Oaxaca de Juárez, 13 de enero. Las violaciones de derechos humanos —incluyendo torturas, desapariciones forzadas, abusos contra migrantes, ejecuciones extrajudiciales, violencia de género y ataques contra periodistas independientes y defensores de derechos humanos— han continuado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien asumió la presidencia en diciembre de 2018. Estos hechos suelen quedar impunes. La implementación de las reformas legales aprobadas en 2017 y 2018 ha sido lenta y hasta el momento estas han sido ineficaces para combatir la tortura y la impunidad.
El presidente López Obrador ha ampliado considerablemente el ámbito en el que actúan las Fuerzas Armadas, al disponer su movilización para tareas de orden público, el control de aduanas y la migración irregular, la gestión de programas sociales y el desarrollo y la operación de megaproyectos.
La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) ha aumentado la transparencia gubernamental con respecto a la cantidad de personas “desaparecidas”, pero los esfuerzos de los agentes del Ministerio Público por investigar desapariciones o identificar a los responsables son muy limitados.
En noviembre de 2019, el Senado seleccionó a Rosario Piedra Ibarra para dirigir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Muchos defensores de derechos humanos consideraron que su designación era inconstitucional, alegando que, como exintegrante del comité ejecutivo del partido al cual pertenece el presidente, tiene un vínculo demasiado estrecho con el gobierno para operar de manera autónoma y apolítica.
En agosto de 2021, el Presidente López Obrador celebró un referéndum para determinar si “actores políticos” del pasado, desde el año 1988, debían ser juzgados por “delitos” como fraude electoral, corrupción y pérdida de vidas a causa del neoliberalismo. Los resultados fueron inválidos debido al bajo nivel de participación.
El presidente ha colaborado con EE. UU. en políticas abusivas contra la migración, que incluyen la expulsión ilegal de migrantes y solicitantes de asilo en aviones y autobuses a América Central.
Sistema de justicia penal
Es habitual que las víctimas de delitos violentos y violaciones de derechos humanos no obtengan justicia en el sistema penal. Según la organización no gubernamental México Evalúa, apenas 5.2 % de los delitos cometidos en México son resueltos. Esto se debe a diversos motivos que incluyen corrupción, falta de capacitación y recursos suficientes, y complicidad de agentes del Ministerio Público y defensores públicos con delincuentes y otros funcionarios abusivos.
En general, el sistema de justicia no garantiza el debido proceso a las personas acusadas de delitos. Es común que policías y agentes del Ministerio Público recurran a la tortura para obtener confesiones. La prisión preventiva es obligatoria para muchos delitos, lo cual viola estándares internacionales de derechos humanos. Las cárceles son insalubres y están hacinadas. Los agentes del Ministerio Público siguen haciendo uso del arraigo, un mecanismo que les permite obtener autorización judicial para mantener a una persona detenida hasta 40 días sin presentar cargos con el fin de interrogarla.
La Fiscalía General de la República no ha implementado adecuadamente una reforma adoptada en 2018 para que los fiscales actúen con mayor independencia del gobierno y haya una mayor rendición de cuentas. En 2021, el Congreso derogó muchas de las disposiciones sobre derechos humanos establecidas en la reforma de 2018.
En abril de 2021, el Congreso aprobó una ley que extendió los mandatos del presidente de la Suprema Corte y de miembros del Consejo de la Judicatura Federal, que controla la contratación y la destitución de los jueces. En noviembre, la Suprema Corte anuló la ley declarándola inconstitucional..
Abusos militares y ejecuciones extrajudiciales
México ha dependido en gran medida de las Fuerzas Armadas para controlar el narcotráfico y la delincuencia organizada, propiciando violaciones generalizadas de derechos humanos. Entre 2013 y 2020, la CNDH recibió 3 mil 799 denuncias relacionadas con abusos militares.
El presidente López Obrador ha ampliado considerablemente el uso de las fuerzas militares para tareas de seguridad pública, en muchos casos reemplazando a autoridades civiles. En 2019, creó la Guardia Nacional para reemplazar a la Policía Federal como el principal organismo de orden público del gobierno. La Guardia Nacional es dirigida por militares, recibe entrenamiento de militares y está integrada mayormente por soldados. En mayo de 2020, el presidente encomendó formalmente a las fuerzas militares que apoyaran a la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública. Actualmente, los militares están habilitados legalmente para detener a civiles, hacerse cargo de las escenas del crimen y proteger evidencias. Durante gobiernos anteriores, encomendar estas tareas a las fuerzas militares contribuyó a graves encubrimientos de violaciones de derechos humanos. En julio de 2021, el presidente propuso traspasar formalmente el control de la Guardia Nacional de funcionarios civiles al Secretario de la Defensa Nacional.
En 2014, el Congreso reformó el Código de Justicia Militar, que ahora exige que los abusos de militares contra civiles sean juzgados en la justicia penal ordinaria en vez de en la justicia militar. Sin embargo, los esfuerzos por lograr justicia siguen siendo infructuosos.
El julio de 2020, 12 civiles fueron asesinados en un enfrentamiento armado con soldados en el estado de Tamaulipas. En un video que se filtró a la prensa ese agosto, se ve a un soldado dando la orden de matar a un civil. En septiembre, la Secretaría de Defensa anunció que los hechos solo estaban siendo investigados por la policía militar, y no por fiscales de la justicia penal ordinaria. En marzo de 2021, un abogado de familiares de las víctimas indicó a Reuters que todavía no se había detenido a soldados en relación con el hecho, a pesar de la evidencia en el video.
En septiembre de 2021, la Secretaría de Defensa admitió que al menos 47 personas habían muerto o resultado heridas en acciones de las Fuerzas Armadas durante la presidencia de López Obrador, según información obtenida a través de solicitudes de transparencia que presentaron periodistas. La Secretaría de Defensa ha pagado indemnizaciones a las familias pero no ha sancionado a soldados ni ha denunciado los casos a la policía o a los fiscales para que sean investigados penalmente.
Tortura
Es habitual que en México se torture a detenidos para obtener información y confesiones. La tortura se aplica con mayor frecuencia en el plazo que transcurre desde la detención de las víctimas —a menudo arbitraria— hasta que estas son puestas a la disposición de agentes del Ministerio Público. Las víctimas suelen ser mantenidas incomunicadas en bases militares o en centros de detención ilegales. Una ley de 2017 estableció la ilegalidad de usar confesiones obtenidas mediante tortura como pruebas en procesos penales. Sin embargo, las autoridades no suelen investigar las denuncias de torturas.
En 2016 —el último año para el cual hay datos disponibles— el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México realizó una encuesta a más de 64 mil personas encarceladas en 338 centros penitenciarios. Casi dos de cada tres (64 %) reportaron algún tipo de violencia física al momento de la detención, como descargas eléctricas, estrangulamiento y asfixia.
Desapariciones
Miles de personas desaparecen cada año en México. La policía, las fuerzas militares y las organizaciones delictivas son responsables de numerosas desapariciones.
Son pocos los casos en los cuales los agentes del Ministerio Público y la policía intentan encontrar a las personas desaparecidas o identificar a los responsables. Los familiares de personas desaparecidas han creado más de 130 “colectivos de búsqueda” para investigar desapariciones; como parte de ello, a menudo incluso han excavado fosas clandestinas.
En 2019, una respetada defensora de derechos humanos fue nombrada titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). La CNB realiza búsquedas de fosas clandestinas en todo el país. También ha adoptado medidas para determinar y publicar el número real de personas desaparecidas, recolectar información de las autoridades y crear una plataforma en línea donde se pueda denunciar desapariciones de manera anónima y se pueda acceder a estadísticas de personas desaparecidas en tiempo real, sin dar a conocer sus datos personales.
Hasta septiembre de 2021, la plataforma había registrado más de 90 mil personas desaparecidas, la mayoría desde 2006. Las autoridades han reconocido públicamente que la cifra real posiblemente sea mayor. La mayoría de estas personas tiene entre 15 y 30 años y proceden de familias de bajos ingresos, según indica la CNB. Más de 23 mil figuran como desaparecidas desde que López Obrador asumió la presidencia en diciembre de 2018.
Entre 2006 y 2020, al menos 50 mil cuerpos pasaron por la custodia de servicios de medicina forense locales y de los estados sin ser identificados adecuadamente. La mayoría fueron enterrados en fosas comunes. Entre 2006 y 2021, las autoridades indicaron haber encontrado al menos 4 mil fosas comunes.
En agosto de 2021, el gobierno nombró a un grupo de siete expertos legales y forenses internacionales para que asumiera la dirección del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, que se ocupará de identificar cuerpos recuperados de fosas comunes.
En noviembre, el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas visitó México. Esta fue la primera visita del comité a un país. El comité había solicitado permiso para visitar México por primera vez en 2013, pero el gobierno anterior le había negado el acceso. En agosto de 2020, el gobierno de López Obrador reconoció la jurisdicción del comité para considerar casos de México, lo cual permite que los familiares de víctimas presenten casos ante el comité una vez que se hayan agotado las alternativas legales a nivel nacional.
Ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos
Periodistas y defensores de derechos humanos —especialmente aquellos que critican a funcionarios públicos o exponen el trabajo de carteles delictivos— han sido víctimas de agresiones, persecución y vigilancia por parte de autoridades gubernamentales y organizaciones delictivas.
México es uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas, equiparable a zonas bélicas como Siria y Afganistán en cuanto a cantidad de asesinatos de periodistas, según el Comité para la Protección de los Periodistas y Reporteros sin Fronteras. En 2020, periodistas registraron 692 amenazas, ataques u otras formas de agresiones. Este sería el año con la cifra más alta registrada hasta el momento. La organización Article 19 informó sobre cinco periodistas asesinados en circunstancias relacionadas con su trabajo entre enero y septiembre de 2021.
Las autoridades no suelen investigar los delitos contra periodistas adecuadamente, y muchas veces descartan de manera prematura que los delitos estén vinculados con su profesión. Desde su creación en 2010 hasta agosto de 2021, la Fiscalía Especial federal encargada de investigar delitos contra periodistas ha iniciado más de 3 mil 362 investigaciones, presentado 265 cargos por delitos y obtenido 25 condenas. Ante la falta de investigación de hechos de violencia, muchos periodistas recurren a la autocensura.
México también es uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores de derechos humanos. Entre enero y septiembre de 2021, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reportó 10 asesinatos de defensores de derechos humanos en el país. Al igual que en el caso de los periodistas, los hechos de violencia contra defensores de derechos humanos casi nunca son investigados ni juzgados.
En 2012, el gobierno estableció el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que asigna escoltas, autos blindados y dispositivos de pánico y ayuda a periodistas a reubicarse temporalmente en respuesta a amenazas graves. Un estudio de 2019 de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó los problemas que enfrentaba el mecanismo para coordinar las medidas de protección, proporcionar recursos y establecer procedimientos claros. Seis periodistas han sido asesinados mientras recibían la protección del programa, cuatro de ellos desde que López Obrador asumió la presidencia. En octubre de 2020, el gobierno eliminó el fondo independiente que financiaba las medidas de protección, precarizando la situación financiera del mecanismo.
Derechos de mujeres y niñas
El derecho mexicano no protege adecuadamente a mujeres y niñas, incluyendo aquellas con discapacidad, contra la violencia de género y sexual. Algunas disposiciones, incluyendo las que supeditan la gravedad de la pena para ciertos delitos sexuales a la “castidad” de la víctima, contravienen los estándares internacionales.
La situación con respecto al acceso al aborto varía según el estado. Todos los estados, 32 en total, permiten el aborto en casos de violación sexual. En seis de ellos se permite por cualquier motivo hasta las 12 semanas de embarazo. Las personas gestantes enfrentan numerosos obstáculos al intentar acceder al aborto, incluso cuando este es legal. Médicos y enfermeros intentan disuadirlas habitualmente de someterse al procedimiento o se niegan a practicarlo.
En septiembre, la Suprema Corte dictó tres fallos que establecen precedentes importantes con respecto a los derechos reproductivos. La corte determinó que la penalización absoluta del aborto es inconstitucional y que las mujeres no deben ser objeto de acciones penales por someterse al procedimiento. Dispuso que los gobiernos de los estados no están facultados a legislar que la vida comienza en el momento de la concepción. Y resolvió que el derecho del personal médico a invocar la objeción de conciencia para no practicar abortos está sujeto a límites.
Las mujeres y las niñas siguen sufriendo índices alarmantes de violencia de género. En 2020, el gobierno reportó casi mil femicidios, que consisten en la privación de la vida de una mujer debido a su género. Según indican organizaciones de derechos de la mujer, es probable que no todos los casos de femicidio sean reportados.
Migrantes y solicitantes de asilo
Es habitual que carteles delictivos, delincuentes comunes y, en ocasiones, policías y funcionarios de migración roben, secuestren, extorsionen, violen o asesinen a migrantes que transitan por México. Estos delitos rara vez son denunciados, investigados o penalizados.
El gobierno de López Obrador ha participado activamente en políticas de migración abusivas de Estados Unidos. No brindó protección policial ni acceso a justicia, trabajo, atención sanitaria o educación a los más de 71 mil solicitantes de asilo, incluyendo muchas familias con niños, que fueron enviados a México en el marco de la política de “Quédate en México” (Remain in Mexico). Muchos sufrieron abusos por parte de cárteles delictivos o autoridades mexicanas. El presidente López Obrador dijo que había sido “muy bueno el resultado” del programa.
El gobierno de López Obrador ha expulsado a miles de solicitantes de asilo ilegalmente a Guatemala sin garantías de debido proceso, incluyendo muchos que primero habían sido expulsados de Estados Unidos y transferidos a la custodia de autoridades mexicanas.
En 2019, el Presidente López Obrador movilizó a la Guardia Nacional para controlar la migración. El gobierno afirma que los soldados tan solo apoyan a los agentes de migración. Sin embargo, en una grabación de audio de 2019 que se filtró, una alta funcionaria de migración le informa a su equipo que ahora están “bajo las instrucciones y supervisión de la Guardia Nacional”. En septiembre de 2021, soldados de la Guardia Nacional y agentes migratorios mexicanos en el estado de Chiapas detuvieron violentamente varias caravanas de solicitantes de asilo, varios de los cuales resultaron heridos.
Funcionarios de migración mexicanos se han negado a acatar resoluciones judiciales que les ordenan prevenir la propagación del Covid-19 en centros de detención migratoria. Varios migrantes detenidos han afirmado que no les daban mascarillas ni jabón y que les negaban tratamiento médico cuando tenían síntomas de Covid-19.
El sistema de asilo de México se encuentra gravemente desbordado. Desde 2013, la cantidad de solicitudes recibidas prácticamente se duplica cada año. Los funcionarios prevén recibir más de 100mil solicitudes en 2021. Desde enero hasta agosto de 2021, México recibió casi 78.000 solicitudes de asilo, pero resolvió poco más de 23.000.
Orientación sexual e identidad de género
El matrimonio entre personas del mismo sexo es legal en 24 de los 32 estados del país. En otros estados, las parejas del mismo sexo deben presentar un recurso de amparo para que se les permita contraer matrimonio. En 2019, la Suprema Corte determinó que una pareja del mismo sexo en el estado de Aguascalientes debía recibir autorización para registrar un niño nacido de una de las mujeres como hijo de ambas. La resolución invocó como motivos el interés superior del niño y los principios de igualdad y no discriminación.
En 17 estados se han promulgado leyes que establecen un procedimiento que permite que las personas transgénero cambien sus nombres y marcadores de género en sus certificados de nacimiento mediante un simple trámite administrativo. En 2018, la Suprema Corte se pronunció a favor de una persona transgénero de Veracruz que sostuvo que el Registro Civil municipal había violado sus derechos al no permitir el cambio de nombre e indicador de género en su partida de nacimiento. En 2019, la Suprema Corte dictó una sentencia similar en relación con un caso de Jalisco.
Derechos de las personas con discapacidad
Durante el gobierno de López Obrador sigue habiendo graves deficiencias en la protección de los derechos de las personas con discapacidad; por ejemplo, en materia de acceso a la justicia, acceso a educación, legitimación jurídica, capacidad jurídica, protección contra la violencia doméstica y consentimiento informado en decisiones de salud. En 2019, Human Rights Watch documentó casos de particulares y de hospitales administrados por el estado que encadenaban a personas con discapacidad. Estas personas no cuentan con medidas de accesibilidad a edificios, transporte ni espacios públicos. Las mujeres con discapacidad se ven afectadas por violencia de manera desproporcionada.
La única política de asistencia a personas con discapacidad es una pensión por discapacidad no contributiva que reciben apenas 933 mil personas de las 6.179.890 que viven en el país. La distribución de esa asistencia es poco transparente y discrecional.
En muchos estados, las personas con discapacidad no tienen otra alternativa más que depender de sus familias para recibir asistencia o vivir en instituciones, lo cual es incompatible con su derecho a vivir de forma independiente y ser incluidas en la comunidad conforme a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Las personas con discapacidades reciben escasa protección o asistencia del gobierno y se encuentran expuestas a mayor riesgo de abuso y desatención por parte de sus familiares.
En octubre de 2021, tras una recomendación del Comité CDPD, el gobierno pidió disculpas públicas a un hombre con discapacidades intelectuales y psicosociales que había sido encarcelado durante cuatro años, a pesar de que no existían pruebas de que hubiera cometido algún delito y un juez lo había declarado incompetente para enfrentar un juicio, lo cual lo había privado de la oportunidad de defenderse.
Desde que López Obrador asumió la presidencia, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, el principal órgano del gobierno que coordina las acciones para implementar los derechos de las personas con discapacidad, no ha estado en funcionamiento.
Covid-19
El gobierno de López Obrador no ha adoptado muchas de las medidas básicas que recomiendan las autoridades de salud globales para limitar la propagación del Covid-19. El funcionario a cargo de coordinar la respuesta de México se ha referido a las pruebas de detección a gran escala como “inútil[es]” y “un desperdicio de tiempo”, a pesar de la insistencia de la Organización Mundial de la Salud acerca de la importancia de realizar pruebas. Como resultado, México tiene una de las tasas más bajas de pruebas de Covid-19 —y una de las tasas más altas de resultados positivos— en el mundo. Funcionarios y expertos coinciden que la estadística real de contagios y muertes por Covid-19 probablemente es varias veces mayor que la cifra oficial.
Hasta septiembre de 2021, 30 % de los mexicanos había recibido el esquema de vacunación completo contra el Covid-19 y 47 % había recibido por lo menos una dosis de la vacuna. México ha establecido la elegibilidad de la vacuna por regiones y grupos etarios, desde las personas mayores hasta las más jóvenes. Para recibir la vacuna se precisa una constancia de domicilio. Toda persona mayor de 18 años era elegible para recibir al menos la primera dosis de la vacuna para septiembre.
Las escuelas en México estuvieron cerradas desde marzo de 2020 hasta agosto de 2021, y las clases se transmitieron por televisión y radio. Aunque 94 % de los hogares mexicanos cuenta con televisión, la falta de acceso a servicios de internet asequibles hizo que muchos niños y niñas, especialmente aquellos en hogares de bajos ingresos o con discapacidad, no tuvieran acceso a la educación. Muchos docentes protestaron contra la reapertura de las escuelas, en el momento más álgido de la tercera ola de muertes por Covid-19.
Política sobre el cambio climático
Como uno de los 15 mayores emisores de gases de efecto invernadero del mundo, México está contribuyendo a una crisis climática que afecta cada vez más los derechos humanos en todo el mundo.
López Obrador se ha opuesto abiertamente a la producción de energía eólica y solar. Ha prometido rescatar las industrias de carbón y petróleo de México y ha introducido reformas que favorecen a las centrales eléctricas estatales que dependen de combustibles fósiles por encima de fuentes de energía renovable. Ha anunciado que se propone reformar la Constitución para sortear los obstáculos legales a estas políticas.
Es posible que la iniciativa “Sembrando Vida” de López Obrador, que este publicita como un componente central de su estrategia para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, haya provocado la pérdida de 72 mil hectáreas de bosques, ya que un control inadecuado permite a los beneficiarios talar bosques y luego recibir pagos del gobierno para plantar árboles. (En noviembre de 2021, López Obrador anunció falsamente que un acuerdo que busca poner fin a la pérdida de bosques para el año 2030, alcanzado en la cumbre global sobre el clima celebrada en Glasgow, había sido inspirado por “Sembrando Vida”). Las medidas del gobierno para frenar la deforestación ilegal han disminuido drásticamente en los últimos años.
En su plan de acción climática de diciembre de 2020, México aumentó el valor de referencia en función del cual se calculan las reducciones de sus emisiones, pero mantuvo sus compromisos de reducción de emisiones de 2015. Esto permitirá que México aumente sus emisiones mientras que, técnicamente, cumple con los objetivos establecidos. El plan es “insuficiente” para cumplir con el objetivo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a 1,5 °C, según indica Climate Action Tracker. Si los compromisos de todos los países estuvieran en valores similares, el calentamiento alcanzaría hasta 3 °C a finales de siglo.
Se prevé que el cambio climático agrave los eventos climáticos extremos. Esto requerirá de medidas gubernamentales para proteger a las poblaciones en riesgo de daños previsibles, incluyendo la inseguridad alimentaria, debido al impacto del aumento de las temperaturas y las sequías sobre los cultivos. En agosto de 2021, los huracanes Grace y Nora provocaron inundaciones, derrumbes y cortes de electricidad en varios estados, con el saldo de, por lo menos, nueve personas muertas.
Actores internacionales clave y política exterior
La política exterior de derechos humanos de México durante el gobierno de López Obrador se ha basado en el principio de “no intervención”. En junio, México cuestionó a otros países de la región que habían condenado el encarcelamiento de críticos y candidatos opositores en Nicaragua, alegando que eso constituía una injerencia en los asuntos internos de Nicaragua.
En junio de 2020, México fue elegido miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para el período de 2021-2022. México destacó que una de sus prioridades en el consejo sería la protección de los niños y las niñas. En mayo de 2021 respaldó la Declaración sobre Escuelas Seguras.
En octubre de 2020, México fue reelecto para integrar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
En 2020, México se designó a sí mismo como uno de los 23 “países líderes” del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular.
En agosto y septiembre de 2021, México auspició las negociaciones entre representantes del gobierno venezolano y grupos opositores, con la mediación de Noruega.
México se ha adherido al Llamamiento a la Acción Solidaria para el Fondo de Acceso a Tecnología contra el Covid-19 de la Organización Mundial de la Salud, una iniciativa para “lograr un acceso mundial equitativo a las tecnologías sanitarias contra la COVID-19 mediante la mancomunación de conocimientos, propiedad intelectual y datos”.
https://www.hrw.org/es/world-report/2022/country-chapters/380709
Compartir
