Oaxaca de Juárez, 8 de octubre. La Ciudad de México es rehén de todas las causas. El reino de las protestas. Sus habitantes padecen plantones, bloqueos, marchas, vandalismo. Resisten estoicamente sin la menor esperanza de que intervengan las autoridades para poner orden.
El derecho a manifestarse es sagrado. No importa si perjudican al resto de los habitantes. Éstos son, hoy por hoy, ciudadanos de segunda clase. Sus derechos al libre tránsito, protección de los bienes, a no ser agredidos por manifestantes, pasan a segundo término.
Ayer fue el turno de los taxistas. Afortunadamente, esta vez no hubo anarcos ni destrozos. Utilizaron sus carros para bloquear puntos estratégicos de la Ciudad de México y en otras 23 entidades para protestar por las aplicaciones que los ponen en desventaja. ¿Resultado? El caos.
La gente está hasta la madre de quedarse atorada durante horas. No es con bloqueos que los inconformes van a ganar simpatía popular. Más bien lo que provocaron fue enojo, frustración, rabia, impotencia.
Los taxistas se han visto rebasados por la tecnología. Son víctimas de los abusos que cometieron cuando no tenían la competencia de Uber, Cabify o Didi.
Su demanda de que desaparezcan las aplicaciones es de risa. Sería como volver al pasado. El usuario de Twitter, Berthungas, la describió con humor. “¿Para cuándo la marcha de los carteros porque existe el e-mail?”, preguntó.
El Movimiento Nacional Taxista, luego de cuatro horas de negociaciones en la Segob, ofreció no hacer más bloqueos mientras se establece si las aplicaciones son legales o no. Si se declaran legales, los taxistas tendrán su aplicación “en igualdad de condiciones”.
* Mal le fue al diputado federal, ex del PRD, Héctor Serrano, luego de que un trascendido, que citaba fuentes del Palacio del Ayuntamiento, lo acusó de estar detrás del movimiento de taxistas. La versión dice que Serrano y Carlos Meneses, extitulares de la Semovi, se adjudicaron 350 concesiones de taxis en su último año de gestión y que obtenían, por lo menos, dos millones de pesos al día. “Se les acabó el negocio”, dice el trascendido.
Serrano no tardó en enviar un desmentido que reprodujo en Twitter: “No sólo es bajo, ruin y cobarde el rumor. Si esto proviene de la Semovi, a quien lo argumente lo invito a que ofrezca las pruebas de su dicho…”, escribió.
* La decisión del Consejo de la Judicatura de concentrar todos los amparos en un solo juzgado favorece la causa de Santa Lucía. En otras palabras, al capricho de López Obrador. “Cuando somos muchos nos damos valor. Uno solo es mucha presión. No vaya a ser que te inventen un delito”, nos comentó, mordaz, un experimentado juzgador.
El juez Juan Carlos Guzmán Rosas ha resistido, hasta ahora, las presiones que recibe incluso desde el púlpito de la mañanera. Otra vez aplazó la resolución sobre si procede o no la construcción del aeropuerto en la base militar de Santa Lucía.
* Fue cesado por la Semovi el funcionario que operó y autorizó la falsa licencia que sirvió al juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna para dictar “prisión preventiva justificada” a Rosario Robles.
Según el juzgador, eso probaría que la exsecretaria de Estado no podía demostrar su arraigo en la Ciudad de México, por lo que había “riesgo de fuga”.
Y, sin embargo, Escobedo Beltrán aseguró a las autoridades que él no tuvo nada que ver con la falsificación de la licencia. Dice que le robaron su código y contraseña para elaborar el documento apócrifo. Eso le costó el trabajo.
¿Y al juez que dio por buena la licencia, nada? Es pregunta.
* Zoé Robledo, director del IMSS, anda en la misma frecuencia que su predecesor, el senador Germán Martínez: es un error privilegiar la austeridad sobre la salud de los mexicanos. La austeridad puede convertirse en fracaso si se aplica de manera ineficiente, dijo Robledo durante su comparecencia en lo que fue su casa del 2012 al 2018: el Senado de la República.
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