Oaxaca de Juárez, 22 de junio. Apenas cuatro días después del 10 de mayo, día de las madres, la mamá de Romina Amaya Fernández Turrón recibió malas noticias de su hija en la Guardería número 22 del ISSSTE, de la colonia 1 de mayo. Romina, presumiblemente había sufrido una bronco aspiración. Aún seguía viva pues la Cruz Roja se la llevó para intentar salvarla como es su función.
El caso mereció atención de los medios, no era para menos. Incluso persiste esa atención en los medios de comunicación, no así en el ámbito de las procuradurías de justicia, donde poco o nada se ha avanzado. Las obligadas líneas de investigación ni siquiera se han iniciado.
Ha pasado más de un mes y las investigaciones no avanzan. Dentro de su competencia la procuraduría estatal abrió la Averiguación Previa 467(S.M./IV/2)2015, sin embargo rápidamente fue atraído por la Procuraduría General de la República con la AP PGR/OAX/OAX/IV/634/2015. Empero, la rapidez con que fue atraído el caso no corresponde con la lentitud o franca inacción con que se le trata.
El beneficiado de esa atracción, aseguran —y ni duda cabe— fue del delegado del ISSSTE en Oaxaca, el prominente político guerrerense que actualmente asuela Oaxaca, de apellido de rancia prosapia de la corrupción priista de ese estado: Marcelino Miranda Añorve. Él tiene como asesor de cabecera al oaxaqueño Jadiel López Coheto, Jefe de la Unidad de Atención Derechohabiente y Comunicación Social de esa delegación, sobrino del actual diputado electo priista Cándido Coheto. Jadiel es auténtico comodín que gobierna en todas las áreas de esa subdelegación con la venia del subdelegado. Nadie duda que es su consentido.
Hay quienes acusan de manera superficial a algunas personas, hasta hacerse extensivas a autoridades de la delegación del ISSSTE en Oaxaca que sólo jerárquicamente tienen que ver con el caso, pues quienes estuvieron directamente involucradas en el ese triste asunto donde falleció una niña oaxaqueña de cuatro meses ni siquiera han sido citadas a comparecer para integrar la investigación policial. Las maestras (¿) Acela Martínez Longinos, Marina Merlín Carballido y Silvia Araceli García de la Rosa.
Es decir, una de las principales líneas de investigación ni siquiera se ha acometido por parte de las procuradurías. Las tres encargadas de los niños en esas horas hábiles de la Guardería no han sido citadas a comparecer por la Procuraduría de Justicia del Estado de Oaxaca (PJEO) cuando tuvo el caso dentro de su competencia, y tampoco han comparecido ahora que la PGR se encarga del caso.
Sobre todo por el parte médico que supone al menos negligencia. En el parte de la Cruz Roja, firmado por Víctor Martínez se lee: Refiere la abuela de la niña que al llegar a la Estancia Infantil recibió un trato déspota de la encargada de recepción “la cual no la dejó pasar… su nieta se encontraba boca abajo con la almohada en su cara… cianótica y pálida… y que tardaron en llamar a la Cruz Roja”. Este parte médico informativo obra en poder de esta columna.
Ante eso se impone un cuestionamiento, ¿algo o alguien impide que la autoridad judicial haga su trabajo, o simplemente es una monumental negligencia de las procuradurías? Muere una niña en una institución habilitada especialmente para brindarle la mejor atención y nadie investiga. ¿De qué se trata?
No hay una verdad jurídica o judicial sobre el caso y la sociedad quiere respuestas, de ahí que, entre tanto, podamos esbozar algunas situaciones que dan luces de los intereses en que se mueven en la delegación del ISSSTE en Oaxaca y podrían explicar el contexto que rodea este lamentable deceso de la pequeña y sus extrañas dilaciones.
Por principio, las tres maestras responsables de los niños en esas horas hábiles no sólo no han sido molestadas con su necesaria y obligada comparecencia ante las autoridades judiciales, sino que están siendo protegidas por la delegación del ISSSTE al haberlas comisionado en otras oficinas delegacionales, cuando lo menos que deberían hacer con ellas es darles un permiso sin goce de sueldo, en lo que terminan las investigaciones. Pesquisas que, por lo visto, no han iniciado.
Todo indica que el delegado Añorve utiliza el caso para presionar y hacer renunciar a la subdelegada de Prestaciones, Fabiola Álvarez Salazar, quien tiene bajo su mando jerárquico a las Estancias Infantiles, pero separada evidentemente de este caso. Es la única subdelegación que no ha tenido cambio de personal con la llegada de Añorve hace tres años, y que podría ser altamente rentable en caso de que hubiera funcionaros corruptos. Como quizá no sea el caso del tal Jadiel Coheto y Miranda Añorve. Pero nadie metería las manos ni siquiera al hielo por ellos.
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