Oaxaca de Juárez, 19 de julio. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral determinó una sanción histórica que maltrata jurídicamente el triunfo en urnas de Andrés Manuel López Obrador. La creación de un fideicomiso de apoyo a los damnificados de los sismos de septiembre pasado fue cuestionada desde que el tabasqueño la anunció en ese mismo mes; el órgano electoral le hizo ver que no debía dirigir financiamiento público de Morena a fines que no fuesen los que especifica la legislación (por más loables que pudieran resultar). Morena hizo caso omiso de esta advertencia y se le multó con 197 millones de pesos, la tercera sanción más grande en la historia del país, sólo detras del Pemexgate y de Amigos de Fox.
Pero no es sólo el destinar recursos a “apoyar” damnificados lo que ha salido a relucir (esto lo investigará el propio INE a similitud de lo que hace con, por ejemplo, el reparto de despensas u otras dádivas), el verdadero cuestionamiento se centra en la procedencia dudosa de los recursos que ingresaron al fideicomiso, en el hecho de que dirigentes de Morena cobraron para sí, vía cheques, dinero de ese fondo y que el destino final de al menos una parte del dinero se inyectó a la campaña electoral. El fideicomiso, en esta relatoría, rompe leyes electorales, leyes fiscales y leyes contra operaciones de recursos de procedencia ilícita.
La multa aprobada para sancionar estos hechos es de 197 millones de pesos, una cantidad determinada en automático por la legislación: Entre septiembre de 2017 y mayo de 2018, ingresaron al fideicomiso denominado “Por los demás” 78 millones 818 mil 566 pesos con 37 centavos. El monto de la multa es resultado de multiplicar esa cantidad por 2.5, una sanción pensada en minar las finanzas de los partidos que rompan la ley.
Cabe recordar que el presupuesto de Morena en 2019 rondará los mil 500 millones (otro efecto de una victoria electoral tan avasalladora), pero aun así la multa por casi 200 millones es un golpe económico fuerte.
Ciro Murayama, consejero electoral, está en el centro de la primera gran polémica que vivirá López Obrador después de ganar ampliamente la elección.
Murayama es la cabeza de las auditorías a partidos en el INE y a ésta le ha llamado la trama del fideicomiso.
El INE dará parte de los hechos a la PGR y a la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos Electorales (FEPADE); a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; y al Sistema de Administración Tributaria. Incluso la eventual entrega de apoyos a los damnificados será investigado como posible entrega de “dádivas”, también prohibida por ley.
Murayama considera que dadas las pruebas y métodos para mover los recursos implicados, las autoridades se enfrentan a algo similar al Pemexgate: “No sabemos en qué se usó el dinero, ni por quién”, expresó.
Crónica
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