Oaxaca de Juár La presidenta Sheinbaum dice que CNN, el New York Times, la “comentocracia”, la calificadora Stándar&Poors, la ONU, la CIDH de la OEA, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la oposición mienten o están equivocados.
Es tajante cuando dice que no hay “pruebas” para detener a Rocha Moya y a sus cómplices; niega que agentes de la CIA hayan participado en el asesinato de El Payín, operador del Cartel de Sinaloa.
Rechaza los reportes de las organizaciones multilaterales sobre el grave problema de los desaparecidos, dice que la estancada economía del país “va bien” –sin crecimiento—y le corrige la plana a S&P, que bajó de estable a negativa la perspectiva de México, de Pemex y de la CFE.
En la mañanera del miércoles, la presidenta afirmó que no hubo ninguna prueba que sustentara que hubo problema en la elección de Rocha Moya como gobernador de Sinaloa, en 2021.
Abundó:
“La institución correspondiente de valorar la elección lo hizo. Eso significa que no había ninguna prueba… Hay que decir que en aquella época todavía era presidente del INE, Lorenzo Córdova…
“En todo caso Lorenzo Córdova debió de haber dicho tenemos pruebas… Si la elección hubiera estado manchada por algún problema de violencia… no hay ninguna denuncia en ese caso”, aseguró.
Córdova Vianello reviró en su columna de El Universal, titulada “escurriendo el bulto”. Escribió:
“Es falso el señalamiento de la presidenta. El INE no avaló las elecciones en Sinaloa de 2021 porque no tenía atribuciones para ello.
“Pero, además, es una mentira que no hubiera habido indicios y pruebas de violencia en dichos comicios, identificados por la autoridad electoral”.
En este espacio escribimos ayer que el senador del PAN, Ricardo Anaya, desmintió afirmaciones de la presidenta en el sentido de que no hubo denuncias en la elección de Rocha Moya, y hasta dio el número de expediente.
A la presidenta la malinforman, la exponen a desmentidos que le restan credibilidad. No está blindada. Acuérdense que el primero de los valores de Morena es “no mentir.”
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Lo ocurrido esta semana en Chilapa, Guerrero, es grave y puede sentar un mal precedente. Es cierto que lograron una tregua temporal y que los desplazados regresan a sus lugares de origen, pero habrá costos a largo plazo.
¿Qué pasó?
El subsecretario de gobernación, César Yáñez, acudió a la zona de conflicto para negociar el cese de hostilidades con dos organizaciones criminales enfrentadas: los Ardillos y los Tlacos.
También se logró el levantamiento de bloqueos, el ingreso de las fuerzas armadas, y atención médica a los heridos.
Pero negociar con delincuentes los legitima y los fortalece. De facto se les reconoce su poder de veto. Pueden aprovechar la pausa para rearmarse, reclutar más gente y expandir sus actividades ilícitas.
Saben que con más violencia obtienen más concesiones del gobierno.
¿A cambio de qué lograron el temporal cese al fuego? ¿De impunidad? Son preguntas.
“A esos personajes se les tiene que detener. Con el crimen no se puede dialogar, salvo para que se entreguen. A esos personajes se les tiene que combatir, se les tiene que girar orden de aprehensión”, nos dijo Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI.
Advirtió: “reconocerlos como interlocutores es un mal mensaje para el mundo y para México. Un diálogo para que se entregaran lo entendería, pero ellos deberían tener orden de aprehensión y ser capturados”.
Alejandro Rojas, ex senador de Morena, también asumió una postura crítica. “Dialogan con el crimen organizado, pero no con la oposición, ni con las madres buscadoras. Es el mundo al revés.”
Ironizó: “Les van a dar (a los delincuentes) la medalla Belisario Domínguez”.
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El argumento oficial para “dialogar” con los maleantes fue evitar nuevos enfrentamientos y más sangre.
Los choques entre ambos grupos delincuenciales dejaron un saldo de 120 desplazados; seis heridos y ningún muerto, según la muy conservadora parte oficial de los enfrentamientos.
Rosa Icela Rodríguez, secretaria de gobernación, subió ayer a su cuenta de X el siguiente mensaje:
“Con el apoyo del gobierno de México, las familias desplazadas en Chilapa, Guerrero, comienzan el retorno a sus comunidades”.
Lo acompañó con un video en el que se observa a desplazados que suben a un camión de la Guardia Nacional para regresar a sus lugares de origen.
En contraste, autoridades comunitarias y organizaciones locales hablan de 1,300 desplazados, tres muertos y 16 desaparecidos. Hay casas quemadas, vehículos destruidos y mucho miedo. Así no se puede vivir.
ez, 15 de mayo.
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