Oaxaca de Juárez, 13 de noviembre. Hoy estará en Michoacán Omar García Harfuch. Llega tarde. Carlos Manzo ya está muerto. Los llamados del asesinado alcalde de Uruapan al gobierno federal, ante la violencia creciente en la entidad, no fueron atendidos a tiempo.
Va a supervisar el arranque del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que anunció la presidenta Sheinbaum el pasado nueve de noviembre. Tarea difícil. En ese estado operan 17 cárteles y grupos criminales distintos, según los expertos en seguridad
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Las reacciones por el cobarde asesinato de Carlos Manzo no cesan. La ejecución del sicario que lo mató, luego de ser sometido por el equipo de seguridad del alcalde de Uruapan, levanta sospechas.
Guillermo Valencia, coordinador de la bancada del PRI en el Congreso de Michoacán apareció ayer en San Lázaro para pedir que no se descarte la línea del “complot político” en las investigaciones.
“No debió ser abatido el sicario que le disparó. Esa fue una ejecución extrajudicial con el propósito de borrar cualquier vínculo con los autores intelectuales”, dijo el priista.
Y levantó el índice para pedir que se investigue al diputado federal de Morena, Leonel Godoy, ex gobernador de Michoacán.
“Fue de los principales opositores (a Manzo). Le puso obstáculos y hasta lo amenazó”, dijo, en rueda de prensa convocada en el lobby del Palacio Legislativo.
La víspera, en Morelia, el citado diputado local del PRI dijo que Godoy, ex gobernador de Michoacán, hoy diputado Federal de Morena, “tiene los vínculos oscuros para mandar hacer algo así…”
Acusación grave, sólo sustentada en palabras.
Ya encarrerado, Guillermo Valencia aseguró que el Plan Michoacán no tiene un sólo peso de dinero extraordinario.
“Nos presumen obras que ya estaban presupuestadas y en ejecución, pero no hay un sólo peso para tratar de resolver la grave crisis de inseguridad que vive ese estado”.
Y contradijo las declaraciones del general Ricardo Trevilla.
El titular de la Sedena aseguró que el protocolo de seguridad de la Guardia Nacional no falló y responsabilizó a los escoltas municipales escogidos por Manzo, del magnicidio.
Dijo al respecto:
“Por supuesto que falló el operativo que le daba seguridad y protección al presidente municipal de Uruapan.
“El hecho de traer 14 elementos de la Guardia Nacional que no tienen preparación para la protección de funcionarios, que no están preparados para dar seguridad perimetral a un presidente municipal, es una irresponsabilidad.”
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El tema de la violencia en el país llegó ayer a la tribuna de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, vía el diputado del PAN, Germán Martínez, michoacano de origen.
Dijo:
“Entre 2028 y 2025 se han documentado 658 homicidios de servidores públicos. La cifra incluye policías, soldados, marinos, jueces, magistrados y presidentes. No sólo Uruapan se ha manchado de sangre.”
Y propuso al pleno la integración de una Comisión del Congreso para la investigación, atención y seguimiento a la violencia contra servidores públicos, por parte de la delincuencia organizada.
“No nos quedemos en la condolencia, la indignación y el repudio. No nos quedemos en el doloroso minuto de silencio. Tenemos la capacidad parlamentaria de dar un paso en el control parlamentario”, dijo.
¿Qué haría la Comisión? Identificar patrones, fallas estructurales, lagunas legales en la estrategia de seguridad.
“Debemos ir a desmantelar las redes de corrupción e influencia qué en ocasiones animan estos crímenes que todos hemos repudiado”, dijo Germán.
Y destacó que muchos de los diputados saldrán a campaña electoral ese año. “Pongamos nuestro esfuerzo para evitar otras tragedias”, insistió.
Ya encarrerado señaló que si se concreta la Comisión, se podría solicitar autorización al gobierno de Estados Unidos para que legisladores mexicanos se entrevisten con el Chapo Guzmán, el Mayo Zambada, La Tuta y Genaro García Luna.
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El descontento por la violencia cunde. La Conferencia del Episcopado hizo público un comunicado en el que señala:
“La muerte de Manzo se suma al de una serie de asesinatos de personas que se han atrevido a levantar la voz y enfrentar la falta de Estado de Derecho en sus tierras, comercios, y otros espacios.
“Hoy ya no basta aprehender al asesino: hay que combatir con toda determinación la causa de todos estos asesinatos”, subraya.
Ya que estamos. Hay otro sacerdote asesinado. El cuerpo sin vida del Ernesto Baltazar Hernández Vilchis, de la Diócesis de Cuautitlán, fue localizado ayer en el Canal del Desagüe de Nextlapan.
El padre Ernesto fue reportado como desaparecido desde el 27de octubre en Tultepec, Estado de México. Tenía 43 años. La iglesia pide que no se especule sobre su muerte.
FIN.
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