El Universal
Oaxaca de Juárez, 9 de agosto. Ubicado como el país más corrupto de la OCDE, México avanza con lentitud en la expedición de las leyes que articulen el Sistema Nacional Anticorrupción, bosquejado en la Constitución con adiciones recientes que son letra no nata, en tanto no se cuente con la legislación secundaria.
En el Senado, las bancadas del PRI, PAN y PRD señalan que incorporarán en sus agendas legislativas del periodo de sesiones que inicia el 1o. de septiembre, el tema anticorrupción, que abarca una ley que organice y regule a la Auditoría Superior de la Federación, y las disposiciones de gestión, control y evaluación de los poderes de la unión y de los entes públicos federales.
De igual forma, el Congreso debe expedir una ley general de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción, en el que participarán la ASF; la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la secretaría que supla a la de Función Pública; la presidencia del tribunal Federal de Justicia Administrativa; del Inai, un representante del Consejo de la Judicatura Federal, y del naciente Comité de Participación Ciudadana.
Este Comité de Participación Ciudadana previsto en la Constitución se integrará con cinco ciudadanos destacados por su contribución a la transparencia, rendición de cuentas o combate a la corrupción, y su operación requiere de disposiciones que le dicte la ley que deberá ser emitida por el Congreso.
En el mismo caso se encuentra el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al cual se le debe expedir una ley que le dote de plena autonomía e incluya los recursos para la impugnación de sus resoluciones, y podrá dirimir controversias entre la administración pública federal y los particulares.
La reforma constitucional dispone que el Congreso expida una ley general que distribuya competencias entre los órdenes de gobierno para establecer responsabilidades administrativas de los servidores públicos, obligaciones y sanciones, así como las que correspondan a los particulares vinculados en fallas administrativas graves.
El Instituto Belisario Domínguez de investigación legislativa de la Cámara Alta advierte que las prácticas de corrupción en México se favorecen en escenarios en los que faltan leyes y se incumplen las vigentes por incompletas y obsoletas.
La reforma constitucional anticorrupción entró en vigor en mayo pasado, cuando la sociedad acentuaba su repudio a casos de soborno y fraude que, incluso, en el marco de las actividades del Congreso, han sido ventilados por las fuerzas políticas con reclamos de que se ejerza justicia.
“Ante una opinión pública sensible frente a la corrupción, la denuncia sobre actos de este tipo se ha convertido en una poderosa arma política contra los adversarios, muchas veces sin pruebas que respalden tales acusaciones, lo que contribuye al debilitamiento del sistema democrático”, señala el estudio senatorial sobre La Corrupción en México.
Los senadores Alejandro Encinas (PRD) y Laura Rojas (PAN) plantean el compromiso de sus bancadas de impulsar la elaboración de la legislación secundaria anticorrupción, al igual que Pablo Escudero (PVEM), presidente de la Comisión Anticorrupción de la Cámara Alta, y Cristina Díaz, titular de la Comisión de Gobernación (PRI).
El Pacto Por México dejó en los temas pendientes plasmar en la legislación el Sistema Nacional contra la Corrupción, con la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción.
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