Oaxaca de Juárez, 15 de septiembre. La corrupción, dejó sembrado Andrés Manuel López Obrador en el imaginario colectivo, era el origen de los males de México y acabaría con ella. No habría más funcionarios enriquecidos al amparo del poder ni privilegios. Tampoco gobiernos que utilizaran los recursos públicos para beneficiar a los amigos, o una clase política que predicara austeridad mientras vivía como millonaria. La corrupción sería cosa del pasado. Su sola llegada a la Presidencia inyectaría mágicamente pureza y lo que aún quedara de la escoria sería barrida de arriba hacia abajo. Pura palabrería. Puros engaños. El pasado nunca se fue; llegó revigorizado al presente.
En solo dos semanas, para no escarbar en los últimos ocho años, los casos de Octavio Romero Oropeza y Carlos Ulloa, dos altos funcionarios del gobierno, volvieron a escupir la honestidad valiente de López Obrador, al quedar envueltos por una nube de sospecha de corrupción y conflictos de interés, que aumentó la presidenta Claudia Sheinbaum al litigarlos mediáticamente, en lugar de instruir a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno a revisar los señalamientos públicos en su contra. La omisión de su responsabilidad también es un delito.
Los casos de los directores del Infonavit y de Birmex no son idénticos, pero forman en su conjunto algo que es políticamente más importante: la cascada de preguntas sobre su patrimonio, contratos, privilegios y relaciones oscuras que ponen a prueba la promesa moral con la que Morena llegó al poder. Ese es el verdadero problema, porque la corrupción no comienza necesariamente cuando se les dicta sentencia, sino cuando un funcionario no puede explicar convincentemente por qué su patrimonio, sus negocios, sus contratos o su nivel de vida son compatibles con sus ingresos y con las reglas que está obligado a respetar.
El caso de Romero Oropeza es el último, luego de que una investigación periodística que buscó debajo de las piedras en su declaración patrimonial, que había pedido mantener reservada como si fuera un asunto de seguridad nacional, encontró que su fortuna supera los 47 millones de pesos, más siete millones en cuentas bancarias, inmuebles y bienes compartidos con sus familiares, incluida una propiedad que compró el 14 de marzo de 2018, pagando al contado tres millones 376 mil pesos.
Previamente, Ulloa quedó exhibido en los medios por la compra al contado de dos departamentos valuados en poco más de 22 millones de pesos, que dijo había pagado con ahorros y recursos de una herencia. Aunque nació en Chiapas, Ulloa creció en los grupos políticos en Iztapalapa, la placenta del núcleo duro de Morena, y se acercó a Sheinbaum en 2015, después de 15 años como asesor en diferentes áreas del gobierno de la Ciudad de México. Hasta entonces, en el gobierno capitalino de Sheinbaum, comenzó a tener cargos de mejor salario, de cuyos ahorros y la venta del terreno en Chiapas que le dejó su padre, alegó, pagó al contado sus dos departamentos entre 2020 y 2023.
No se sabe, porque no lo ha explicado ninguno de los dos, si el pago al contado fue acorde con la ley, porque desde 2013 la ley antilavado establece que si un inmueble cuesta más de 941 mil 412 pesos, la diferencia no puede pagarse en efectivo, sino por medios fiscalizados. Tampoco ha dicho aquí estoy la Unidad de Inteligencia Financiera, tan expedita cuando se trata de opositores, para informar si Romero Oropeza y Ulloa incurrieron en un delito, por el cual tendrían que defenderse, como señala la ley que pasó Morena, desde la cárcel. Pero esto no va a suceder.
Actuar contra el director del Infonavit es ir contra López Obrador, por ser el hombre de mayor confianza, que fue su asesor, ideólogo, jefe del principal grupo de incondicionales desde sus primeros avatares en Tabasco y, sobre todo, la persona que por décadas se encargó de manejar las finanzas y los dineros para sus tres hijos mayores. Hacerlo contra Ulloa sería ir en contra de una de las personas más cercanas a la presidenta, y afectar a quien presume que su relación con Sheinbaum es de una intimidad tan grande que solo la tienen los miembros más cercanos de su familia.
Pero no se les debe prejuzgar, sino que las autoridades los investiguen. De esta forma Romero Oropeza y Ulloa podrían demostrar que su evolución patrimonial ha sido acorde con sus ingresos a lo largo de los años y que no hay nada sospechoso o ilegal en sus operaciones inmobiliarias y financieras. El director del Infonavit –y antes de Pemex– tiene derecho a poseer una fortuna, como Ulloa de heredar millones de pesos. La pregunta no es si pueden ser ricos, sino una más elemental: ¿pueden demostrar que sus ingresos, ahorros, herencias y operaciones inmobiliarias explican de manera transparente sus 47 millones de pesos en su bolsa y los 22 millones para departamentos? Si lo demuestran ante la autoridad, el asunto deberá terminar ahí.
Morena corre el riesgo de que su principal contradicción deje de ser entre la vieja política y la nueva política y empiece a ser entre el discurso y los hechos. Una cosa es proclamar que nadie está por encima de la ley y otra esperar a que el funcionario explique cuando la prensa ya descubrió el problema. Una cosa es defender la honestidad y otra considerar que la pertenencia al movimiento constituye una especie de certificado moral. Ese es el punto que Morena debería entender.
La corrupción no requiere necesariamente que se pongan sobres llenos de dinero sobre una mesa. A veces adopta formas mucho más sofisticadas: contratos que terminan en manos conocidas, patrimonios que crecen inexplicablemente, viajes cuyo financiamiento nadie explica, empresas que aparecen recurrentemente alrededor del poder, funcionarios que acumulan beneficios mientras hablan de austeridad. Y cuando las preguntas se repiten, como ha sucedido con otros políticos de la ‘4T’, dejan de ser casos aislados y empiezan a parecer un patrón.
Cualquier señal de favoritismo, conflicto de interés o contratación opaca debería provocar una reacción inmediata de los órganos de control, no una defensa política de que todo es por atacar al movimiento. Este es el problema de fondo en Morena: la respuesta política frente a sus casos de probable corrupción. Ahí está la diferencia. Un partido puede descubrir corrupción dentro de sus filas y demostrar fortaleza institucional investigándola, sancionándola y haciendo públicos los resultados. O puede proteger a los suyos. La primera opción construye partido. La segunda, complicidades, porque una cosa es combatir la corrupción y otra muy distinta es administrar los escándalos.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
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