Oaxaca de Juárez, 22 de junio. Reynosa es doloroso ejemplo del fracaso de la política de seguridad en México donde, según el presidente López Obrador, “ya no hay masacres”.
En esa ciudad fronteriza fueron ejecutados 14 civiles por grupos armados –opuestos entre sí- que disparaban “al azar”, según reportes de la prensa local.
Gente común y corriente que la mañana del sábado pasado salió de sus casas, sin imaginar que horas más tarde estaría en los noticieros de radio y televisión, a nivel nacional, como parte del saldo rojo de una matanza más en este reino de la impunidad llamado México.
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La política de “abrazos, no balazos” falló en su objetivo de devolver la paz y la tranquilidad a los mexicanos. En estados donde opera el narco se vive con miedo a las organizaciones criminales.
El gobierno de la 4T se empeña en desmentir la realidad con estadísticas. Dice de enero a mayo del 2021 han bajado los homicidios en 2.9 por ciento.
Lo cierto es que del primero de diciembre del 2108 al domingo 20 de junio del 2021, se han registrado 87,271 homicidios en México.
En los seis años de Felipe Calderón (2006-2012) se cometieron un total de 121,613 homicidios dolosos, según el INEGI.
No es difícil sacar conclusiones.
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En su Informe del primero de septiembre del 2020, el presidente dijo textual:
“Ya no manda la delincuencia organizada, ya no hay torturas, desapariciones ni masacres, se respetan los derechos humanos y se castiga al culpable, sea quien sea.”
¿Ya no manda la delincuencia organizada? ¿En serio?
Glen Van Herk, jefe del Comando Norte de Estados Unidos, dice los cárteles controlan hasta un 35 por ciento de “zonas sin gobierno” de México.
Tampoco hay que olvidar que el ex embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, señaló públicamente que AMLO “Ha adoptado básicamente una actitud de dejar hacer ante los cárteles…”
Y los gringos saben del tema.
A manera de conclusión coincido con un tuit de mi amigo Fernando Balaunzarán: “AMLO militariza, sin confrontar al crimen”.
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López Obrador, por cierto, anunció en la mañanera que dio instrucciones a Julio Scherer, consejero jurídico de la presidencia, para que la Fiscalía General de la República atraiga el caso Reynosa y se investigue a los responsables del “cobarde ataque”.
El mandatario de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de plano se lavó las manos. En un comunicado de su gobierno habló de delitos federales que atentan contra la sociedad “y corresponden a la Federación”.
El matadero en Reynosa dio pie a que Ricardo Monreal, jefe de la bancada de Morena en el Senado, vinculara ese hecho a “indefinición”de la Corte, que no resuelve el status jurídico de la inmunidad procesal de García Cabeza de Vaca.
El gobernador de Tamaulipas fue desaforado por la Cámara de Diputados por defraudación fiscal, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, pero el Congreso local rechazó homologar la decisión. Presentó una controversia constitucional ante la SCJN.
El ministro Juan Luís González Alcántara resolvió que el gobernador conserva el fuero, pero no prejuzgó sobre su responsabilidad. Francisco Javier García Cabeza de Vaca podrá ser investigado y, en su caso, detenido, una vez que culmine su encargo en 2022.
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El Partido Verde anunció ayer que irá por la presidencia de la mesa directiva del Senado. Postulará a Raúl Bolaños Cacho-Cué –33 años– para suceder en el cargo al morenista, Eduardo Ramírez.
Bolaños es el legislador que propuso el polémico transitorio para la reelección, disfrazada de prolongación de mandato, del ministro Zaldívar.
Su postulación es sorpresiva. El Verde es la quinta fuerza política en la Cámara alta. Agregue que dos aguerridas senadoras de Morena ya alzaron la mano: Marybel Villegas y Malú Micher e imagínese reto para Ricardo Monreal, jefe de la bancada de Morena en la Cámara alta.
Al argumento de que por paridad de género le correspondería a la mujeres, el senador Bolaños respondió: “podrían levantar la mano los jóvenes, nunca han presidido el Senado”.
La candidatura del senador del Verde ha dado pie a múltiples especulaciones:
¿Lo anunció el PVEM porque ya negoció con Morena?
¿Es un cobro anticipado de factura por apoyo al partido en el gobierno en las votaciones que vendrán en el segundo trienio?
¿Un pago por haber presentado el artículo transitorio para ampliar dos años el mandato de Arturo Zaldívar en la presidencia de la SCJN?
Pronto lo sabremos.
FIN.
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