Washington, DC, 15 de enero. El Congreso de México debería rechazar proyectos de reforma constitucional que crearían una Guardia Nacional y ampliarían el uso de la prisión preventiva, señaló hoy Human Rights Watch. Las dos cámaras legislativas iniciarán una sesión extraordinaria el 16 de enero para considerar ambos proyectos.
El proyecto que crea la Guardia Nacional permitiría al Presidente Andrés Manuel López Obrador avanzar con su plan de reemplazar la policía federal civil con una nueva fuerza controlada mayormente por la Secretaría de la Defensa. La militarización de la seguridad pública, iniciada por sus predecesores, ha resultado en violaciones generalizadas de derechos humanos en México y no ha mejorado la seguridad pública en el país.
El proyecto que amplía la prisión preventiva exigiría que los jueces dispongan la detención de toda persona investigada por un amplio espectro de delitos. Este requisito incrementaría considerablemente la cantidad de personas en las cárceles mexicanas que no ha sido condenada por algún delito.
“México necesita mejorar urgentemente la seguridad pública, pero el proyecto sobre la Guardia Nacional es la forma equivocada de hacerlo”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “El presidente y el Congreso deberían enfocarse en fortalecer a la policía civil y al sistema de justicia, en vez de redoblar la política de militarizar la seguridad pública, que ha demostrado ser un fracaso total”.
Durante los dos últimos gobiernos, el uso de militares en materia de seguridad pública ha tenido resultados previsiblemente desastrosos. Las Fuerzas Armadas del país están hechas para la guerra, no para la seguridad pública, y han cometido gravísimos abusos contra civiles, con generalizada impunidad. Tampoco han conseguido reducir la violencia en México y es posible que, de hecho, hayan sido un factor clave que contribuyó al drástico aumento en la cantidad de homicidios en estos años.
Hasta ahora, las autoridades han presentado la intervención de militares en tareas de seguridad pública como un rol auxiliar, de apoyo a la policía civil. La reforma constitucional propuesta permitiría a López Obrador superar esta limitación, que hasta ahora ha sido más teórica que práctica.
La Guardia Nacional que se pretende crear estaría conformada en gran parte por soldados, sería entrenada por las Fuerzas Armadas y durante los primeros cinco años, quedaría bajo el mando de la Secretaría de la Defensa. El control operativo del nuevo órgano pasará a la Secretaría de Seguridad Pública luego de ese periodo. Sin embargo, la Secretaría de la Defensa seguirá controlando su funcionamiento interno, incluyendo la capacitación, los ascensos y la disciplina de sus miembros.
El 11 de enero, en respuesta a las críticas crecientes contra la propuesta de la Guardia Nacional, el secretario de Seguridad Pública Alfonso Durazo anunció que el presidente López Obrador solicitaría a la Cámara de Diputados que modificara el proyecto de reforma, de modo que la nueva fuerza de seguridad quedara bajo la autoridad civil desde su inicio. Sin embargo, en una audiencia en el Congreso ese mismo día, Durazo dijo que lo que el Gobierno busca es que la Guardia Nacional quede bajo “mando mixto” de autoridades militares y civiles.
“Poner al secretario de seguridad al mando no resolverá el problema de fondo de la Guardia Nacional”, dijo Vivanco. “Aun si toman ordenes de un civil, los miembros de la nueva fuerza estarán bajo el control de las Fuerzas Armadas, quienes estarán a cargo de sus capacitaciones, ascensos, y disciplina.”
La propuesta de ampliar la prisión preventiva automática, aprobada por el Senado en diciembre, se aplicaría a un amplio espectro de delitos, incluidos los de corrupción, el abuso de programas sociales con fines electorales, la tenencia de armas, el abuso infantil, las desapariciones, el robo en casa habitación y el robo de hidrocarburos. Una versión modificada del proyecto, que también está siendo tratada, incluiría únicamente los delitos de corrupción, el abuso de programas sociales con fines electorales y el robo de hidrocarburos.
La Constitución mexicana ya exige la prisión preventiva automática en casos de homicidio, violación, secuestro y varios otros delitos. El derecho internacional de los derechos humanos exige que la prisión preventiva no sólo esté prevista en la ley y sea razonable, sino además que sea el resultado de una determinación individualizada de que es necesaria para fines como impedir la fuga del imputado, la alteración de las pruebas o la comisión de nuevos crímenes. Diversas autoridades internacionales, incluidos la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria, el Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han instado a que se deroguen las medidas de prisión preventiva automática.
Según cifras oficiales, 80.000 personas se encuentran actualmente en prisión preventiva en México, lo que representa el 40% de la población penitenciaria total.
“La forma de mejorar la seguridad pública en México no es encerrar sin justificación a sospechosos de cometer delitos,” señaló Vivanco. “Por el contrario, lo que debe hacer México es fortalecer la capacidad de las autoridades civiles para investigar y perseguir penalmente crímenes”.
