Oaxaca de Juárez, 17 de diciembre. Trámites interminables, cargas innecesarias y poca certeza sobre qué regulaciones aplican a sus negocios y cómo cumplirlas. Estas son las respuestas que muchos empresarios dan cuando se les pregunta cuáles son los obstáculos a la hora de manejar su negocio.
En México, tan solo en 2016 las empresas reportaron haber realizado 76.5 millones de trámites con el gobierno, según datos oficiales, con un promedio por compañía de 20 trámites al año. A mayor tamaño del negocio, esta cifra creció hasta un promedio de 67 transacciones anuales.
(CONAMER). Este dato solo incluye la regulación federal. Si se consideran las regulaciones a nivel de estados y municipios, el costo económico impuesto por la regulación en México es mucho mayor. En promedio la carga por regulación en estados representa un 1.3% de su PIB. Para municipios, esta cifra es de 3.4% de su economía local.
Por ello es también importante aplicar una política de mejora regulatoria a nivel subnacional, más aún en tiempos de COVID-19, para una recuperación más rápida de la crisis económica mediante el crecimiento, la inversión y la generación de empleo liderado desde el sector privado
Pero ¿qué implica una mejora regulatoria?
Fuente: Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, CONAMER.
La mejora regulatoria consiste en que los gobiernos adopten una política pública, idealmente con un sustento jurídico, que defina las instituciones, principios, procesos, herramientas y lineamientos que debe seguir el gobierno al momento de producir nuevas regulaciones o revisar las que ya existen.
El político alemán Otto von Bismarck decía que “las leyes, como las salchichas, dejan de inspirar respeto a medida que sabes cómo están hechas”. Lo que hace la mejora regulatoria es adaptar las normas a los avances tecnológicos actuales, darle transparencia, predictibilidad, participación ciudadana y uso de evidencia al proceso regulatorio para que inspire confianza y brinde certeza a la empresas, inversionistas y ciudadanos.
El caso de México
En 2018, México aprobó la Ley General de Mejora Regulatoria con el objetivo de establecer los principios, bases y requerimientos para que esta se aplique en los tres los niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. Esta ley puso a México a la vanguardia en el tema. Sus lineamientos representan una buena práctica internacional, incluso entre otros países de la OCDE.
La ley requiere a los gobiernos nacional y subnacionales que apliquen herramientas para mejorar la planeación, el desarrollo y diseño, la implementación y la evaluación de las regulaciones en el país.
En este sentido, la CONAMER, con la asesoría técnica del Banco Mundial y el financiamiento del Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) del Reino Unido, está desarrollando el Sistema Nacional de Gobernanza Regulatoria (SINAGER). Materializado en una plataforma digital, el .
A través del SINAGER, los estados y municipios podrán implementar herramientas como la agenda o planeación regulatoria; el Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) ex ante; programas de simplificación de cargas regulatoria; Análisis de Impacto Regulatorio ex post (AIR ex post), y la consulta pública con empresas y ciudadanos en cada una de estas etapas.
Camino por recorrer
Aun cuando hay varios estados y municipios que han tenido avances importantes desde la emisión de la Ley General en 2018, solo unos cuantos han comenzado su camino para mejorar sus regulaciones.
, mientras que los estados y municipios registraron progresos de 51% y 29%, respectivamente.
En cuanto a la implementación de herramientas de mejora regulatoria, como las que forman parte del SINAGER, el avance es más limitado: los estados han tenido un progreso del 36% y los municipios solo del 18%.
Fuente: Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria (ONMR), datos del 2019.
* Los avances se miden en tres pilares. Políticas: marco normativo que sustenta la política de mejora regulatoria. Instituciones: fortaleza institucional de las autoridades y órganos responsables de la aplicación de la política. Herramientas: Oferta de instrumentos y/o servicios al público para la presentación de trámites y mejora de regulaciones de manera óptima.
Hay mucho camino por recorrer a nivel de estados y municipios. El y competitividad empresarial y más atractivo para inversionistas y emprendedores.
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Un mal entorno regulatorio es una de esas limitaciones que los gobiernos deben dejar atrás si desean una recuperación económica más rápida y sostenible.
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