los de Minerva Vera Alvarado, quien fue vista por última vez en Oaxaca el 29 de abril de 2006 y el de Francisco Javier Salas Galindo, desaparecido en Xalapa, Veracruz, el 26 de agosto de 2006.
Tamaulipas, Michoacán, Nuevo León, Colima y Veracruz son los estados con el mayor número de personas que no han sido localizadas. Entre los casos de desapariciones en grupo destacan los de siete elementos de la PF y un civil, en Zitácuaro, de la que se responsabiliza a La Familia michoacana (noviembre 2009).
Siete jóvenes, dos estadunidenses, que fueron interceptados por agentes de la Policía Federal en Colima en 2010, y desde entonces no se supo más de ellos. Cuatro estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, secuestrados del bar Los Rieles Fleteros en Monterrey (octubre 2010). Cinco personas, cuatro familiares directos, en Matamoros (2011). Cuatro víctimas, cuya desaparición se atribuye a El Güero Balas; cuatro servidores públicos de la Fiscalía de Durango (noviembre 2010). Tres jóvenes que iban a una clínica de rehabilitación en Matamoros (2010).
Hay otro caso más en Hidalgo, cometido por Los Zetas (marzo 2010). En algunos de los acuerdos establecidos a partir de 2006 para el pago de gratificaciones, la PGR admitió que se fue agotando la capacidad de investigación y en consecuencia invocó a la “colaboración valiente y decidida de la sociedad” para obtener pistas sobre la ubicación de las víctimas.
Mientras tanto, los familiares afrontan un limbo jurídico y emocional, pues tampoco se les puede considerar como fallecidas si no aparecen los cuerpos o restos, según lo establece la legislación.
Tres responsables de la Procuraduría General de la República, Eduardo Medina Mora, Arturo Chávez Chávez y Marisela Morales Ibáñez, así como el titular de la dependencia, Jesús Murillo Karam, han recurrido al sistema de recompensas cuando las indagatorias no han permitido resolver los casos.
Los ex funcionarios y el actual procurador inclusive retomaron investigaciones que se iniciaron en administraciones anteriores a las suyas.
Por las 90 desapariciones, el Ministerio Público de la Federación ha abierto averiguaciones previas en las que se siguieron diversas líneas como delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad, trata de personas, tráfico de menores y de indocumentados, “y lo que resulte”..
La respuesta, sin embargo, ha sido casi nula, no ha habido denunciantes que aporten datos concretos, ni delatores pertenecientes a grupos criminales.
Las excepciones han sido niños del albergue Casitas del Sur que mantuvieron el estatus jurídico de desaparecidos, aunque posteriormente algunos fueron encontrados.
Además de los casos de Ricardo Carrada Gómez, que fue localizado sin que se precisaran las circunstancias, y el de Francisco Farid Fernández Salman, por cuya localización se ofrecieron cinco millones de pesos después de que fue secuestrado el 30 de mayo de 2006 en Tijuana, Baja California.
Aunque sus familiares pagaron un rescate, el cadáver fue hallado el 15 de junio del mismo año.
El acuerdo A/055/11 refiere que el 8 de marzo de 2010 “con motivo del requerimiento de investigación del titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación”, se abrió un expediente por la desaparición de José Ángel Alvarado Herrera, Nitza Paola Alvarado Espinoza y Rocío Irene Alvarado Reyes, en Buenaventura, Chihuahua.
El 8 de julio de 2011, la entonces titular de la PGR, Marisela Morales, consideró que el “asunto es trascendente, pues se encuentra en revisión ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que hace indispensable agotar todos los medios necesarios”.
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