Oaxaca de Juárez, 2 de noviembre. Una vivienda puede parecer sólida a simple vista, pero la calidad de los materiales utilizados en su construcción resulta fundamental para garantizar su seguridad. Si el cemento no alcanza la resistencia necesaria, las consecuencias podrían aparecer años después y comprometer la integridad de quienes habitan el inmueble.
Ante ese riesgo, la Secretaría de Economía publicó este lunes 2 de noviembre una Norma Oficial Mexicana de Emergencia para establecer controles obligatorios sobre la calidad del cemento fabricado, importado y comercializado en México.
La disposición, identificada como NOM-EM-023-SE-2026, busca impedir que productos que no cumplen las especificaciones técnicas lleguen a viviendas, edificios y obras públicas, además de combatir prácticas comerciales irregulares.
Sin embargo, aunque el Gobierno considera que el problema requiere una intervención urgente, los nuevos controles todavía no podrán exigirse, debido a que primero deberán existir suficientes organismos acreditados y aprobados para verificar su cumplimiento.
¿Por qué una norma de emergencia para el cemento?
La decisión se fundamenta en el artículo 31 de la Ley de Infraestructura de la Calidad, que permite emitir normas de emergencia para prevenir daños inminentes o reducir afectaciones existentes a objetivos legítimos de interés público.
Esto significa que las autoridades pueden actuar preventivamente, sin necesidad de esperar a que ocurra una tragedia, siempre que existan elementos suficientes para justificar la urgencia.
En este caso, la Secretaría de Economía sostiene que los cementos hidráulicos son indispensables para las construcciones públicas y privadas, por lo que su desempeño tiene consecuencias directas sobre la resistencia de las estructuras y la seguridad de las personas.
El documento advierte que utilizar cemento que no cumpla los requisitos necesarios puede ocasionar problemas de resistencia a la compresión, adherencia con el acero de refuerzo y durabilidad.
En términos prácticos, estos defectos podrían contribuir al deterioro prematuro de una construcción y, en condiciones graves, a fallas estructurales que pongan en riesgo a sus ocupantes.
El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) también ha identificado la mala calidad de los materiales como un factor que puede aumentar la vulnerabilidad de las edificaciones, particularmente ante fenómenos como los sismos.
No obstante, hay una distinción importante: la norma describe peligros asociados con materiales deficientes, pero no incluye un registro de viviendas dañadas, derrumbes o personas lesionadas que hayan sido atribuidos específicamente al cemento adulterado.
Un mercado informal que preocupa a las autoridades
Además de los riesgos para las construcciones, el Gobierno identifica afectaciones económicas asociadas con la comercialización de cemento fuera del marco regulatorio.
Según información proporcionada por la industria cementera legalmente establecida, este mercado representa al menos 576 mil toneladas anuales, con un impacto económico estimado en 3 mil millones de pesos.
La dependencia agrega otros 2 mil 800 millones de pesos por la presunta participación de cemento importado en canales informales, lo que elevaría la afectación sectorial a aproximadamente 5 mil 800 millones de pesos anuales.
La preocupación tampoco es nueva. El 10 de junio de 2026, el diputado Fernando Jorge Castro Trenti presentó una proposición ante la Comisión Permanente para reforzar la vigilancia de la comercialización de cemento, particularmente en Baja California.
Posteriormente, el 12 de agosto, la Comisión Permanente aprobó un exhorto a Profeco para fortalecer las verificaciones y prevenir la venta de productos adulterados o de procedencia irregular.
La contradicción: es urgente, pero todavía no será exigible
Aunque la NOM entrará en vigor el martes 3 de noviembre, su primer artículo transitorio establece que los nuevos requisitos no podrán exigirse hasta que existan suficientes organismos de evaluación de la conformidad acreditados y aprobados.
Será la Secretaría de Economía la encargada de determinar cuándo se cumple esa condición y comunicarlo mediante la plataforma oficial correspondiente.
Mientras concluyen los procesos de acreditación, la dependencia podrá efectuar determinadas evaluaciones directamente, siempre que cuente con laboratorios acreditados y aprobados para realizar las pruebas necesarias.
Además, la regulación tendrá una vigencia máxima de seis meses, prorrogable una sola vez por otro periodo equivalente.
Publimetro/Foto. ChatGPT
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