Oaxaca de Juárez, 20 de julio. La pequeña comparecencia del gobernador de Oaxaca en el Senado ofreció, de nuevo, motivo de crítica y escarnio en el ámbito nacional. Dijo, sencillamente, que su gobierno está rendido ante la Sección 22 del SNTE. Reconoció, sinceramente, que el poder de esta sección adscrita a la CNTE es superior al poder público de Oaxaca.
Ante tal confesión huelga esperar que cumpla su juramente en la toma de protesta: “Cumplir y hacer cumplir la constitución federal, la particular del estado y las leyes que de ellas emanen…” Toda vez que si no se cuenta con el poder, pero sobre todo con la voluntad de poder para someter al imperio de la ley a los grupos fuera de ella, ¿a qué llega un gobernante al poder?
Desoladora realidad, después que éste fuera el gobierno de la esperanza, que llegó con toda la fuerza de la voluntad popular, con 10 puntos porcentuales arriba del PRI, en una hazaña popular que desplazó a este último de 80 años en el poder estatal. Aplica el trillado cuento que el parto de los montes fue de un ratoncito.
Ningún gobernador de los anteriores, desde Heladio Ramírez, creador y padre del ente de 80 mil miembros (60 mil en su tiempo; crece la venta de plazas en tanto baja el número de alumnos), pasando por Diódoro, Murat y Ulises sufrieron esta situación del actual gobernante Gabino Cué, quien tuvo que dar la cara en el Senado. Ello con tan mala fortuna como no podía ser de otra manera. Dijo ahí:
“Desde México, a veces se percibe muy fácil y dicen: ‘Es el Gobernador de Oaxaca. No actúa. Es que el Gobernador es cómplice. Los tolera’. No, no, no. Nada que viole la ley al Gobernador le gusta ni lo tolera ni lo aplaude”, aventuró.
“Cuando vienen al DF, hay 80 mil policías. Oaxaca tiene 3 mil en todo el Estado. Entonces, por más que yo quiera hacer una detención, sí lo puedo detener y me lo llevo a la Procuraduría volando y, en menos de una hora, tengo cerrado el Estado, tengo tomadas las instalaciones de la Procuraduría y el aeropuerto”.
Estamos ante una auténtica declaración de capitulación. De dejar de lado el trabajo principal de un gobernante: garantizar el Estado de derecho. Sin embargo, esto no es nuevo. Si bien esta declaración es reciente, la dinámica es vieja, viene desde que el del “cambio” era gobierno electo. Desde entonces se vio que no afrontaría la fuente principal de problemas de Oaxaca, al magisterio.
Los 30 años de desorden en el servicio educativo no eran importantes para el nuevo gobierno, sin ningún plan ni estrategia sino sólo sentirse aliados del poderoso magisterio. Todo fue improvisado, de tal manera que a última hora nombraron como primer director del IEEPO de este sexenio a Bernardo Vásquez Colmenares, quien llegó al cargo con evidente desconocimiento del área.
Las atropelladas declaraciones de Bernardo Vásquez, sin embargo, dejaron muy clara la postura del entonces gobierno naciente: sobrevivir subordinándose por completo a la S 22. De inmediato dijo el bisoño director que “retirarían la toma de nota de la Sección 59” (disidente de la 22) y desaparecerían el llamado “Ieepito” donde se atendían los asuntos de la misma 59. Exactamente lo que pedía y pide la S 22. Lo primero no se cumplió porque no es facultad del IEEPO sino de la Secretaría del Trabajo del gobierno federal. La S 59 aún persiste.
Estos antecedentes son prueba de que el gobierno del estado actual, igual o más que los anteriores, nunca tuvo interés en resolver el principal problema de Oaxaca: la educación. De donde se deriva la desestabilización, violencia, ingobernabilidad. Con todo lo amplio y vasto del conflicto, la decisión fue “nadar de muertito”. Dar su parte del presupuesto, del pastel a los dirigentes y grupos de poder de la S 22 a cambio de que dejaran a los nuevos funcionarios hacer lo suyo como siempre.
No hubo ni hay trabajo de inteligencia, ni planificación proactiva, un plan estatal de desarrollo que sólo sirvió para cubrir el expediente. Dijo el gobernante en su desafortunada entrevista en el Senado que no tiene la entidad la fuerza pública para resolver la problemática gremial cuya dinámica cotidiana es la transgresión de leyes y normas. Pero estos problemas no se resuelven sólo con la fuerza, sino sobre todo con recursos de inteligencia y estrategias.
Pero tiene como consuelo el no menos errado método del gobierno federal que anuncia ir con todo contra la S 22. ¿Meter a la cárcel al dirigente seccional, Rubén Núñez Ginés servirá? Tampoco se ve, por lo pronto, estrategia adecuada. Así, lo probable es que con estas acciones suceda lo mismo que con la absurda decisión de Ulises Ruiz de enviar 700 policías contra 10 mil maestros: no los replegó sino los fortaleció y unificó como nunca.
Todo indica que nadie, ni gobierno estatal ni el federal tienen fuerza ni estrategias para atender este grave problema. Como los del pasado buscan igualmente sortear los conflictos del sector educativo en tanto hacen lo suyo y culminan otros sexenios de fracasos. De fracaso para los pueblos, de éxito para los políticos ahora magnates.
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